Es difícil encontrar en México una política pública exitosa en el tema del agua. En el norte de Quintana Roo, sin embargo, se ha registrado una expansión notable de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en un sistema que, en lugar de requerir subsidios, aporta al erario. ¿Cómo han festejado este éxito los políticos de Quintana Roo? Aprobando un punto de acuerdo para cancelar de manera unilateral el contrato de la empresa que logró los resultados.
Aguakan, empresa de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), maneja el agua de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Solidaridad (Playa del Carmen). En 1993, cuando comenzó su operación, sólo 61 por ciento de la población tenía acceso a agua potable y 30 por ciento a alcantarillado. No había saneamiento, por lo que la laguna de Nichupté en Cancún se encontraba completamente contaminada. El cambio ha sido dramático. En 2016 el 100 por ciento de la población tiene ya agua potable y el 91 por ciento alcantarillado; además, toda el agua es saneada.
La expansión del servicio ha tenido lugar en un período en que la población de esos municipios creció 380 por ciento. Las tarifas, establecidas para todo el estado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, se encuentran en la media nacional y por debajo de Morelia, Puebla, Aguascalientes, Naucalpan, Atizapán o la Ciudad de México.
Esta historia de éxito demuestra lo que puede lograr una administración profesional del agua. Desde 1993, la empresa ha invertido 2,600 millones de pesos en infraestructura, pero además ha entregado 1,580 millones de pesos al gobierno en contraprestación por la concesión.
¿Por qué es financieramente sana esta operación cuando otros sistemas están exigiendo mayores subsidios al gobierno federal? El que sea una operación privada ayuda mucho. La empresa invierte en el largo plazo, mientras que los gobiernos municipales lo hacen usualmente en un horizonte de tres años. Aguakan ha adquirido equipos más eficientes, que gastan menos electricidad, pero que sólo son rentables en el largo plazo.
Una operación privada, por otra parte, sólo tiene el personal que necesita, mientras que las dependencias gubernamentales se llenan de empleados que no aportan, pero que son amigos o parientes de políticos. Las empresas privadas no son utilizadas como "caja chica" por los gobiernos. Aguakan, además, no tiene miedo al costo político de cobrar el agua: su cobranza alcanza el 96 por ciento. No tiene tampoco que financiar condonaciones de pagos como los que el gobierno de la Ciudad de México utiliza para comprar votos.
DHC cotiza en bolsa, por lo que reporta resultados y mantiene un manejo eficaz y transparente. Buena parte de sus acciones están en manos de Afores; así que la cancelación de su concesión sin indemnización, como pretenden los políticos, representaría pérdidas para millones de trabajadores.
Si son tan claros los beneficios, ¿por qué quieren los legisladores cancelar la concesión? Quizá por eso. A muchos les conviene un sistema que funcione mal porque el agua se convierte en botín. Hay también un giro ideológico. "Este servicio esencial no puede estar en manos de empresarios que lucran con algo que es vital para los seres humanos", según la diputada Laura Beristáin del PRD, quien presentó el punto de acuerdo aprobado por la legislatura. Mejor tener un servicio que no funcione, que dejar que una empresa genere beneficios para todos.
MÁS REFRESCOS
Dicen que el impuesto a los gorditos bajó el consumo de refrescos. ¿Será? Coca-Cola Femsa vendió en México 1,016.4 millones de cajas unidad de refrescos en enero-septiembre de 2016, o sea, 5 por ciento más que en 2015.
Twitter: @SergioSarmiento
