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Alternancia en Durango

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LUIS F. SALAZAR WOOLFOLK

La toma de posesión de José Rosas Aispuro Torres como gobernador del Estado de Durango el jueves pasado, marca el inicio de una nueva era con sus propios retos y oportunidades.

El abucheo ocurrido en el recinto del Congreso durante la ceremonia de relevo del mando, de los partidarios del nuevo gobierno hacia los personeros del grupo político desplazado, revela la existencia de una fractura social y política que debe ser restañada, y esa tarea corresponde a todos los duranguenses, sociedad y gobierno.

La rechifla es enfrentada por los priistas de manera equivocada, porque imaginan que fue orquestada cuando es el resultado de una expresión espontánea que sale de lo profundo de la muchedumbre y estalla en la superficie, al igual que se manifestó en las urnas el pasado cinco de junio.

La falta de civilidad no se justifica, pero es evidente que presenciamos una tempestad en contra de los mismos que sembraron los vientos del mal gobierno, que han sufrido los duranguenses de manera especial, durante los últimos doce años.

En la alternancia ocurrida en Durango la sociedad y los liderazgos rebasaron a los partidos, trayendo como resultado un gobierno que es necesario sustentar en nuevos compromisos con la sociedad y en instituciones renovadas.

Es un lugar común el afirmar que la alternancia no es suficiente para alcanzar un grado aceptable de calidad del sistema democrático y por el contrario, se equivoca el que piense que la simple substitución de una bandera partidista por otra en la posición de gobierno de que se trate, garantiza en automático la madurez de los actores y la solución de problemas ancestrales.

La democracia electoral hace de la alternancia una oportunidad de castigo para el deficiente desempeño de malos gobiernos; la renovación periódica de la cúpula del poder abre paso a nuevas generaciones y otros estilos de ejercer el mando, ofreciendo oportunidades concretas de maduración y desarrollo institucional, pero a fin de cuentas es la participación ciudadana en la vida pública del día a día, la que por vía de apoyo y exigencia genera resultados de buen gobierno.

En el caso de Durango como ha ocurrido con otros Estados en los que gobernó el PRI desde el término de la Revolución hasta nuestros días, la alternancia en el Gobierno Federal en el año dos mil, hizo que el priismo a nivel provincial perdiera su eje rector, lo que abrió paso a una clase política local que reprodujo corregidos y aumentados todos los vicios del viejo sistema.

La pérdida de ese eje rector y la falta de desarrollo político hizo de Ismael Hernández Deras el gran elector en los comicios de hace seis años y si bien el entonces gobernador logró el éxito al mantener la gubernatura y los principales municipios del Estado para su partido, a los agravios de violencia y fraude electoral que en aquel entonces impusieron como gobernador a Jorge Herrera Caldera, se sumó un sexenio de ojos ciegos y oídos sordos a los reclamos de los ciudadanos.

El caso de Gómez Palacio resulta aleccionador. Los alcaldes sucesivos Rocío Rebollo y José Miguel Campillo jamás asumieron una posición institucional, porque desempeñaron sus respectivas gestiones divorciados tanto del poder central como de la base social, haciendo de la ciudad comarcana el coto particular de un grupo en el que la falta de inversión y el deterioro generalizado de la infraestructura y de los servicios públicos está a la vista.

En el caso de la Procuración de Justicia y en materia de seguridad ocurrió algo diferente, pero igualmente nocivo. La estructura de la Fiscalía en la Región Lagunera se puso en manos de funcionarios desarraigados de presencia intermitente, y funcionó a control remoto, ocasionando un vacío en cuanto a la persecución y castigo a los delincuentes y respecto a la atención a las víctimas de delitos comunes.

Los anteriores son algunos ejemplos de la situación que encuentran las nuevas autoridades duranguenses en ambos niveles, estatal y municipal de gobierno. Los resultados de la elección indican que los duranguenses esperan de las nuevas autoridades que además de emprender la regeneración que en el caso resulta indispensable, se rindan cuentas claras respecto a la gestión del gobierno saliente y se finquen responsabilidades.

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