Se mantienen. Ediles veracruzanos de diversos partidos reclaman al Gobierno estatal el pago de fondos federales.
La Secretaría de Hacienda estudia "brincarse" al Gobierno de Veracruz y pagar directamente a los municipios de la entidad sus participaciones federales.
En un comunicado, la dependencia planteó la posibilidad de aplicar esta medida tras peticiones que han hecho alcaldes veracruzanos de no entregar esos fondos al Gobierno estatal sino directamente a ellos. "La Ley de Coordinación Fiscal establece que la SHCP tiene, también, la facultad de realizar directamente el pago a los municipios, siempre y cuando medie una solicitud expresa para ello y tras una opinión favorable de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
"En días recientes, esta dependencia recibió de algunos municipios de Veracruz solicitudes de pago directo de sus participaciones", informó. La dependencia recordó que el Gobierno federal entrega participaciones municipales a los gobiernos estatales, para que éstos las repartan entre los ayuntamientos.
Ediles veracruzanos de diversos partidos reclaman al Gobierno estatal el pago de fondos federales y piden que Hacienda les entregue el dinero sin intermediarios. "Es importante establecer mecanismos de coordinación con las autoridades locales para la entrega de dichos recursos, considerando que es, de acuerdo a la ley, el estado el encargado de calcular las cantidades que cada mes deben ser transferidas", recalcó la dependencia.
Asimismo, ofreció analizar un mecanismo de pagos con la Administración que encabezará el panista Miguel Ángel Yunes a partir del 1 de diciembre.
Alcaldes que mantienen tomado el Palacio de Gobierno plantearon denunciar el desvío de recursos federales ante el Poder Judicial.
Luego de que la Corte emitió un fallo que ordena a la Secretaría de Finanzas entregar los recursos al municipio de Xico, el edil de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, conminó a promover controversias constitucionales ante la Corte por violación de la autonomía municipal.
Falla búsqueda de Javier 'N'
La Procuraduría General de la República (PGR) buscó ayer a Javier Duarte en el rancho San Francisco, ubicado el municipio de Villa Flores, Chiapas, con resultados fueron negativos.
Informó la dependencia federal que emprendió el operativo luego de que en redes circuló la versión de que el mandatario con licencia se ocultaba en ese sitio.
El sacerdote Alejandro Solalinde fue una de las personas que difundieron esta información.
"La PGR informa que, en atención a las versiones divulgadas a través de las redes sociales, en las primeras horas del día de hoy, personal de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal se constituyeron en el rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, para verificar la veracidad de la información consistente en que en ese lugar se encontraba oculto el Gobernador con licencia Javier "N" y, en su caso, ejecutar la orden de aprehensión en su contra", dice el comunicado.
Agrega que el personal encargado del rancho permitió el acceso de los elementos policiales, los cuales después de realizar una "búsqueda minuciosa" en el lugar, no localizaron al mandatario prófugo, por lo que se retiraron del lugar a las 04:00 horas de ayer.
Atan la transición a pago de deudas
El equipo del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se negó ayer a iniciar el proceso de entrega-recepción de la Administración hasta que los funcionarios salientes paguen las deudas pendientes.
Reunidos en la Secretaría de Finanzas, los representantes del equipo panista recordaron a los funcionarios estatales que Yunes envió un oficio al mandatario interino, Flavino Ríos, para advertir que no aceptarán la recepción hasta que se salden los compromisos financieros pendientes.
"Se le pidió liquidar los adeudos con los ayuntamientos, la Universidad de Veracruz, los maestros, pensionados, atletas y estudiantes. Si no es así, si no se ha cumplido con esto, no podemos dar inicio a los trabajos", expresó el contador Manuel Muñoz, quien encabeza el equipo de transición.
En respuesta, el titular de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, reconoció que no han cubierto ninguno de esos pagos, entre los que se incluyen 3 mil millones de pesos de participaciones federales que adeudan a los ayuntamientos. "Les comento que estos requisitos previos lamentablemente no están cumplidos", expresó.
Las deudas pendientes, adujo, son independientes del proceso de entrega-recepción que debe inicia el primero de noviembre.
Al tomar la palabra, el exdiputado panista Humberto Alonso Morelli acusó a Gómez Pelegrín de actuar como cómplice de los actos de corrupción cometidos por Javier Duarte.
Advirtió que los presuntos ilícitos en los que ha incurrido como secretario de Finanzas lo podrían llevar a pasar hasta diez años en la cárcel.
"La próxima administración le pedirá cuentas de manera severa en su patrimonio, por su enriquecimiento ilícito y la manera en la que usted ha invertido, a título personal y de su familia, recursos que deberemos de saber de dónde vienen, pero que presumimos que vienen de las arcas públicas", advirtió.
El integrante del equipo de Yunes acusó a Gómez Pelegrín de ser omiso y de actuar como "tapadera" del Gobierno Duarte y, ahora, de Ríos.
Tras rechaza los señalamientos, el funcionario aseguró que su patrimonio ha sido adquirido de manera legal y adelantó que, en caso de que los requiera la justicia, no se esconderá.
