Anaya Cortés hizo un llamado a las autoridades educativas y a la Secretaría de Gobernación, a aplicar la ley con pleno apego a los derechos humanos.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, exigió al gobierno federal garantizar el derecho a la educación en el arranque del nuevo ciclo escolar; asimismo, condenó el anuncio de la CNTE de ir a la “cacería” de los profesores que regresen a clases este lunes en Oaxaca.
“Este lunes deben regresar a clases más de 25.7 millones de alumnos de educación básica, y ninguno de ellos debe quedarse sin este derecho por las amenazas de la CNTE de no permitir el inicio de clases. Es la prueba de fuego del gobierno federal”, señaló.
Anaya Cortés hizo un llamado a las autoridades educativas y a la Secretaría de Gobernación, a aplicar la ley con pleno apego a los derechos humanos, sobre todo, cuando hay “amagos” en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero.
Detalló que de acuerdo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en dicha entidad hay 13 mil 500 escuelas y más de un millón 300 mil niños que se quedarían sin clases “si el gobierno federal no es capaz” de aplicar la ley y garantizar el derecho a la educación.
El líder nacional blanquiazul dijo que si bien nada justifica la violencia, los niños y jóvenes del país merecen una educación de calidad que les abra el camino hacia un futuro mejor, de ahí que el Ejecutivo federal esté obligado a garantizarles ese derecho, usando el diálogo para alcanzar acuerdos y expresar inconformidades, pero sin afectar a terceros.
Sobre las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de impedir que profesores acudan a las aulas para dar inicio al ciclo escolar, asentó que se debe actuar en contra de estas acciones para evitar episodios lamentables como el de los seis profesores que fueron humillados en Chiapas por no secundar el paro de labores.
“Por decidir cumplir con su vocación, en la recta final del pasado ciclo escolar, fueron retenidos por la CNTE seis profesores. Se les obligó a caminar descalzos, se les amarró y se les rapó. Estos actos son un delito, lo mismo que bloquear vías de comunicación, colapsar la economía de los lugares donde instalan sus plantones y, sobre todo, impedir el derecho a la educación que tienen todos los niños y jóvenes de nuestro país”, refirió en un comunicado.
