En un severo pronunciamiento emitido por la CNDH a la opinión pública, aseguró que nada justifica la pérdida de vidas humanas. (ARCHIVO)
En relación con los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que ante los reclamos sociales no se justifica ninguna violencia como recurso de presión o imposición.
"El uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional, reservándose únicamente para casos plenamente justificados, en los que se han agotado o resultan inviables cualquier otra forma de disuasión o contención, y con sujeción a los protocolos que rigen su actuación conforme a estándares internacionales", destacó el organismo nacional.
Del mismo modo, afirmó, el ejercicio de todo derecho, así como el planteamiento de cualquier protesta o inconformidad, debe realizarse invariablemente de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin afectar el orden público, infringir la ley o atentar contra las instituciones, el derecho a la información, la comunicación y el libre tránsito de los demás.
La legitimidad de los reclamos sociales -consideró- debe estar demostrada con la legalidad de sus actos; por lo que no se justifica ninguna violencia como recurso de presión o imposición alguna.
En un severo pronunciamiento emitido por la CNDH a la opinión pública, aseguró que nada justifica la pérdida de vidas humanas.
"El ejercicio de la violencia, así como la violación de la ley, vulneran nuestras instituciones, los fundamentos mismos de nuestro Estado Democrático de derecho y afectan a la sociedad mexicana en su conjunto", consideró.
Como consecuencia de la violencia en los hechos ocurridos el 19 de junio, este Organismo Nacional informó que ha registrado, hasta esta fecha, ocho personas fallecidas, 41 policías federales y 14 policías estatales heridos, y 53 civiles lesionados.
A las víctimas de la violencia, la CNDH les reiteró a las personas lesionadas, a sus familiares, así como a los deudos de los fallecidos, su solidaridad, apoyo y acompañamiento, siendo una prioridad que reciban la atención que requieran, en particular la de carácter médico, en el caso de quienes resultaron lesionados, como se precisa en las medidas cautelares que emitió para tal efecto.
Asimismo, esta Comisión Nacional condenó el fallecimiento de los reporteros Elidio Ramos Zárate y Raúl Cano López, quienes el 19 de junio cubrían los hechos de violencia y fueron agredidos, perdiendo la vida el primero en el lugar de los hechos, mientras que el segundo murió en un hospital como consecuencia de las heridas recibidas.
La CNDH expresó su solidaridad y apoyo a sus deudos, así como la exigencia a la autoridad de que se investigue y sancione conforme a derecho a quienes resulten responsables.
En un contexto como el actual, dijo que el ejercicio del derecho a la información adquiere particular relevancia, por lo que cualquier afectación o ataque, que busque inhibir la labor de periodistas o afecte su integridad física y mental, como las agresiones antes mencionadas o la retención de la que fueron objeto dos reporteros de Azteca Noticias, trasciende a las víctimas directas y repercute en toda la sociedad.
Derivado del origen de estos hechos, la CNDH destacó que es necesario señalar que en Oaxaca, y en otras entidades de la República, también han sido vulnerados los derechos de niños y adolescentes, que día con día observan cómo pasa el tiempo de su escolaridad, que nadie podrá regresarles, sin que puedan hacer efectivo su derecho constitucional a la educación, dejándose de lado el interés superior que la vigencia de sus derechos debería tener. Las niñas, niños y adolescentes son víctimas del conflicto y no una de las partes del mismo.
Indicó que la salvaguarda de la vida, la integridad y la seguridad de toda persona, así como el respeto, en el marco de la ley, al goce y ejercicio de sus demás derechos humanos, entre los que se encuentran los relativos a la libertad de expresión, a la protesta social pacífica y a la libre circulación, se configuran como la más alta prioridad del ser y quehacer de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como una responsabilidad compartida de todos los miembros de la sociedad.
Por ende, expuso, el ejercicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades para garantizar la seguridad y las condiciones de convivencia armónica y respetuosa entre las personas, debe hacerse en el marco de la ley y con estricto respeto a los derechos humanos, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos como forma de resolver.
