Proyecto. Anuncan proceso para desarrollar referéndum para crear el estado catalán.
EFE
Madrid, españa.- El Tribunal Constitucional (TC) español anuló por ilegales el proyecto de Agencia Tributaria y otras estructuras planeadas por los independentistas de la región de Cataluña, informaron ayer fuentes judiciales.
El grueso de las medidas anuladas fueron aprobadas por el Parlamento regional catalán en 2015 con los votos de los partidos CDC y ERC en su alianza para avanzar hacia la independencia de Cataluña de España. Se trata de un fallo unánime del TC que declaró inconstitucionales, además de la Agencia Tributaria, planes para el desarrollo de sectores propios en energía, telecomunicaciones, sistemas de información y transporte ferroviario; servicio meteorológico y puertos.
En los últimos años varios partidos nacionalistas catalanes han impulsado un proceso para la autodeterminación de esa región española de 7.5 millones de habitantes.
Los principales partidos españoles consideran ilegal ese proceso y los tribunales han rechazado iniciativas de los soberanistas catalanes como el intento de convocar a finales de 2014 una consulta a los ciudadanos sobre la eventual independencia del territorio. Los nacionalistas catalanes de ERC y los vascos del PNV rechazaron la opción de que Mariano Rajoy repita como jefe del Ejecutivo español tras constatar sus diferencias.
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Cumple Rajoy 200 días
Mariano Rajoy, junto a todos sus ministros, cumplió ayer 200 días de ejercer el gobierno en funciones, en los que han vivido dos elecciones generales y sin saberse cuánto tiempo permanecerá esta interinidad. El mandatario asistió ayer jueves al Congreso de los Diputados para entregar la documentación que le acredita como diputado electo tras los comicios del 26 de junio, y allí urgió a los partidos políticos a formar gobierno.
Rajoy, que en diciembre de 2015 cumplió sus cuatro años de mandato, no ganó las elecciones de ese mes y debido al bloqueo político debió contender otra vez en junio pasado, en la que obtuvo un mejor resultado pero aún sin mayoría absoluta. La legislación española contempla que el gobierno que convoca elecciones se convierte en ejecutivo en funciones, con muchas limitaciones.
