Entre lo más destacado del paquete económico para 2017, se encuentra el establecimiento como precio del barril de petróleo para los cálculos de la LIF, el mismo que se fijó en la contratación de coberturas petroleras, siendo de 42 dólares por barril (dpb), mientras que el precio de referencia (según la fórmula de la LFPRH) es de 46.5 dpb.
Esta diferencia, sin duda, será tentadora para los legisladores que en aras de llevar más recursos a sus estados o verse como preocupados por la sociedad, podrían elevar los ingresos presupuestales desde sus curules, pero sin la menor seriedad técnica-financiera.
Otro aspecto importante de política es el interés por continuar con la consolidación fiscal en términos del balance público y de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), con una reducción anual de 0.5 puntos del PIB en ambos indicadores entre 2015 y 2018, para que la razón deuda a PIB retome una tendencia decreciente.
Así, se plantea se logre en 2017 un balance público sin considerar inversión de alto impacto de 0.1% del PIB, frente a un balance de -0.4% en 2016 y con inversión de alto impacto de -2.4% frente al -2.9% del PIB el año pasado. En el caso de los RFSP se establece un nivel de 2.9% del PIB, lo que llevaría al Saldo Histórico (medida amplia de la deuda) a colocarse en 50.2% del producto frente a un estimado de 50.5% en 2016.
Es válido destacar la importancia de la creación de una institución independiente que vigile el cumplimiento de estas metas y sea garante de los compromisos de responsabilidad que tienen las autoridades hacendarias.
Con respecto a los ingresos presupuestarios, en 2017 se estima que sean 17.2 miles de millones de pesos (mmdp) superiores a lo aprobado en la LIF 2016, lo que implica, en el papel, un aumento de 0.4% en términos reales. Sin embargo, si comparamos con la recaudación efectiva alcanzada en 2016, los ingresos serían menores en 10.6%.
Esta diferencia entre lo planteado en la LIF 2016 y lo realmente ingresado lo explica en gran parte el ingreso que representó el IEPS a gasolinas y diésel durante el año pasado, al cambio en la política para el cálculo del precio de las gasolinas y de la reducción en los precios internacionales de las mismas, pero que no se reflejó en el mercado interno.
Respecto a los ingresos tributarios no petroleros, éstos se incrementarán en 9.7% (respecto de la LIF 2016) entre los que destaca un aumento de 10.2% en ISR y de 20.4% en IEPS.
Esta situación, dado que no habrá nuevos impuestos ni aumento de tasas, sólo se podría explicar, ya que la actividad económica no ha acelerado su dinámica, por una mejoría en la eficiencia fiscal (llamada "alta fiscalización" o "terrorismo fiscal") que va a rigidizar la recaudación vía auditorías; los que reciben el dinero "gritan" y los que ponemos los recursos (contribuyentes) vamos a tener presiones.
En lo relativo a los egresos, para 2017, el gasto neto pagado será inferior en 1.7% real, respecto a lo autorizado en el PEF 2016. Destaca una reducción en el gasto programable de $239.7 mmdp un 1.2% del PIB, y un incremento de 12.1% real en el gasto programable, respecto al PEF 2016. Éste último contiene las participaciones que se incrementarán 5.3% real, gracias a la mayor recaudación participable, pero también mayor gasto financiero que crecerá 18.9%. Hay que recordar que la deuda implica costos por su servicio (pago de intereses), y ésta ha venido creciendo en los últimos años.
En el gasto programable, el recorte afectará prácticamente todas las dependencias, siendo la más afectada Pemex. Destacan también dependencias como Salud, Educación, Turismo, entre otras. Los únicos centros de gasto que no resentirán cambios son el Poder Legislativo y el Judicial y la CNDH, que verán incrementados sus ingresos.
El recorte implica $204.7 mmdp en gasto inversión, reducción de 26.8% real, un 2.8% del PIB. No habrá nuevos proyectos de obra pública sólo se seguirá con los ya iniciados. Lo anterior obliga a una necesaria racionalización del presupuesto destinado a los programas y proyectos de inversión, lo que es peligroso porque limita la capacidad de crecimiento del país y el efecto multiplicador en un tema trascendental como es la infraestructura.
Es justo considerar que el escenario externo es muy complicado y "apretarse el cinturón" es buena medida. Es muy positivo buscar contener el crecimiento de la deuda, pero no es mediante superávits forzados a través de recortes en el gasto la mejor fórmula, porque el costo se traduce en menor crecimiento.
Se requiere una política de ingresos tributarios eficientes, que a su vez estimulen la inversión, como un gasto racional y equilibrado (nada de despilfarros y mucho menos desvíos), lo que logrará finanzas sostenibles y sustentables.
*Presidente de Consultores Internacionales S.C.
