En funciones. Cuauhtémoc Blanco sigue como alcalde en Cuernavaca.
El Congreso de Morelos aprobó revocar el mandato al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, el ex futbolista seguirá en el cargo por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propuesta de la Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa del Congreso estatal para remover del cargo a Blanco por no satisfacer los requisitos de elegibilidad fue aprobada con 22 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
De acuerdo con un comunicado del Congreso local, la comisión consideró las pruebas presentadas por los legisladores contra el Alcalde de Cuernavaca y el hecho de que Blanco decidió no ejercer su derecho de audiencia.
"Al aprobar el dictamen, se estableció que la resolución quedará sub júdice (pendiente de aplicación) mientras la SCJN resuelve el fondo de la suspensión", se reportó.
El pasado martes, el ministro Alberto Pérez Dayan prohibió a los diputados locales destituir al edil, como parte de una controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento para impugnar el procedimiento de la Legislatura estatal.
"Lo anterior, con el fin de preservar la materia del juicio, salvaguardar la autonomía del municipio, el adecuado ejercicio de las funciones que corresponden a su Ayuntamiento y evitar que se le cause un daño irreparable, sin que ello implique, en modo alguno, prorrogar el mandato de su Presidente Municipal", explicó.
"La suspensión otorgada no impide que el Congreso del estado de Morelos pueda sustanciar el procedimiento de revocación del mandato hasta su conclusión, ya que dicha suspensión únicamente tiene el efecto de que el órgano legislativo se abstenga de ejecutar lo que se llegue a resolver en ese procedimiento".
La suspensión que concedió Pérez Dayán, así como la que otorgó un juez federal de Morelos en el amparo que promovió Blanco, impiden que se ejecute la resolución que revoca el mandato. Por tanto, la resolución queda sólo como una declaración sin efecto jurídico alguno en lo que se tramitan la controversia constitucional en la Corte y el amparo ante el juzgado, procesos que seguramente tomarán más de un año.
