Dilación. La autoridades del estado tardaron en realizar las primeras indagaciones de las desapariciones de habitantes de Allende.
(PRIMERA DE DOS PARTES)
La investigación de la desaparición forzada de personas en Allende y municipios aledaños a partir de marzo de 2011 no se llevó a cabo de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a graves violaciones de derechos humanos, ni tampoco los aplicables de forma específica a casos de desaparición forzada, según se demuestra en el expediente de la averiguación previa de la PGJEC.
En el anexo "La desaparición de personas en Allende, Coahuila, a partir de marzo de 2011. El Estado mexicano", del informe "En el desamparo", realizado por investigadores de El Colegio de México, Delia Sánchez del Ángel señala que, pese a que el artículo 1 constitucional establece que las autoridades deben "prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley", aún no existe una respuesta estatal adecuada para hacer frente de forma efectiva a las violaciones de derechos humanos y específicamente a las desapariciones de personas.
PRIMERA DENUNCIA
Explica que durante la primera fase de la investigación, la primera denuncia registrada en el expediente en relación a los hechos es del 25 de mayo de 2011, cuando la primera persona que interpuso denuncia por desaparición de un familiar en Allende compareció ante un agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Saltillo. La denuncia fue registrada por el delito de secuestro y extorsión. De acuerdo al denunciante, su hermana, su cuñado y sus sobrinos habían sido secuestrados el 20 de marzo de 2011 por el grupo criminal de Los Zetas cuando se encontraban en su domicilio en la ciudad de Allende. Manifestó que sabía que siete familias más de apellidos Garza y Pérez -aproximadamente 25 personas- también habían desaparecido.
En la primera denuncia -presentada dos meses después de los hechos- había un claro señalamiento a la desaparición de un gran número de personas a manos del grupo criminal de Los Zetas. Asimismo, se indicaba la ubicación de restos calcinados de una persona en un rancho. A pesar de información tan grave como ésta, las autoridades ministeriales no actuaron de forma pronta e inmediata para buscar a la familia del denunciante, ni para obtener información de las otras familias que presuntamente también habían desaparecido.
En casos de desaparición forzada, "es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades judiciales y del Ministerio Público ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de la víctima". Mientras más tiempo pasa más se limita la posibilidad de obtener pruebas y/o testimonios, "dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación". La Corte IDH ha sido clara al determinar que "luego de una denuncia de desaparición o secuestro, los Estados deben actuar con prontitud en las primeras horas y días". En este caso no se puede apreciar que las autoridades hayan actuado sin dilación, ni que hayan tomado las medidas necesarias para preservar y recolectar pruebas.
El 25 de mayo de 2011 se dictó el acuerdo de inicio de la averiguación previa y se acordó girar oficio a los elementos de la Policía Investigadora del Estado Adscritos a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro para que realizaran la investigación de los hechos. Sin embargo, fue hasta seis días después, el 31 de mayo de 2011, que dos agentes de la Policía Investigadora del Estado Adscritos a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro se trasladaron a Allende para cerciorarse que el domicilio señalado efectivamente se encontraba dañado en su exterior por acción de fuego directo, deshabitado y saqueado.
De acuerdo al Protocolo de Minnesota, uno de los aspectos más importantes de una investigación cabal e imparcial es la reunión y el análisis de pruebas, siendo por ello esencial la recuperación y conservación de las pruebas físicas y la entrevista a posibles testigos para aclarar las circunstancias que rodean a los hechos. De lo descrito en el parte informativo y en documentos subsecuentes del expediente se desprende que el Ministerio Público no tomó ninguna acción para impedir que se perdieran, destruyeran o alteraran los datos o indicios que pudiesen encontrarse en el lugar de los hechos. Asimismo, no se realizó una inspección adecuada de las casas que habían sido destruidas, ni del rancho mencionado. Tampoco se practicó peritaje alguno hasta 2014. La evidencia presente en las casas y en el rancho pudo haberse adulterado, contaminado y/o destruido gracias a la falta de diligencia de las autoridades involucradas en la investigación.
Mediante acuerdo de 1 de junio de 2011, el agente investigador del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación Estatal de Investigación y Combate al Secuestro determinó que dado que en los hechos objeto de la denuncia intervenían miembros de la delincuencia organizada, específicamente del grupo de Los Zetas, y que estos realizaban conductas que encuadran dentro del ámbito de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se remitía copia certificada de las actuaciones a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo al oficio No. 175/2011 de fecha 1 de junio de 2011, se remitieron copias certificadas de la A.P.P. CEYCS/012/2011 a la Licenciada Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la SIEDO. Después de este oficio, no se registra ninguna actividad en el expediente hasta el 30 de abril de 2012, ya con el nuevo gobierno estatal. En mayo de 2014, el exprocurador de Coahuila, Jesús Torres Charles -cuya gestión terminó en diciembre de 2011- justifica la falta de acciones a partir de junio de 2011 porque era competencia de la PGR investigar el tema y la PGJE había cumplido con darles vista.
REINICIA INDAGACIÓN
En la segunda fase de la investigación, después del periodo de inactividad, el 30 de abril de 2012, la Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos de la PGJE emitió un acuerdo de inicio y determinó continuar con la investigación de los hechos denunciados, bajo el número estadístico 045/2012.
En esta segunda fase, se detecta también una investigación que no se desarrolló de conformidad con los estándares internacionales en la materia. A pesar de que durante mayo y julio de 2012, la PGJE vuelve a recibir información en denuncias de la desaparición de un número de personas mayor a las identificadas por sus familias en las denuncias, no realiza acciones tendientes a determinar quiénes eran ni su paradero. Asimismo, sigue sin ordenarse la inspección de las casas que habían sido destruidas o quemadas, ni del rancho que es mencionado en la primera denuncia, y consiguientemente no se resguarda la evidencia que pudiese encontrarse en estos lugares.
De acuerdo al Protocolo de Minnesota, quien investiga debe identificar y entrevistar a todos los posibles testigos: sospechosos; parientes y amigos de la víctima; personas que conocían a la víctima; personas que residen en la zona en que tuvo lugar el crimen; personas que conocían a los sospechosos; personas que pueden haber observado el crimen, el lugar, la víctima o los sospechosos en la semana anterior a los hechos; y las personas que tuvieran conocimiento de posibles motivos. Estas entrevistas deben tener lugar lo antes posible. De los documentos que conforman el expediente entregado al equipo de investigación, únicamente se puede determinar que un primer momento los agentes de la Policía se concentraron únicamente en entrevistar a algunos vecinos y pocos de estos proporcionaron alguna información por miedo a represalias. No se buscó entrevistar a las familias, amigos y conocidos de las víctimas, ni a otras -incluidas autoridades- que pudiesen tener conocimiento de los hechos hasta mucho después de que estos tuvieron lugar.
Más de un año después de las desapariciones, se aprecia un intento en la averiguación previa de obtener el testimonio de algunas autoridades municipales de Allende; a pesar de que por el tipo de hechos -entre los que se incluye la destrucción masiva de decenas de domicilios- es evidente que tendrían que tener conocimiento sobre lo sucedido. El 3 de julio de 2012 el agente del Ministerio Público acordó que se girara un citatorio al ingeniero Sergio Alonso Lozano Rodríguez, presidente municipal de Allende, para recabar su declaración testimonial. El 6 de julio de 2012, Lozano Rodríguez compareció para presentar su declaración por escrito. Indicó que aunque se encontraba en la ciudad, no fue testigo presencial de los hechos y que el 19 de marzo de 2011 se enteró de lo sucedido "por comentarios aislados hechos por personas que incluso no presenciaron los mismos". El 23 de agosto de 2012, el Ministerio Público giró citatorio al director de la Policía Preventiva Municipal y el comandante de la Policía Municipal para que rindieran su declaración testimonial. El 30 de agosto de 2012, ambos presentaron su declaración testimonial y argumentaron lo mismo que el presidente municipal y en palabras casi idénticas.
El 19 de marzo de 2013, los mismos agentes regresaron a la ciudad de Allende para entrevistarse con varias familias de casas aledañas a las viviendas dañadas en marzo de 2011. De acuerdo a los agentes, los vecinos se negaron a identificarse y al preguntarles en dónde podían localizar a los familiares de las viviendas afectadas, manifestaron "que a estas gentes nos las han visto ya que se tiene sabido que varios desaparecieron en los hechos de marzo [sic] de 2011, y otras personas se fueron a vivir a los Estados Unidos, pero igualmente no quisieron proporcionar los apellidos de las personas a las que hacían referencia".
El 23 de julio de 2013, los agentes se entrevistaron nuevamente con habitantes de la ciudad de Allende, buscando obtener información en relación a los probables responsables, testigos y afectados. Los agentes indican haberse entrevistado con varias personas que se negaron a identificarse por miedo a represalias. Las personas entrevistadas indicaron que "toda la población de Allende tenia temor por los hechos ocurridos en el mes de marzo [sic] del año 2011" y que no podían proporcionar la información requerida por los agentes.
El 19 de noviembre de 2013 los agentes de la Policía Investigadora se trasladaron a la ciudad de Allende con el objetivo de investigar información sobre todas las viviendas afectadas en marzo de 2011. Identificaron veintiocho domicilios afectados. Los agentes también fueron al rancho "Los Garza". Indicaron que en el rancho "se aprecian vestigios de que una bodega fue quemada y la construcción del rancho se aprecia dañada". A pesar de que desde mayo de 2011, a través de denuncias y testimonios, las autoridades a cargo de la investigación habían tenido conocimiento de que varias viviendas habían sido destruidas y que en el rancho presuntamente habían sido quemadas personas, no fue hasta más de dos años después que la totalidad de las viviendas fue identificada y que acudieron al rancho. Nuevamente no se aprecia ninguna acción por parte de la autoridad responsable para preservar la escena del crimen.
DOS AÑOS DESPUÉS
De igual forma, la recolección de la evidencia que se pudiera encontrar en los inmuebles no se da de forma inmediata. Fue hasta el 28 de enero de 2014 (dos años y siete mes después de la primera denuncia y dos meses después de que los agentes de la Policía Investigadora fueran al rancho por primera vez) que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría determinó que de la información con la que contaban se advertía "la necesidad de la intervención de un profesionista con conocimientos especiales en materia de criminalística de campo", para que se trasladara al rancho de los Garza y localizara, fijara, recolectara, embalara y transportara aquellas evidencias, indicios, huellas o vestigios que se relacionaran con los hechos investigados. Un perito adscrito a la PGJE fue designado con esta finalidad y se presentó ese mismo día en el rancho de Los Garza, haciendo un recorrido por el lugar para buscar y localizar posibles restos óseos. Dos años y diez meses después de los hechos, un perito hizo la inspección del lugar, y el personal de Servicios Periciales de la PJGEC procedió a realizar la identificación de indicios, y luego recolectó, embaló y etiquetó las evidencias asociadas a los hechos investigados (fragmentos de metal y ceniza).
El 3 de febrero de 2014, el agente del Ministerio Público recibió un oficio de 28 de enero de 2014 del perito de criminalística de campo en el que rinde el dictamen en materia de criminalística de campo que practicó en el rancho Los Garza. El 5 de febrero de 2014, el agente del Ministerio Púbico hizo entrega de las evidencias recolectadas y aseguradas en el rancho Los Garza al agente del Ministerio Público en el área de Genética Forense. Este último tenía el encargo de remitir las evidencias al área de Genética Forense de la Policía Federal Científica para que se realizaran las periciales pertinentes.
El 6 de febrero de 2014 se determina la necesidad de la intervención de un profesional con conocimientos de genética, antropología y química forense para que realizara un estudio a los restos de ceniza y metal recabados en el rancho Los Garza. Se buscaba que determinara si en estos restos "se encuentra o no material biológico útil para la identificación de alguna persona, debiendo obtener el perfil genético de los mismos para su ingreso u confronta en la base de datos respectiva". Consiguientemente, se gira oficio al jefe de la División Científica de la Policía Federal para que asigne un perito en esa especialidad.
El 15 de abril de 2014 el agente del Ministerio Público recibió el informe técnico en materia de antropología forense realizado por la Coordinación de Criminalística de la División Científica de la Policía Federal. En el informe técnico se concluye; i) "que los elementos hallados durante el tamizado corresponden a 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales, los cuales por sus características corresponden a la especie humana"; ii) "[d]ebido a que los fragmentos de restos óseos y órganos dentales presentan un alto grado de carbonización, impide determinar la región anatómica a la cual pertenecen"; y iii) "[s]e recuperaron 68 órganos dentales y fragmentos de órganos dentales, de los cuales, 7 se encuentran anatómicamente completos. También se hallaron 31 coronas de diferentes órganos dentales, 24 restos radiculares (raíces), pertenecientes a diferentes órganos dentales, y 6 restos de molares tratados endodónticamente, así como 4 coronas con restauraciones metálicas". En el expediente no se encuentra información sobre pruebas practicadas sobre los fragmentos de restos óseos y órganos dentales tendientes a determinar la identidad de las personas a quienes les pertenecieron.
El 22 de abril de 2014, se designó a un perito en materia de criminalística de campo para que se trasladara a veintisiete domicilios y "localice, fije, recolecte, embale y transporte todas aquellas evidencias, indicios, huellas o vestigios que se relacionen con los hechos investigados". Los días 22, 23 y 24 de abril de 2014 el perito acudió y reportó que los veintisiete domicilios se encontraban deshabitados, sin puertas y sin ventanas, con escombros de concreto y basura, algunos presentaban vestigios de que el inmueble había sido incendiado, en otros se registraba que no tenían cableado eléctrico y grafitis en las paredes. Un perito acude a los domicilios destruidos casi tres años después de que recibieron la primera denuncia.
El 26 de abril de 2014, el perito en materia de criminalística de campo volvió a presentarse en el rancho Los Garza. Dado que ya se había realizado una inspección del lugar, se concentró en la tercera construcción "con la finalidad de recolectar la totalidad de la ceniza y metal" que ahí se localizaba. La División Científica de la Policía Federal recolectó y embaló todos los restos de metal y ceniza. El 27 de abril de 2014 se entregó la evidencia en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la PGJE.
TARDAN AUTORIDADES
No se observa ninguna acción inmediata de las autoridades para realizar las diligencias necesarias en el rancho "Tres Hermanos". El 14 de junio de 2014 -cuatro meses después de que recibieran información sobre presuntos delitos ahí cometidos- se acordó designar a un perito en materia de criminalística de campo con el objetivo de que se trasladara al rancho para localizar, fijar, recolectar, embalar y transportar todas las evidencias, indicios, huellas o vestigios relacionados con los hechos investigados. Ese mismo día, se llevó a cabo la inspección ministerial del rancho.
A pesar de que desde noviembre de 2012 los habitantes de Allende señalan el vínculo entre la Policía Municipal y Los Zetas, no se aprecia ninguna acción dirigida a tratar de esclarecer estos posibles vínculos hasta más de un año después.
