El estado mexicano impulsó en los últimos años la creación de organismos autónomos en diversas áreas de la vida pública mexicana; los primeros nacieron -aunque nada más fuese de derecho y no de hecho- durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (Banco de México, Instituto Federal Electoral y Comisión Nacional de Derechos Humanos); pero la tendencia se acentuó con los gobiernos panistas y continuó en el actual sexenio de Enrique Peña Nieto.
Aunque todos los países tienen organismos autónomos, es en las llamadas democracias emergentes donde el número es mayor y, de hecho, América Latina es uno de los paraísos de éstos, y México es el país que más tiene. La razón es muy sencilla: la autonomía de estas instancias dedicadas a atender funciones vitales para la vida pública de una nación, formalmente releva de responsabilidad a los titulares del Poder Ejecutivo; pero si el titular de dicho poder, puede controlar la actuación de dicho organismo por interpósita persona, crea el mejor de los mundos posibles, pues mantiene el control del organismo y no asume ninguna responsabilidad por su actuación. En México, prácticamente todos los órganos de gobierno de los organismos autónomos están capturados por el gobierno federal o los entes regulados.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) obtuvo su plena autonomía en el 2008 y la información que levanta y los productos que genera son fundamentales para evaluar los resultados e impactos de la acción del gobierno e, inclusive, de otros órganos autónomos, como es el caso del Banco de México y su responsabilidad de combatir la inflación. Pero lo mismo sucede en temas como el desempleo, la informalidad, la pobreza y la desigualdad que desde luego son indicadores indispensables para evaluar la actuación de varias secretarías de estado, como Hacienda, Trabajo, Economía y Desarrollo Social, por señalar las cuatro más involucradas con estos temas.
En 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, propuso a Eduardo Sojo, entonces titular de la Secretaría de Economía, como el titular del órgano de gobierno, fue evidente que la intención gubernamental era limitar la autonomía del nuevo organismo autónomo. Es decir, el entonces presidente se aseguraba que al frente del INEGI se encontraba alguien sobre el que él podía incidir; para ponerlo en términos más claros: darle una autonomía acotada a dicha institución, mientras no afecte la imagen gubernamental puede actuar con total libertad pero en los temas conflictivos podía intervenir para modelar la presentación de las estadísticas.
Lamentablemente cuando Sojo concluyó su período, el 31 de diciembre del 2015, el presidente Enrique Peña Nieto, repitió la misma trama: proponer alguien cercano a su equipo de gobierno, particularmente al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Las voces que alertaron sobre los riesgos para la autonomía del INEGI no se hicieron esperar, sin embargo, finalmente el Senado aprobó la designación de Julio Alfonso Santaella Castell, cuya principal experiencia profesional había sido en el Banco de México y, en los momentos en que fue propuesto, era director del Fondo Mexicano del Petróleo, cuyo consejo preside el titular de Hacienda y, desde luego, participa el Gobernador del Banco de México.
En aquel entonces se cuestionó fundamentalmente la cercanía de Santaella con Carstens, sin embargo se dejó de lado a Videgaray, a pesar de ser ambos egresados de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, aunque de generaciones distintas; pero si no coincidieron como estudiantes, sí lo hicieron como profesores del departamento de economía de dicha institución, además de que Videgaray presidía el Consejo del fondo que dirigía Santaella.
Apenas 7 meses después de que Santaella asumió la dirección el INEGI surge una controversia con otro organismo autónomo, el Coneval, cuyo principal insumo son las estadísticas que genera el INEGI y el problema estriba en que éste decidió realizar, lo que Santaella denominó "cambios operativos en el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015", lo que hace que los resultados obtenidos no puedan ser comparados con los años previos.
El asunto se vuelve muy sospechoso, porque hace un año, el informe de la pobreza de Coneval generó mucha inconformidad en el gobierno federal porque señalaba que la población en pobreza aumento, entre el 2012 y el 2014, la pobreza extrema se redujo en 100 mil personas para afectar a 11.4 millones de mexicanos, pero la pobreza creció en 2 millones para alcanzar 55.3 millones de habitantes.
El secretario ejecutivo del Coneval, Gerardo Hernández Licona, en un comunicado emitido por dicha institución tras conocer el informe del INEGI, señala con claridad que "Se presenta un incremento real del 33.6 por ciento en el ingreso en los hogares más pobres en un solo año, lo cual no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del Inegi y con otras variables económicas".
Así los "cambios operativos" que realizó el INEGI, sin consultar al Coneval, que depende de dicha información para hacer sus estimaciones, se tradujeron en cifras que muestran una mejora en la situación económica de las familias mexicanas, lo cual -por decir lo menos- resulta muy sospechoso, precisamente por los cuestionamientos que se hicieron al nuevo titular.
Los cambios impedirán al Coneval mantener la evolución histórica que permitía evaluar el impacto de la política social y, eventualmente, evitó otro trago amargo para el gobierno federal. El hecho es una muestra muy representativa de lo que el gobierno puede lograr con el control a trasmano de órganos de gobierno de los organismos autónomos. Y esto sucede en prácticamente todos los organismos autónomos en México.
