Cárcel de 6 meses a 6 años más sanciones económicas son las penas propuestas y aprobadas para castigar el conflicto de intereses. (ARCHIVO)
El Congreso de Coahuila aprobó ayer reformas a leyes estatales para castigar con cárcel a quienes sean proveedores o contratistas de dependencias públicas donde laboren familiares suyos, socios o con quienes sostengan una relación personal.
Cárcel de 6 meses a 6 años más sanciones económicas son las penas propuestas y aprobadas para castigar el conflicto de intereses.
En contraste, esta falta es sancionada en la Ley de responsabilidad de los servidores públicos con apercibimientos e inhabilitaciones a funcionarios.
Con las reformas a las leyes de Adquisiciones y Acceso a la Información y al Código Penal deberán ser los mismos proveedores quienes confiesen si existe un vínculo familiar o de negocios con funcionarios estatales.
La iniciativa fue propuesta ayer por la diputada Sonia Villarreal del PRI.
Durante la aprobación de las reformas la bancada panista se pronunció en contra y pidió que fuera retirada, pero no fueron respaldados.
El diputado del PAN, Jesús de León, dijo que las reformas "buscan crear incertidumbre" y "trasladan responsabilidades a los empresarios", y que las penas no son equilibradas.
Por su parte, la diputada panista Larizza Montiel dijo que estas reformas no abonan a la transparencia y son "inexactas". Por ejemplo, los proveedores deberán de presentar un manifiesto de no conflicto de interés, donde señalen que no hay relación personal o familiar. Sin embargo, no hay una definición de relación personal que puedan tomar los empresarios como estándar básico.
La diputada priista Sonia Villarreal indicó que estas reformas buscan ser "integrales y dar certeza" a la población sobre el uso adecuado de recursos.
En la Ley de adquisiciones se incrementan los requisitos para participar en las licitaciones o contrataciones. Se crea el Manifiesto de no conflicto de intereses, en donde el prestador de servicios debe indicar si tiene relación familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad civil, con algún servidor público que labore para la dependencia contratante.
Deben indicar si es socio o ha formado parte de una sociedad con algún servidor público que labore para la dependencia. Además se creará un Código de conducta para los proveedores.
