Reacción. Tres priistas expresaron su desacuerdo con la reforma de Javier Duarte para pagar la deuda estatal con el impuesto sobre nómina de los empresarios.
Con 29 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, el PRI consiguió en el Congreso del Estado aprobar, en lo general, la iniciativa del gobernador Javier Duarte para destinar los ingresos del impuesto sobre nómina de los empresarios para el pago de los adeudos de su administración, que ascienden a 11 mil 038 millones de pesos.
La Mesa Directiva desestimó al menos cinco mociones de legisladores del PAN con las que reclamaron de que en el dictamen no se incluyó sus peticiones que dirigieron al secretario de Finanzas y al contralor del Estado para que se revisara si entre los acreedores figuran los que son investigados por el SAT o les fueron rescindidos sus contratos. Al PRI, sin embargo, le tocó sortear los pronunciamientos en contra de tres legisladores integrantes de su bancada.
El tricolor José Ramón Gutiérrez de Velasco argumentó que en la reforma que planteó el Ejecutivo estatal carece de transparencia, certidumbre y además no es honesta. "No hay transparencia porque se están incluyendo adeudos que todavía no están en la Cuenta Pública de 2015 y nos quieren incluir un listado de acreedores de 2016. No hay certeza, porque cómo vamos a disponer de recursos si se desconocemos cuál ha sido el destino del impuesto.
Otra priista, Gladys Merlín pidió a sus correligionarios responder al reclamo ciudadano con el que perdió el PRI la Gubernatura, el pasado 5 de junio y evitar más encono. Para justificar su voto en contra, la legisladora advirtió que para comprometer pagos a los pasivos debieron de haber contado con presupuesto autorizado que garantizara solvencia de un pago oportuno, y además, verificar si los servicios u obras fueron realizados.
En tanto, Ricardo Ahued advirtió también que no respaldaría una iniciativa en la que no hay certeza de las obras o servicios facturados. Además denunció amenazas que sufrió antes de subir a la tribuna.
Del lado de la principal bancada opositora, el PAN, el legislador Julen Remetería advirtió que al aprobar la reforma, los pagos previstos serían ilegítimos e ilegales.
Solicitan expulsión
Por la comisión de presuntos actos de corrupción cometidos en sus administraciones, ayer fue solicitada la expulsión de los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge; y de Chihuahua, César Duarte, de las filas del PRI.
El consejero político Armando Barajas Ruiz pidió de manera formal la suspensión de los derechos de militantes de los tres mandatarios priistas para que, en caso de reunirse las pruebas necesarias, se proceda a su expulsión definitiva.
El militante acudió ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para interponer el recurso, con base en las anomalías y denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
