Siguiente paso. El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski se reunirá con el Senado para discutir los pasos del proceso contra la presidenta Dilma Rousseff, en Brasilia. (AGENCIAS)
El juicio de destitución de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, quedó ayer a sólo dos pasos de concluir, tras la aprobación de un informe que pide avanzar en el proceso que puede despojarla de su mandato a fines de este mismo mes.
El informe que acusa a Rousseff de haber "atentado contra la Constitución" fue aprobado por 14 votos a favor y 5 en contra en la última sesión de una comisión de senadores que fue responsable de la instrucción de un proceso que ahora pasará al pleno del Senado, que tendrá la última palabra.
El presidente de la comisión, Raimundo Lira, se abstuvo de votar, pese a que manifestó su opinión favorable al informe del instructor, Antonio Anastasia, quien consideró a Rousseff culpable de diversos delitos relacionados con la gestión de los presupuestos.
La votación supuso también la conclusión de los trabajos de ese colegiado, que durante casi tres meses escuchó a 39 testigos de la defensa y apenas cuatro de la parte acusadora y cuyo informe final será remitido al pleno del Senado, que se reunirá para una primera votación el próximo martes.
Si el informe aprobado por la comisión fuera respaldado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, el pleno del Senado será convocado para una última y definitiva sesión por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandoski.
Según los plazos legales del proceso, esa última sesión deberá realizarse a fines de este mes y se calcula que pudiera durar entre tres y cinco días, debido a que habrá espacio para debates y para la presentación de testigos de la acusación y la parte acusadora.
En esa definitiva instancia, Rousseff será despojada del cargo en caso de que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de la Cámara alta.
Rousseff está suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político en el que se la acusa de irregularidades en el manejo de los presupuestos, la contratación de créditos para el Gobierno con la banca pública y la emisión de decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso.
Desde esa fecha, su cargo lo ocupa en forma interina su hasta entonces vicepresidente, Michel Temer, a quien la mandataria acusa de haber orquestado "un golpe" y que completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de su destitución.
Rousseff, según fuentes de su entorno asistió por televisión a la votación de ayer con unos pocos miembros del equipo que continúa con ella en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia que aún ocupa.
En los últimos días, la mandataria no ha sido vista en público y tampoco se ha reunido con miembros del Partido de los Trabajadores (PT), que la llevó al poder y del que parece haberse distanciado.
Rousseff aún conserva el apoyo de menguados movimientos sociales, que han convocado a protestas sobre todo en Río de Janeiro para hoy viernes, cuando en esa ciudad serán inaugurados los Juegos Olímpicos en un acto al que asistirá Temer, quien declarará abierto el evento.
Por su parte, la presidenta anunció que rechazó la invitación que le envió el presidente interino Temer para asistir a la ceremonia.
Brutalidad policiaca
Según el Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, la policía desplegada en la ciudad mató a 49 personas en junio, 40 en mayo y 35 en abril: más de una persona al día.
Desde 2009, cuando triunfó la candidatura de Río para organizar los Juegos Olímpicos, la policía ha matado a más de 2,600 personas en la ciudad.
"Justo cuando pensábamos que los índices de brutalidad policial no podían ser más alarmantes, vemos que lo son. Brasil ya ha perdido los Juegos Olímpicos antes de empezar. El aumento de los homicidios cometidos por la policía, aparentemente imparable, pone en serio compromiso cualquier posibilidad de un legado olímpico positivo en materia de seguridad pública", ha afirmado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
Brasil, sumido en crisis
Cuando Río de Janeiro recibió la sede de los Juegos Olímpicos de 2016 hace siete años, Wagner Bastos era un exitoso vendedor de autos para Citroen-Peugeot en Río. En algunos meses llegó a percibir 17,000 reales brasileños -aproximadamente 5,200 dólares actuales y mucho más en ese entonces.
Pero la fortuna de Brasil -y la de Bastos- sufrió un duro colapso. Su ingreso mensual para junio fue de 1,400 reales (425 dólares) -demasiado poco para cubrir su alquiler o cuotas escolares de sus dos hijos. Por lo que Bastos renunció a su empleo y se volvió taxista.
Anteriormente, albergar los Juegos Olímpicos solía permitir que países recientemente prósperos se exhibieran en el escenario mundial y mostraran sus ciudades más deslumbrantes.
Pero los Juegos de 2016 llegan en un pésimo momento para Brasil, que enfrenta un sinnúmero de calamidades: Una profunda recesión. Una crisis política. Multitudinarias protestas callejeras. Reportes de canales de aguas contaminadas. Y una emergencia de salud causada por el virus del zika.
