Estadísticas. Gobernación presentó datos sobre los secuestros que ocurrieron en febrero de 2016.
En febrero se registró una disminución del 19 por ciento en el número de secuestros en el país en comparación al mismo mes del año anterior, aseguró la Secretaría de Gobernación.
Lo anterior porque, en todo ese mes, se presentaron 111 casos denunciados ante las autoridades estatales y la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que en febrero de 2015 se contabilizaron 137 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De estos casos, expuso la Segob en un comunicado, las cifras de 2015 corresponden a 100 asuntos atendidos por Fiscalías y Procuradurías de los estados y a 37 del fuero federal.
En este año, explicó, el gran total deriva de las 82 carpetas de investigación o averiguaciones previas iniciadas por las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS) y 29 corresponden a casos reportados por la PGR. El reporte sobre la incidencia de este ilícito destaca la atención que se brindó a 139 víctimas.
En cuanto la metodología del reporte, la Secretaría explicó que el trabajo de sistematización que se desarrolla actualmente, en seguimiento al Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, es la que se emplea para recabar y sistematizar la información que remiten mensualmente las Fiscalías y Procuradurías de los estados, así como la PGR.
Además, se realizó un análisis exhaustivo para evitar la duplicidad en el registro de casos.
Recurren a ONU ante impunidad
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU establecer un mecanismo internacional para combatir la impunidad y la corrupción.
"Consideramos que el Consejo de Derechos Humanos tiene una enorme responsabilidad de apoyar a México para recibir cooperación internacional, de manera que se instale en el país un mecanismo internacional para combatir la impunidad y la corrupción", urgió el representante de la CMDPDH ante los miembros del Consejo.
El representante de la organización Ulises Quero presentó como una de las bases para dicha solicitud el hecho de que, a la fecha, todavía no se adopta en México la legislación en materia de cooperación irrestricta con la Corte Penal Internacional respecto a la implementación del Estatuto de Roma.
"Ni tampoco se han tipificado los crímenes de lesa humanidad"', subrayó.
Al contrario de lo que el Consejo recomendó a México en el Examen Periódico Universal (EPU), señaló que las reformas al Código de Justicia Militar no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos.
Como un ejemplo de ello, mencionó el caso de los militares que cometen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad en contra de militares que son juzgados por tribunales castrenses.
Por otra parte, con respecto al arraigo, mencionó que el Gobierno se niega a eliminar esta figura de la Constitución, y que a la fecha la legislación se sigue aplicando.
"Prácticamente, la totalidad de los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas que se han cometido en la historia reciente del país permanecen en impunidad", añadió.
Ulises Quero advirtió, además, sobre la falta de voluntad y capacidad de las instituciones para llevar a juicio a los responsables.
