La invasión de Irak el 18 de marzo de 2003 fue un acto criminal de guerra que, al lado de miles de vidas sacrificadas, dejó el más crudo ejemplo de desprecio a los valores de ética y democracia.
El abastecimiento seguro de petróleo explica las estrategias que llevaron al derrocamiento de Saddam Hussein. Sostenido en un principio por intereses angloamericanos, fue abandonado al cambiar las conveniencias. El presidente George W. Bush ya lo había declarado en 1991: "El acceso al Golfo Pérsico y la seguridad de estados amigos en el área es vital para la seguridad nacional de los EUA".
La invasión a Irak por la coalición encabezada por los Estados Unidos nunca fue apoyada por la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU jamás avaló la invasión norteamericana. Francia, Alemania, Rusia y Canadá se opusieron vehementemente exigiendo continuar esfuerzos diplomáticos. Todavía se recuerda el brillante discurso ante el mismo Consejo de Seguridad del ministro francés Dominique Villepin demandando continuar conversaciones hasta aclarar si Irak fabricaba armas nucleares o almacenaba gases letales. La posición de Alemania fue en ese mismo sentido. México y Chile, miembros temporales del Consejo, pese a las presiones de los EUA, se abstuvieron de votar la resolución que autorizaba la invasión.
Las inspecciones aceptadas por Hussein realizadas por la ONU y la Agencia Internacional de Energía Atómica AIEA nunca encontraron evidencias de un programa de armas nucleares.
La posición de Gran Bretaña, aliada de EUA en todos los frentes, fue de un apoyo irrestricto, conforme al compromiso que ahora se revela que el primer ministro Blair había sellado con el Presidente George W. Bush.
Estados Unidos, apoyados por Gran Bretaña y unos cuantos países más, invadieron Irak con el declarado fin de "…desarmar al gobierno iraquí de sus armas de destrucción masiva, y terminar con el apoyo de Saddam Hussein al terrorismo, y liberar al pueblo iraquí." En Londres en la Cámara de los Comunes el primer ministro Blaire hacía suyos los argumentos preparados por la CIA, y el Departamento de Defensa norteamericanos. Tres ministros ingleses renunciaron en desacuerdo. Entre enero y abril de 2003 se registraron 3,000 manifestaciones de protestas en todo el mundo contra la invasión.
Tras de siete años de investigación, el pasado miércoles Sir John Chilcot presentó un informe de doce volúmenes que constituyen una directa acusación a Tony Blair por su posición solidaria con la insistencia norteamericana a favor de una guerra sin fundamentos contra Hussein. La invasión habría de costar 179 bajas de militares británicos cuyos familiares ahora piden juicio político en contra del exprimer ministro.
El masivo crimen de guerra trasciende en la percepción que tengamos de la democracia en tiempos modernos cuando decisiones tomadas con aparente apego a las formas legales están en profunda contradicción con la ética.
El que se abra un proceso contra Tony Blair no basta. La responsabilidad del presidente George W. Bush es de flagrante evidencia. El eventual proceso compromete la inmunidad que gozan los altos funcionarios de todo el mundo cuando se trata de decisiones de gran calado.
La frecuencia con que se pide la realización de consultas y referenda para sustentar una decisión es otro de los temas que hay que están en necesidad urgente de estudiarse en detalle.
Prueba de lo anterior es el reciente referéndum en Gran Bretaña donde los políticos que abogaron a favor de la opción triunfadora del "Brexit", que aísla a Inglaterra de Europa, ahora confiesan la serie de mentiras e información tendenciosa que dieron a la ciudadanía. El primer ministro Blair, años antes también había falseado la verdad en su afán de apoyar al presidente Bush a quien hoy día los norteamericanos bien podrían llevar a los tribunales.
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