Existe un proverbio norteamericano muy arraigado en la sociedad estadounidense que versa "death and taxes" (muerte e impuestos) haciendo alusión que es irremediable que todo ciudadano de aquel país habrá de afrontar en la vida con seguridad estas dos circunstancias por más que las rehúya. En algún momento pagará impuestos e inexorablemente le llegará la muerte (esto último es universal para todos los seres vivos obviamente).
Viene a cuento esta reminiscencia porque este año recién comenzando el gobierno del Estado de Coahuila ha ordenado que se lleve a cabo el cambio de placas en las unidades móviles que están contabilizadas en el Estado, con el parque vehicular que según la información disponible asciende a 750 mil unidades aproximadamente. Esta medida ordena el cambio de láminas, con lo que evidencia a todos aquellos que no estén al corriente en el pago de impuesto de la tenencia. Gravamen creado en la década de los sesenta y cuya justificación era la de recaudar los fondos necesarios para la financiación de los Juegos Olímpicos de México 68.
Pasaron las olimpiadas y el gobierno olvidó retirar este impuesto, que con el tiempo aunque era de origen federal, los fondos obtenidos del mismo fueron a parar a las finanzas estatales, y la tenencia al final era para todos los mexicanos, todos a pagar en sus respectivos estados.
Sin embargo, la década de los sesenta fue la última del período económico conocido como Desarrollo Estabilizador de la economía mexicana, precediendo a lo que se conoció como el Milagro Mexicano, épocas en las que el Producto Interno Bruto presentaba tasas de crecimiento sostenido de hasta un 6 % anual con inflación y tipo de cambio controlados. Quizá por esas razones el impuesto a la tenencia se pagaba sin mucho sufrimiento por la población tenedora de autos de aquel entonces.
Luego llegó por desgracia al poder el populista Luis Echeverría Álvarez y todo se fue al traste. Su despilfarro y su torpeza económica dieron al traste la estabilidad e instauró con ello veinte años de decadencia en el bolsillo de la gran mayoría de los mexicanos. La espiral decadente apenas fue contenida en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien prometió llevar al país a la prosperidad y si bien es cierto que se recuperó el crecimiento y el fenómeno de la hiperinflación comenzó a ceder, el flagelo de la corrupción que se dio es su mandato acabó por convertir al expresidente Salinas en un personaje siniestro en el memoria colectiva mexicana de estos tiempos.
Ernesto Zedillo fue el último presidente de la hegemonía priista, misma que duró más de setenta años. El doctor Zedillo cargó con el "error de diciembre", provocado en parte por las políticas monetarias de su antecesor, el propio licenciado Salinas y del célebre secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, así como por la torpeza con que su equipo afrontó el problema, generando la crisis de 1995.
Todas estas circunstancias fueron en parte propiciando el que por fin se diera la alternancia democrática que llegaría justamente al final del sexenio de Zedillo Ponce de León, con lo que llegó la docena panista; la de Fox y Calderón, quienes por cierto están de entregar las mejores cuentas.
¿Qué tiene que ver todo este brevísimo recuento de la historia reciente con el impuesto de la tenencia? Que como se mencionó líneas arriba, ésta transitó primero desde su nacimiento con el pretexto de fondear las Olimpiadas del 68 y después se estableció en la hegemonía priista. Pero al venir el desastre económico de Echeverría y López Portillo, incrementando de manera geométrica el número de pobres mexicanos y combinado después con la obligada apertura económica en tiempos de Salinas, dio pie a la importación masiva de autos de desecho de Norteamérica, que al tiempo serían conocidos como los "Onapafas". A esto, hay que sumarle que la década pasada no estaba el PRI en la presidencia de la república y fue el momento en que la nueva oposición -que eran los priistas- presionaran al poder central para la eliminación de tal gravamen.
Felipe Calderón cedió a las presiones y dejó en manos de los gobernadores la decisión de cobrar o no la dichosa tenencia, y ahí empezó el problema que ahora nos duele.
Jorge Herrera Caldera, hace seis años candidato al gobierno de Durango prometió quitar la tenencia y lo cumplió. Un año después Rubén Moreira prometió lo propio, pero cuando llegó al poder encontró las arcas estatales arrasadas y tuvo que recular, por lo que en Coahuila sí se cobra y en Durango no.
El coraje del ciudadano de a pie es el ahínco con que el gobierno de Coahuila quiere cobrar a como dé lugar la tenencia, persiguiendo con todos sus recursos a sus presuntos deudores, por lo que si alguien tiene la suerte de tener alguna relación comprobable inmobiliaria en Durango, con brincar el Nazas se libra de la desesperada necesidad de erario coahuilense por recuperar por esta vía el dinero que se robaron el sexenio pasado. No se vale.
A ver si a las finanzas de Coahuila les sirve ser tan severos con los deudores, ojalá fueran así con quienes desfalcaron el estado. Por otra parte, es correcto que sea hasta por la vía coercitiva la obligación de pagar la tenencia en Coahuila, pero ¿por qué los "Onapafas" no? Otra aberrante injusticia.
