A escasos dos meses de la implantación en todo México del nuevo sistema de justicia penal, es todavía mucho lo que falta por hacer y también por conocer por parte de la sociedad mexicana en torno a tan trascendente innovación.
Fue en junio de 2008 cuando fue aprobada la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia que contempla cambios profundos a diez artículos y que sentó las bases para el paso de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal abierto y democrático.
La mayor difusión de la reforma se ha centrado en la creación de juicios públicos y orales, sin embargo, cuenta con varios aspectos más de indudable importancia.
Como toda reforma legal lo más significativo será -obviamente-que se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido y que se cuente con leyes secundarias efectivas y fáciles de instrumentar. De lo contrario, la justicia en México no avanzará y seguiremos en el ostracismo en materia legal.
Esta reforma obedeció a los rezagos que por décadas -o quizá siglos-ha tenido nuestro país en su sistema de justicia penal. Basta recordar algunos datos que difundió en su momento el polémico documental "Presunto culpable" para darnos una idea de la gravedad del tema.
Aquí van los principales:
El 92 por ciento de las acusaciones carece de evidencia física, se basa en lo que dicen los testigos oculares.
A nivel nacional el 80 por ciento de las sentencias es condenatoria, en la Ciudad de México sube al 95 por ciento.
El 41 por ciento de los presos en México recibe algún tipo de tortura mientras que el 93 por ciento de las personas arrestadas jamás vio su orden de aprehensión.
Por si fuera poco el 93 por ciento de los acusados jamás tiene la oportunidad de ver al juez que lleva su caso.
Por todo lo anterior la reforma incluyó cambios de fondo como los siguientes:
Hacer procesos penales más rápidos y eficientes.
Utilizar más la justicia alternativa, esto significa resolver por la vía del diálogo y la negociación asuntos que no son graves y que pueden resolverse sin la necesidad de un largo juicio.
La nueva ley obliga a que los procesos penales sean públicos. En la actualidad los juicios se llevan prácticamente en lo "oscurito" en donde un juez o su secretario dictan sentencias desde sus lejanos escritorios sin siquiera conocer a los acusados y sus víctimas.
En adelante tanto la víctima como el inculpado tendrán que presentar sus argumentos de manera oral y en ocasiones en público.
Se crea también la figura de un juez de control de garantías, quien será el encargado de vigilar que antes de llegar al juicio oral, no se violen las garantías ni los derechos de los implicados en el caso.
En el futuro, el juez deberá de dar a conocer públicamente la sentencia de los casos juzgados y explicar los argumentos que consideró para tomar tal decisión. Se trata de un paso importantísimo para la justicia mexicana.
Pero sin duda el corazón de la reforma penal se encuentra en el artículo 20 de la Constitución en donde se establecen los principios procesales y los derechos de las víctimas y de los acusados de un delito.
Se fortalece en esta reforma el sagrado "principio de presunción de inocencia" al tiempo que se señalan las garantías judiciales de las víctimas en cuanto a la reparación del daño, su seguridad personal, el resguardo de su identidad y de sus datos personales.
En este sentido la reforma impactará a los medios de comunicación, en especial aquellos que mercadean con la nota roja, toda vez que no será posible divulgar información personal sobre acusados y víctimas hasta no existir evidencias confirmadas por parte del juez y las autoridades.
Es difícil en este reducido espacio esbozar todos los alcances de la reforma que como ciudadano y periodista esperamos logre cabalmente los objetivos y metas establecidas.
Será precisamente el próximo 18 de junio cuando se llegue al plazo de ocho años para que este reforma sea implantada en los 32 estados de la República Mexicana y en el sistema penal federal. Muy pronto sabremos qué gobernadores y legisladores cumplirán el precepto constitucional y en que entidades tendrán que esperar unos meses para gozar de los beneficios de las nuevas leyes.
APUNTE FINAL
José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas de Michoacán, cumplirá dos años en prisión por un delito que nunca quedó del todo claro. Mireles, como otros michoacanos, se armaron para hacer frente a la terrible inseguridad, pero su arresto fue una reacción a sus furiosas críticas en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esperamos que Mireles sea uno de los primeros beneficiados del nuevo sistema penal.
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