Los acrónimos pueden ser, además de una descortesía, también una pesadilla. Cada círculo inventa los suyos y damos por supuesto que el otro los conoce. Si usted no se mueve en las ciencias sociales más le vale memorizar el IDH, el PCI o ENCUP y muchos más. En medicina PET o Láser. La verdad son muy antipáticos, pero ayudan a abreviar el lenguaje, a obtener mayor velocidad en la conversación y popularizan términos. Ojalá y muy pronto el CDI esté instalado en nuestro lenguaje cotidiano.
El origen del CDI (Conflicto de Intereses) es muy antiguo. Los médicos deben abstenerse de llevar a cabo ciertas prácticas si el paciente es cercano. Los psicoanalistas deben suspender una terapia si se establecen relaciones sentimentales con su paciente. Los jueces, magistrados o ministros, cualquier juzgador deben declinar asuntos cuando hay algún involucramiento personal. Lo mismo debe ocurrir en los consejos de administración o en las evaluaciones académicas, aunque con frecuencia se viola el principio. Por eso el nepotismo está prohibido en las burocracias. Reconocer o exigir se declare un CDI no es una agresión, por el contrario, protege al involucrado. No se puede ser juez y parte.
Una de las mayores degradaciones de los sistemas autoritarios radica en borrar ese principio. Buena parte de la dificultad en la construcción de un órgano electoral de verdad autónomo, hoy INE, radicó en sacar al gobierno, al PRI, en ese momento hegemónico, de las decisiones que lo involucraban. Lo mismo es válido para el voto de los representantes de los partidos en el Consejo. La contradicción es evidente no deben adjudicarse presupuesto, tiempos y otras prerrogativas. No pueden decidir asuntos en que son parte. Los órganos reguladores, de la banca, de las telecomunicaciones de lo que sea, son evaluados internacionalmente en función de su independencia frente a los regulados. Se habla de captura para designar esa situación en la cual una autoridad no puede tomar decisiones autónomas porque los órganos están, en los hechos, atrapados por los actores regulados.
Una cuestión es tener en cuenta los diferentes puntos de vista de aquellos a los que se les aplica la ley y otra muy diferente es que se la apliquen a sí mismos. Con frecuencia los representantes sindicales participan en los consejos de administración y puede ser muy útil, pero las decisiones no deben quedar en sus manos. La clara separación de los mundos -intereses particulares vs una amplia gama de intereses colectivos- es una de las cualidades de las democracias funcionales. En México esa sana definición todavía está en curso. A mediados de los años setenta la UNAM, con Guillermo Soberón a la cabeza, dio esa batalla al impedir que los trabajadores sindicalizados participaran en decisiones académicas. Buena parte de las corruptelas en Luz y Fuerza y todavía en Pemex, tienen su origen en sindicatos convertidos en empresas que a través de los consejos se asignan contratos. La Iglesia en manos de Lutero. Evitar esa perversión es la consigna.
Suena muy democrático invitar al SNTE y la CNTE a participar en la discusión del "modelo educativo". Ya Fabiola Guarneros en estas páginas nos hizo ver las confusiones que esa expresión genera. Por supuesto que ellos son los interlocutores obligados en todo lo laboral, el titular del contrato, pero acaso es correcto que el gremio intervenga sobre cómo deben diseñarse y aplicarse las evaluaciones. Es acaso correcto que un gremio elabore contenidos educativos cuando existen instancias como el INEE creadas para aportar una lectura profesional y objetiva de esos temas. Si hay despidos injustificados o arbitrariedades administrativas, que se procesen como lo que son. Pero establecer una mesa de diálogo sobre materias en las cuales los gremios no deben tener injerencia es una aberración. En la radical división de intereses se juega un capítulo de nuestra democracia.
La insistencia por parte de la CNTE en la derogación de la Reforma Educativa desnuda la locuaz tentación de tener a la República en sus manos. Ahora quieren convocar a una nueva consulta nacional que, de entrada, daría una bofetada a los diputados locales, federales y al Senado. No es broma, eso exigen y los resultados serían obligatorios. La República al caño.
Como ciudadanos, no como gremio, los maestros tienen todo el derecho de opinar. Pero si quieren actuar en conjunto, la propuesta más sensata y procedente sería la de Jesús Zambrano, presentar una iniciativa ciudadana y que la procese el Legislativo. De lo contrario todos deberemos ir a una marcha virtual gritando CDI, CDI, CDI, confiados en que las gargantas de las redes sociales y otros nunca se secarán.
Además tendría un efecto adicional, mostraría la utilidad de los antipáticos acrónimos.
