La CIDH pidió a México que reconozca la 'gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta' y no trate de 'minimizarla hablando de casos aislados', según dijo su presidente y relator para el país, James Cavallaro. (ARCHIVO)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México chocaron ayer por el informe que presentó el organismo sobre la situación que se vive en este país en materia de seguridad y estado de derecho.
La CIDH pidió a México que reconozca la "gravedad de la crisis de derechos humanos que enfrenta" y no trate de "minimizarla hablando de casos aislados", según dijo su presidente y relator para el país, James Cavallaro.
En un informe, basado en su visita a México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, la CIDH denuncia las cifras "alarmantes" de desapariciones y desapariciones forzadas (con intervención de agentes del Estado), así como los altos índices de ejecuciones extrajudiciales, torturas, inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia e impunidad.
"En México hay 26,798 casos de personas no localizadas y en muchos de esos casos se trata de una desaparición forzada, con intervención de los agentes del Estado. Cada caso es muy grave y no hay una respuesta policial a la altura", explicó el comisionado Cavallaro.
Aunque la CIDH reconoce "significativos avances" legislativos, constitucionales e institucionales, considera que la respuesta estatal "sigue siendo insuficiente" para enfrentar la "grave crisis de violencia e impunidad".
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), muestra especial preocupación por la "alarmante información" de las Naciones Unidas sobre que el 98 % de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria.
La respuesta de las autoridades mexicanas no se hizo esperar. El gobierno de la República negó que el país sufra una crisis de derechos humanos como lo asegura el informe de la CIDH.
El informe "no refleja la situación general" y parte de "premisas y diagnósticos erróneos", aseguró el Ejecutivo mexicano en un comunicado en el que remarcó que en el país "no se vive una crisis de derechos humanos".
