La semana pasada fue crucial para el PRI en Coahuila y para el gobierno de Rubén Moreira. A grandes rasgos fue una semana de cierre de filas. Pero un cierre de filas del partido, no necesariamente del proyecto de continuidad del moreirismo. Una denuncia pública que derivó en penal, dos visitas de personajes políticos de primer orden en el priismo, y un espaldarazo del Comité Ejecutivo Nacional tricolor al mandatario estatal, definen lo que se verá en los próximos meses en el proceso electoral que culminará en junio de 2017 con la renovación de la gubernatura, el Congreso local y las alcaldías.
La semana inició con la investigación de Grupo Reforma, publicada también por El Siglo de Torreón, que puso al descubierto pagos por un monto de 160 millones de pesos realizados por el actual gobierno de Coahuila a empresas consideradas "fantasma". Se trata de contratos de asesoría en su mayoría que no corresponden con el servicio presuntamente ofrecido por parte de firmas que no tienen domicilios reales o simplemente cuentan con oficinas de pantalla o fachada. Como era de esperarse, el Partido Acción Nacional, representado en esta ocasión por senadores encabezados por Luis Fernando Salazar, aspirante a la gubernatura, aprovechó la ocasión y presentó una denuncia penal que si bien es "contra quien o quienes resulten responsables" es la primera en la que se involucra directamente al gobierno de Rubén Moreira.
Las denuncias pública y penal reavivaron el fuego sobre el gran tema pendiente que hay en Coahuila: la deuda de 36,000 millones de pesos contraída por la administración anterior encabezada por Humberto Moreira, hermano del actual gobernador, y Jorge Torres López, prófugo de la justicia estadounidense. Como se ha dicho en múltiples ocasiones, dicha deuda fue contratada en parte con documentos apócrifos y decretos falsos, sin autorización del Congreso local en lo que corresponde a créditos por 18,000 millones de pesos, cifra similar a la que no está justificada en su destino en las cuentas públicas del sexenio 2005-2011. También hicieron recordar que con todo y la investigación que llevan a cabo desde hace años los fiscales de Estados Unidos y que ha derivado en la confiscación de bienes y cuentas, el encarcelamiento del extesorero Javier Villarreal -que espera sentencia- y de Rolando González-Treviño -confeso y sentenciado-, y la imputación penal contra Torres López, el actual gobierno de Coahuila ha renunciado a esclarecer el destino que tuvieron los recursos.
A pesar de estos hechos y señalamientos, y aunque existe un discurso de compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y el CEN del PRI encabezado por Enrique Ochoa Reza decidieron cerrar filas en torno a la administración de Rubén Moreira. El miércoles pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo en Torreón con el pretexto de colocar la primera piedra de una biblioteca, en acto que, por la retórica utilizada, se leyó como un respaldo a las acciones del gobierno estatal. Y tres días después, Ochoa Reza visitó el municipio, principal bastión del priismo coahuilense, para sostener sendos encuentros con la alta estructura del partido en la entidad y con la estructura de base. En el segundo acto, realizado en el Coliseo Centenario, el mismo recinto que hace seis años sirvió de escenario a Humberto Moreira para rendir su quinto y último informe de gobierno antes de convertirse en el presidente nacional del PRI, el actual dirigente tricolor brindó su apoyo abiertamente al gobernador de cara a la elección de 2017. Un evidente cierre de filas.
Una duda legítima que ha surgido entre un sector de la sociedad civil coahuilense es por qué si el PRI nacional ha puesto la mira en los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, los tres señalados por situaciones similares a las denunciadas en Coahuila, no ha hecho lo mismo con el caso de esta entidad, que va ya para doce años con gobiernos del mismo apellido. Más allá de cualquier especulación hay un hecho irrefutable que puede esbozar una respuesta: en los tres primeros casos se trata de gobernadores de estados en donde el PRI fue derrotado en junio pasado y en donde existen por lo menos amagos de los gobernadores electos de investigar y proceder contra las administraciones salientes. En el caso de Coahuila, la elección está en puerta y dejar solo al gobernador Moreira representaría prácticamente dar por perdido el estado. Si se considera que de esta entidad salió el dirigente nacional del tricolor que hizo posible la candidatura y el posterior triunfo del ahora presidente Peña Nieto, resulta lógico pensar que más allá del tamaño del padrón electoral, Coahuila es un símbolo para el PRI que no puede darse el lujo de perder, junto con el Estado de México -con un electorado considerablemente mayor-, si pretende conservar el control de Los Pinos en 2018.
Ahora bien, se dijo en el primer párrafo que el cierre de filas con el que se cobija por ahora al gobierno de Rubén Moreira no implica necesariamente que el CEN del PRI comparta el proyecto de sucesión moreirista que recae en la figura del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme. Así es como puede leerse el hecho de que Ochoa Reza haya anunciado que la selección del candidato a la gubernatura vaya a ser por el método de consulta pública, es decir, una votación no sólo abierta a la militancia sino también a los simpatizantes del tricolor. Esto abre las posibilidades para quienes desde fuera del aparato controlado por el gobierno estatal aspiran a ser el candidato del PRI, porque no será suficiente el control de la estructura partidista y la decisión se abrirá a sectores que no están subordinados o vinculados al Ejecutivo del Estado o al ayuntamiento torreonense. Es difícil adivinar un escenario en caso de que el PRI pierda la elección, pero lo ocurrido con Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo puede dar una idea.
Si bien es cierto que existen condiciones objetivas para que, como ya ocurrió en Durango, en Coahuila se dé por fin la alternancia, no son suficientes por sí mismas para garantizar el triunfo de la oposición. El éxito o fracaso de este objetivo está en función de la fortaleza del bloque que construya el partido con mayor posibilidad de derrotar al PRI, Acción Nacional, y en la capacidad de convertir la elección en una especie de plebiscito en el que los electores independientes -y los priistas renegados también ¿por qué no?, como ocurrió en Durango- acudan a las urnas con la convicción de que lo que se vota es un "sí" o un "no" a más de lo que se ha visto desde hace una década en la entidad. Para ello, el PAN y sus aliados deben erigirse como una verdadera alternativa y saber amortiguar, en la medida de lo posible, el impacto que pudiera tener la irrupción de candidaturas de oposición simulada que sólo busquen pulverizar el voto antipriista. Por otra parte, no es descartable un escenario en el que el candidato del PRI llegue a ser alguien fuera de la esfera del moreirismo, lo cual complicaría un poco el símil de la elección con un plebiscito. De cualquier manera, es mucho lo que está en juego en 2017 y por ello es muy probable que se tengan las campañas más ríspidas de la historia de la entidad y una elección altamente competida.
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