El primero de diciembre de 2016 el moreirato cumplirá 11 años en Coahuila en medio de un proceso electoral que será altamente competido. Los dos partidos con más posibilidades de triunfo han mostrado la propuesta que, en términos generales, van a defender de cara al electorado. El PRI, que ha gobernado la entidad desde hace casi 90 años, le apuesta a la continuidad de la misma forma que el gobernador Rubén Moreira le apuesta al continuismo. En contraste, la apuesta del PAN es la alternancia y, con ello, poner fin a más de una década de moreirato. El PRI enarbola hoy las banderas de la seguridad y el empleo. El PAN, nuevamente, la del cambio y la del combate a la corrupción e impunidad. Lo que está en juego el 4 de junio de 2017 no es sólo la permanencia del PRI en la máxima magistratura del Estado, sino también la supervivencia política del régimen moreirista y sus integrantes. Más allá de las posturas propagandistas que van a asumir una vez que inicien las precampañas y campañas, es importante repasar la situación actual de la entidad en los distintos aspectos de la vida pública.
La política. Aunque con menos vigor que en el sexenio de Humberto Moreira y Jorge Torres López, el actual mandatario estatal ejerce su influencia sobre las estructuras políticas coahuilenses. Los ayuntamientos gobernados por el PRI, el Congreso local, sindicatos importantes como el magisterial, el Tribunal Superior de Justicia, algunas delegaciones federales, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y la Auditoría Superior del Estado, son entes públicos sobre los que, en distintos grados y matices, se deja sentir el peso específico del gobernador. Por otra parte, los partidos políticos se han multiplicado en Coahuila como en ningún otro estado. De los cinco que tenían registro en 2006 se ha pasado a 15 en 2016, tres veces más. Esta situación, que ha sido defendida por el régimen como una muestra de la "palpitante vida democrática" del Estado, ha beneficiado al partido en el poder, pulverizando el voto mientras maniobra en escenarios complicados en los que apenas consigue mantener su piso de electores y tejiendo alianzas para compensar las sangrías. Un claro ejemplo de ello fueron los comicios de 2013 en Torreón, en donde el candidato priista Miguel Riquelme, hoy aspirante a gobernador, logró ganar gracias a los votos de los partidos satélite. En medio de este ambiente, la oposición representada principalmente por el PAN busca construir una imagen de unidad que le ha costado mucho debido a los intereses personales, el juego desaseado de algunos de sus miembros y el desprestigio de sus figuras centrales. Con todo, el partido de la derecha es aún la única alternativa al PRI con posibilidades de triunfo.
La seguridad. Pocos problemas han sido tan manoseados electoralmente como la seguridad pública. Los opositores al régimen priista-moreirista culpan de forma exclusiva al gobierno del estado de la peor ola criminal que haya sufrido la entidad y dejan de lado la responsabilidad que pudo haber tenido el gobierno federal panista en el sexenio 2006-2012 o los ayuntamientos blanquiazules del mismo período. Por su parte, la administración priista y sus voceros tienden a acusar a la falta de apoyo y estrategia por parte del gobierno calderonista del desastre que se vivió en esos años en Coahuila. La realidad es que los mismos que hoy presumen la baja en los índices delictivos son los que, de alguna y otra forma, se encontraban en la estructura estatal cuando el hampa dominaba extensos territorios de la entidad. Por otra parte, el crimen organizado continúa teniendo presencia en tierras coahuilenses y el problema de la inseguridad no está resuelto; cantar victoria con discursos triunfalistas es sumamente arriesgado. Además, casos como los de Allende, Piedras Negras, Patrocinio y el de cientos de desaparecidos siguen abiertos, a lo que hay que sumar el constante señalamiento contra elementos policiales estatales por la comisión de abusos y violaciones a los derechos humanos.
La economía. Otro de los logros que más suele presumir el gobierno de Rubén Moreira es el de la generación de empleo. Y ciertamente, las cifras reportadas son positivas y superan incluso las metas establecidas al principio del sexenio y luego de la debacle económica ocasionada por la crisis mundial de 2008-09. No obstante, Coahuila figura todavía entre los seis estados con mayor tasa de desocupación, lo que habla del rezago que prevalece. A esto hay que sumar que la calidad del empleo que se está generando no es la óptima debido a los bajos salarios que se reportan en algunas empresas de reciente arribo. Mención aparte merece el fenómeno de la concentración de inversión privada en la región Sureste frente al rezago en zonas como La Laguna, aunque apenas en este año se comienza a ver una ligera reversión en esta tendencia con la llegada de nuevos capitales, en su mayoría asiáticos. Este desequilibrio en la inversión privada también ha tenido su reflejo en la inversión pública. Al respecto basta mencionar el rezago en materia de infraestructura urbana en ciudades como Torreón y Matamoros y en materia de servicios hospitalarios.
Las finanzas. El reverso de la moneda lo muestran las finanzas públicas, que si bien se han logrado estabilizar, continúan ahorcadas por la pesada carga de la deuda de alrededor de 36,000 millones de pesos. Llama la atención que con todo y que desde 2011 Coahuila ha pagado un promedio de 3,500 millones al año al servicio de deuda bancaria, hoy la cantidad sigue siendo prácticamente la misma con la que arrancó el sexenio y esto se debe al "descubrimiento" de otros pasivos heredados que para ser cubiertos se contrataron más créditos, sin que hasta ahora se haya transparentado al cien por ciento dichos pagos. También se mantiene en la opacidad el destino que tuvieron 18,000 millones de pesos de los créditos contratados por el gobierno anterior, en parte de forma irregular, caso sobre el cual hasta ahora las investigaciones persisten sin resultado alguno.
La pobreza. Una de las controversias más importantes que ha protagonizado el gobernador Moreira durante su sexenio es la relacionada con las cifras de la pobreza que cada dos años presenta el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El año pasado este organismo reportó que Coahuila fue una de las entidades en donde se registró un mayor incremento en el número de personas con algún grado de pobreza, a pesar de la ingente cantidad de recursos que año con año se invierten en programas para hacerle frente a este problema. La reacción del gobierno estatal fue la de cuestionar la metodología e, incluso, en coordinación con la delegación federal de Sedesol, intentar revertir los resultados "aleccionando" a los beneficiarios sobre la forma en la que deben responder a las encuestas aplicadas por el Inegi. Al final, este organismo tuvo que reconocer las fallas en su metodología.
Los escándalos. Los procesos judiciales que se siguen en Estados Unidos contra Javier Villarreal, extesorero estatal; Jorge Torres López, exgobernador interino y prófugo de la justicia estadounidense; los empresarios Guillermo Flores Cordero, Rolando González Treviño (ya sentenciado) y Luis Carlos Castillo, así como en España el de Juan Manuel Muñoz, tienen en vilo a buena parte de la clase política estatal e, incluso, nacional vinculada con el moreirato. La información que ha surgido en ambos países y las hipótesis que sostienen los fiscales norteamericanos e ibéricos apuntan a que en Coahuila operó una compleja red de corrupción que involucró presuntamente a funcionarios de alto nivel, sus familiares y empresarios de distintos rubros. La trama abarca empresas mineras, medios de comunicación, narcotráfico, crimen organizado y la sustracción de dinero del erario para invertirlo en cuentas y bienes en Estados Unidos. A lo anterior se suma el reciente descubrimiento de un esquema de pagos y facturaciones de millones de pesos a empresas que reportan domicilios en donde no hay actividad alguna y por conceptos muy distintos a los giros que desarrollan. Este caso obligó a la secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis, una de las funcionarias con mayor peso en el gobierno estatal actual, a renunciar luego de que se revelara que una de las empresas que más recursos recibió es presuntamente de ella y su marido.
Este es el escenario en medio del cual se llevará a cabo lo que será la elección más importante de la historia reciente en Coahuila. Es necesario tenerlo presente.
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