Coahuila, 'foco rojo' por crímenes de lesa humanidad

Coahuila. Abril de 2009. Los compañeros de trabajo Uribe Hernández y Alvarado Oliveros salieron una noche y no se les volvió a ver. Los testigos de una zona residencial de Torreón escucharon balazos y vieron a elementos del Ejército cerca de la camioneta de Oliveros, cubierta por impactos de bala, sacando un cuerpo inerte del vehículo y escoltando a otra persona a punta de pistola. Los fiscales federales fueron renuentes a iniciar una investigación. A pesar de que el Ejército admitió estar patrullando activamente el vecindario esa noche, y no obstante el testimonio del testigo con respecto a la intervención del Ejército, hasta principios de 2013 los fiscales federales no habían entrevistado a ningún oficial militar en relación al caso.

Por hechos como éste, la organización civil internacional Open Society seleccionó a la entidad como uno de los estados que "ha experimentado niveles significativos de asesinatos, desapariciones y tortura desde 2006", y lo incluye en su informe "Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México", que presentará hoy en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

El documento, producto de cuatro años de investigación, analiza las estrategias de seguridad durante los sexenios del panista Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y documenta crímenes considerados de lesa humanidad a escala nacional, ocurridos entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015, y atribuidos a las fuerzas federales de seguridad y el cártel de Los Zetas.

No obstante, aclara que de las 32 entidades eligió cinco para la investigación in situ de "los obstáculos a la justicia". Estas son: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca y Querétaro, donde "ha habido iniciativas notables, aunque limitadas, para buscar justicia para los crímenes atroces, mientras que otros ilustran obstáculos más amplios para la justicia en México a nivel estatal", apunta el documento.

Respecto de Coahuila, el documento advierte que en esta entidad ocurrieron en el período de estudio 370 desapariciones documentadas por organizaciones civiles. De éstas, afirma, 84.3 % corresponde a casos de hombres, a diferencia de Chihuahua, "donde parece existir un problema pronunciado de desapariciones de mujeres", atribuible a "la trata para el comercio sexual".

La investigación identifica a la entidad como parte del territorio que entre 2008 y 2011 controlaron Los Zetas, el "grupo criminal organizado más grande en México", que expandió sus operaciones en todos los estados colindantes con el Golfo de México. Entre ellos Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, así como Guerrero, Oaxaca y Michoacán en la costa del Pacífico y en la Ciudad de México.

Dice: "Si bien su base principal estaba ubicada en la región fronteriza de Nuevo Laredo y Coahuila, el grupo instauró cientos de ramas a lo largo de todo el país. Instituyó puestos de observación en los puntos de llegada como aeropuertos, terminales de autobús y carreteras principales".

Ejemplo de la operación de Los Zetas en la entidad, apunta el informe, es el caso de Allende, donde en marzo y abril de 2011 "irrumpieron, aparentemente sin resistencia del Ejército, agruparon a los civiles, demolieron sus hogares, quemaron sus negocios y secuestraron a alrededor de 300 personas, de las que no se ha vuelto a saber desde entonces".

El informe además cita a Coahuila como ejemplo de la falta de coordinación entre autoridades de todos los niveles para resolver los casos de desapariciones. En este estado, afirma, "mientras las autoridades estatales afirman que tienen una buena comunicación con el gobierno federal, las víctimas señalan que las autoridades tanto federales como estatales rutinariamente no están al tanto de las investigaciones de las otras partes; entre otras consecuencias, las familias han tenido que soportar múltiples pruebas de ADN".

Coahuila sirve también como ejemplo en el informe de las omisiones en que han incurrido las autoridades al investigar casos de desaparición forzada.

Apunta. "Incluso cuando el gobierno federal cuenta con un evidente fundamento jurídico para establecer su competencia sobre crímenes atroces, con frecuencia no lo ejerce. Este fue el caso, no sólo en la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa, sino en muchas otras. Por ejemplo, con respecto un caso de desaparición en Coahuila en 2009, en el cual según los testigos presenciales fue perpetrado por el Ejército, al rehusarse a aceptar la jurisdicción, la PGR negó la participación del Ejército sin ofrecer explicación alguna".

Aunque el documento advierte que en esta entidad los familiares de las personas desaparecidas han tenido cierto éxito en involucrar al gobierno en sus casos, "las autoridades federales eventualmente abandonaron las reuniones con familiares, la sociedad civil y funcionarios políticos y fiscales del estado".

Los funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Gobernación, por su parte, también se rehusaron a dar seguimiento a los acuerdos previos, afirma.

"Más allá de Coahuila, los fiscales y otros funcionarios a niveles federal y estatales se han opuesto a la creación de protocolos para una mejor coordinación de las investigaciones. En parte, esto se debe a una frecuente y mutua desconfianza entre las dependencias. Con frecuencia los funcionarios consideran que sus contrapartes son corruptos, cómplices de la delincuencia organizada o son simplemente arrogantes. Esta renuencia únicamente perpetúa la corrupción, colusión e ineficiencia. También incuba otras plagas fundamentales en el sistema de justicia mexicano: la politización y la desconfianza pública".

Población civil del país ha sido víctima

La investigación que hoy presenta Open Society tiene como base los criterios fijados por la Corte Penal Internacional (CPI) para la definición de los crímenes de lesa humanidad. Advierte que en los últimos nueve años la población civil mexicana ha sido víctima de una violencia "alimentada tanto por el crimen organizado como por la respuesta de mano dura por parte del Estado mexicano".

Apunta el documento: "La intensidad y los patrones de violencia cometida desde diciembre de 2006 constituyen pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por actores gubernamentales federales, como por miembros del cártel de los zetas son considerados como crímenes de lesa humanidad".

La definición tiene como base los criterios de la la Corte Penal Internacional (CPI). Al aplicarlos para el caso de México, apunta el documento, "existe evidencia de que el gobierno de México inició una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza como parte de la estrategia gubernamental de seguridad para combatir al crimen organizado".

Esta estrategia, sigue, la dirigió "contra cualquier civil que supuestamente se encontraba vinculado" al crimen organizado, mientras "reforzaba una casi completa impunidad para los funcionarios federales que ejecutaban dicha violencia", lo que implicó "la comisión de múltiples actos contra la población civil, la cual incluyó asesinatos, tortura y desapariciones forzadas".

Coordinada por James Goldston, colaboraron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y se hace un análisis detallado de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de solicitudes de información a dependencias federales, así como de reportes de organizaciones internacionales como Human Rights Watch y de oficinas de Naciones Unidas.