Aunque con una lentitud desesperante para los familiares de las víctimas, se ha ido corriendo parcialmente el velo sobre lo ocurrido en Coahuila entre 2010 y 2012, años en los que se registró la ola de violencia más terrible en la historia reciente de la entidad. En esos tres años se suscitaron hechos lamentables como las matanzas en dos bares y una quinta en Torreón; la masacre de Allende; el asesinato de decenas de personas en el penal de Piedras Negras, y la presumible aniquilación de otras tantas en terrenos del ejido Patrocinio de San Pedro. En esos tres años, Coahuila tuvo tres gobernadores: Humberto Moreira, Jorge Torres y Rubén Moreira, actualmente en el cargo. La presión ejercida por las investigaciones que se siguen en Estados Unidos sobre la presunta red de corrupción y complicidades criminales que operó en la entidad durante el sexenio anterior, y por la sociedad civil organizada, en particular por las asociaciones de familiares de desaparecidos, ha obligado al gobierno en turno a escarbar en el pasado reciente, pero lo ha hecho no siempre con la celeridad deseada ni con los resultados esperados.
Ayer fue presentado el informe "En el desamparo", realizado por investigadores del Colegio de México encabezados por Sergio Aguayo, bajo el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En dicho documento -disponible en el sitio web violenciaypaz.colmex.mx- se hace un análisis detallado de la matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y del asesinato y desaparición de familiares y amigos de supuestos traidores de los Zetas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011; así como de la actuación de las autoridades en ambos casos. El informe destaca los factores que desencadenaron estas tragedias: el control casi total que ejerció el crimen organizado en esos territorios; el enfrentamiento sangriento que sostuvieron dos cárteles del narcotráfico (Zetas y Golfo) a partir de enero de 2010; la complicidad de policías, y "la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad" de instituciones del Estado. Pero marca una diferencia en el proceder de los gobiernos estatales, ya que mientras señala una clara evasión de responsabilidades por parte de los gobernadores Egidio Torre, de Tamaulipas, y Jorge Torres, de Coahuila, del sucesor de éste, Rubén Moreira, reconoce que ha establecido políticas para intentar esclarecer los hechos y atender a las víctimas. No obstante, estos esfuerzos resultan todavía insuficientes, ya que no ha logrado "una solución integral ni la atención adecuada".
Hay dos aspectos centrales que tienen que ver con la investigación del caso Allende, investigación que, dicho sea de paso, no es graciosa concesión del gobierno sino su estricta obligación. Se trata de la lentitud con que se ha procedido en las indagatorias y de un defecto que no sólo es atribuible a la procuraduría coahuilense sino a prácticamente todas las fiscalías del país: investigan no para dar con la verdad de los hechos, sino para encontrar culpables. Las pruebas científicas, los muestreos sistematizados, las inspecciones pormenorizadas de campo son mínimas frente al valor desproporcionado que se le da a las declaraciones, con todos los vicios que éstas poseen, entre ellas y principalmente, las contradicciones. En cuanto a la tardanza en la investigación, no fue sino hasta dos años después de ocurrida la tragedia que, tras la creciente atención mediática que empezó a tener el suceso, el gobierno de Coahuila le dio al caso un tratamiento prioritario.
Otro aspecto importante es la falta de contexto de la matanza. El informe sentencia que "el expediente deja la impresión de que Allende es una república independiente", es decir, no se establece conexión alguna con acontecimientos ocurridos en otros municipios de la región y relacionados con el cártel de los Zetas, señalado como perpetrador de la masacre. Un hecho que llama la atención es que en el expediente se aborda de forma casi exclusiva la complicidad en el nivel municipal, incluso todas las autoridades citadas o detenidas son de ese ámbito de gobierno, pero poco se dice del papel que jugaron funcionarios o fuerzas de seguridad de los otros dos niveles de gobierno.
El informe reconoce el esfuerzo que ha puesto el gobierno de Coahuila en el caso Allende, en contraste con el gobierno de Tamaulipas en el caso San Fernando; no obstante, reconoce también que los acervos producto de dicho esfuerzo poseen "debilidades, omisiones y errores". Al respecto, hay un párrafo que no tiene desperdicio: "Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes -de este y otros casos- de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados". Por eso no resulta extraño que a más de cinco años de la masacre de Allende aún no se pueda confirmar una cifra de las personas asesinadas o desaparecidas. Mientras el gobierno estatal dice tener registro de sólo 42 víctimas, versiones extraoficiales hablan de 300. Al respecto, el informe "En el desamparo" menciona: "En tanto no establezcamos con mayor precisión lo que sucedió en esa y otras regiones de la entidad, seguiremos desconociendo el costo humano de unas represalias que por ahora se asocian solamente con Allende. Esa ambigüedad alimenta la idea de que hubo 300 desaparecidos en Allende".
La misma semana en la que se dio a conocer este informe recobró la atención el hallazgo de restos presumiblemente humanos en el ejido Patrocinio de San Pedro de las Colonias, al norte de La Laguna. De manera similar a lo sucedido con el caso Allende, la falta de certeza en las investigaciones, las contradicciones y las versiones encontradas impiden saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en ese lugar y cuándo. Mientras el gobierno de Coahuila asegura que no se trata de un "campo de exterminio"; que los casi 3,500 fragmentos óseos encontrados hasta el jueves pasado pertenecen sólo a tres personas según "expertos forenses" cuya identidad e institución se desconoce, y que dichos restos tienen una antigüedad de por lo menos siete años, los integrantes de Grupo Vida, familiares de desaparecidos que ante la falta de resultados institucionales han emprendido sus propios operativos de búsqueda, ponen en duda la versión oficial. Incluso, señalan que hay restos con apenas un año de antigüedad. Pero la única certeza que existe sobre este caso es que aún se desconoce qué fue lo que pasó en Patrocinio. El gobernador Rubén Moreira se ha empeñado en estos días en mostrar que para su gobierno es prioritario esclarecer este asunto. Ojalá que ahora sí haya voluntad real de buscar la verdad y no sólo el afán de dar por cerrado el asunto, como señala el informe del Colmex respecto al caso Allende.
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