Cifras. Más de 49 mil menores fueron imputados en el país, en 2014, por alguna conducta posiblemente contraria a la ley. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Coahuila ocupa el lugar número 10 entre los estados con mayor incidencia delictiva entre adolescentes, en una lista que encabeza la Ciudad de México, seguida por Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y Michoacán.
De acuerdo con el estudio "Justicia para Adolescentes en México", elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC) y presentado ayer en la Casa Lamm de la capital del país, 49,051 menores fueron imputados en el país, en 2014, por alguna conducta posiblemente contraria a la ley.
Se trata de jóvenes que desde sus primeros años fueron estigmatizados y criminalizados por el Estado, sus jueces, sus familias, los sacerdotes de la colonia o sus maestros: algunos por ser indígenas, otros por ser pobres o "chicos problema".
De acuerdo con CIDAC, 90 % de los menores que ingresaron en 2014 al sistema de justicia, fueron acusados por probables delitos de lesiones, daño a la propiedad, diferentes modalidades de robo y narcomenudeo.
En Coahuila hay actualmente 83 adolescentes en centros de tratamiento y su índice de judicialización está por encima del nacional. Si en el país, por cada 10 mil menores en un rango de edad de 10 y 19 años, hay 97 que enfrentan un proceso de impartición de justicia, en Coahuila la cifra aumenta a 313 por cada 10,000.
Angélica de la Peña, senadora del PRI y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, aseguró que el sistema de justicia tiene graves deficiencias que no permiten garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El estudio advierte que de los 46,489 menores inculpados sobre los que se reportan las edades, la mayoría tienen su primer contacto con el sistema de justicia entre los 16 y 18 años.
El contraste en las estadísticas entre los procesos determinados (42,545) y los cerrados (6,435) permite suponer que posiblemente existen y se aplican criterios de discriminación, basado en la gravedad y solidez de los casos.
Uno de los criterios a aplicar para discernir si vale la pena continuar un proceso penal para un adolescente es la gravedad de la conducta que se persigue. En este aspecto, 56 % de las conductas antisociales está tipificado como no graves.
Uno de los principales problemas para la elaboración del estudio fue la falta de información relativa a la defensa penal en el ámbito federal, destacó María Novoa, directora del Departamento de Justicia.
Según el estudio, en el país sólo 2 % de los 4,861 órganos jurisdiccionales se encuentran especializados en materia de justicia adolescente, lo que compromete el acceso a la justicia y la adecuada provisión de servicios.
La cifra de funcionarios especializados en la materia es similar: sólo 2.18 % o 978 funcionarios judiciales en todo el país.
"Es necesaria la especialización de las autoridades del proceso de justicia. Es un problema gravísimo cómo se encuentran los centros de privación de libertad, están completamente abandonados, la mayoría en condiciones denigrantes", dijo De la Peña.
Además, la mayoría de los asuntos de menores en conflicto con la ley es atendida conforme al sistema procesal tradicional.
Lo anterior implica que a la mayoría de los jóvenes se les priva total o parcialmente de los beneficios de la reforma constitucional de 2008 y, en consecuencia, de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establecen que el proceso penal será acusatorio y oral.
En lo que se refiere a procuración de justicia, de las 3,821 agencias del Ministerio Público del fuero local, sólo 3.8 % se especializan en adolescentes, y del total de personal de las agencias, 2 % está adscrito a las especializadas en adolescentes.
A menos de un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema penal acusatorio, se observa que únicamente 24.26 % de los casos ingresados se sigue conforme a este proceso.
De la Peña mencionó que en México no existe una política de prevención social del delito, ya que el Estado no ha asumido su responsabilidad de garantizar a los menores los mismos derechos que a los adultos.
De 8 mil 256 espacios reportados para recibir adolescentes, el 65 % está destinado para albergar a jóvenes que ya han recibido una resolución judicial privativa de la libertad y sólo 29 % para los que están enfrentando su proceso ante el tribunal especializado.
Por disposición de la ley, debe existir una estricta separación entre estos dos tipos de poblaciones.
Estadísticas
Coahuila es la entidad número 10 con el mayor número de adolescentes inculpados.
⇒ 245 por daño a propiedad.
⇒ 231 por lesiones.
⇒ 112 por robo a transeúnte.
⇒ 15 por otros robos.
⇒ 24 por otros delitos.
⇒ 58 por narcomenudeo.
⇒ 98 por robo a casa habitación.
⇒ 153 por robo a negocio.
⇒ 19 por violencia familiar.
⇒ 0 en incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
