Se espera que el viernes de esta semana la Cámara de Diputados vote si se debe iniciar o no el juicio contra la presidenta. (ARCHIVO)
El futuro de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está desde ayer en manos de 513 diputados, después de que una comisión parlamentaria decidió que existen razones jurídicas que justifican la apertura de un juicio político con miras a su destitución.
La decisión de la comisión integrada por 65 diputados fue tomada por 38 votos a favor y 27 en contra tras una sesión tensa, que duró casi once horas y reflejó el enconado clima político en que se ha sumergido Brasil, palpable también en la adopción de unas medidas extraordinarias de seguridad para las próximas fases del proceso.
La mayoría de los miembros de la comisión respaldó el informe elaborado por el diputado Jovair Arantes, quien aceptó que Rousseff incurrió en maniobras contables para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, alterar presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, pese a que la legislación lo prohíbe.
Se espera que el viernes de esta semana la Cámara de Diputados vote si se debe iniciar o no el juicio contra la presidenta. De aprobarse, pasará al Senado, órgano que tendrá la última palabra.
