En los últimos días el mundo es escenario de renuncias y juicios políticos de presidentes y primeros ministros por su participación (o tolerancia) en actos que ponen en tela de duda su honestidad o su capacidad para gobernar; pero en contraste en México por más escándalos de corrupción, violación de derechos humanos o incapacidad que se destapen, los principales servidores públicos permanecen tranquilamente en sus puestos.
El escándalo mundial detonado con las revelaciones de los llamados "#Panamapapers" ya tiene en su haber: la renuncia del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, tras revelarse que él y su esposa poseían empresas en los llamados paraísos fiscales; en el mismo caso se encuentra el hoy ex ministro de Industria, Energía y Turismo español, José Manuel Soria; mientras el presidente argentino Mauricio Macri es investigado por su participación en una de las llamadas offshore de su familia.
Mientras tanto, en Brasil se debate en el Congreso el posible impeachment de su presidenta Dilma Rousseff, por su participación en el maquillaje de algunos asientos contables relacionados con el escándalo de Petrobras. El año pasado, en Guatemala el presidente Otto Pérez y su vicepresidente fueron encarcelados por su participación en una red de corrupción.
Pero no son únicamente los escándalos de corrupción los que provocan las renuncias o enjuiciamientos de los altos funcionarios, también su incapacidad para atender sus responsabilidad y, simplemente como ejemplo, basta recordar la renuncia del secretario de transporte argentino, Juan Pablo Schiavi, en marzo del 2012, después del accidente ferroviario que provocó 51 muertos y más de 700 heridos.
Mientras tanto aquí en México los escándalos de corrupción y conflictos de intereses se suceden uno tras otro (la Casa Blanca de Las Lomas, que el principal contratista del sexenio Juan Armando Hinojosa Cantú le vendió en condiciones muy favorables a la esposa de Enrique Peña Nieto; la casa de Malinalco, que el mismo constructor le vendió -también en condiciones de privilegio- al actual titular de hacienda, Luis Videgaray; o la revelación de que dicho contratista tiene también sus empresas offshore).
Pero hay otros escándalos que tienen que ver con la revelación de ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos (la ejecución de 22 civiles a manos de militares en Tlatlaya; la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, por mencionar las más difundidas); y la incapacidad (aunque tampoco puede descartarse la complicidad) de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades (la cancelación de la licitación para la construcción del tren rápido México-Querétaro; la matanza de 49 reos en el Penal del Topo Chico; y la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán, del penal de alta seguridad del Altiplano, también entre las más representativas).
En el mejor de los casos, hay algunos soldados, elementos policiales y máximo funcionarios de tercer o cuarto nivel sujetos a un juicio penal; pero en la gran mayoría de los casos mencionados nadie ha sido siquiera investigado por ello o bien, si hubo algún tipo de investigación, han sido exonerados. Por supuesto, que no hay ningún alto funcionario que, al menos, haya tenido que renunciar por su responsabilidad (aunque sea meramente por su incapacidad para vigilar que sus subordinados hagan bien su trabajo), ya no se diga sujeto a algún procedimiento administrativo o penal.
En la revisión de los casos internacionales destaca que los detonadores son de tres índoles: en unos casos, institucionales, es decir, son otras instancias gubernamentales (aunque en ocasiones de otro poder) las que inician los procedimientos y en pleno uso de sus atribuciones investigan al mismo presidente: son los casos de Argentina y Brasil; en el caso de Islandia fue la reacción ciudadana, que a través de las grandes manifestaciones exigió la renuncia del primer ministro; y, en el de Guatemala, la intervención de una instancia internacional, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas.
En México, el primer camino está totalmente vetado, pues todas las investigaciones que realizan las instancias gubernamentales siempre terminan con la exoneración o sanciones ridículas para los involucrados. Basta recordar la farsa de la Secretaría de la Función Pública, en relación con la compra de la Casa Blanca o incluso las investigaciones y juicios en contra de militares por sus abusos, secuestros y ejecuciones.
El retiro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar en la investigación de los acontecimientos de Iguala, refleja que la vía internacional, tampoco funciona en México. Y, lamentablemente, las poquísimas grandes manifestaciones o protestas ciudadanas con motivo de la creciente inseguridad (las marchas por la paz o la Caravana por una Paz con Justicia y Dignidad) también han fracasado o sus resultados han sido magros o temporales.
Cada día resulta más difícil explicar cómo logran los gobernantes mexicanos salvar sin consecuencias (o con costos menores) los crecientes escándalos, tragedias, violaciones y torpezas, por supuesto en muchos de los casos mucho peores que los ya relatados que en otras partes del mundo (países con democracias más avanzadas que las nuestras, otras similares e, inclusive en algunos casos, más atrasadas) causan la caída y, en algunos casos, el encarcelamiento de sus principales dirigentes.
Lo único cierto es que la única que puede detonar la solución es la ciudadanía y, a juzgar por lo que hoy sucede en Nuevo León, no será exclusivamente a través de las llamadas candidaturas independientes; se requieren acciones más decididas y permanentes.
