La captura en España de un supuesto empresario de Coahuila, al que se le vincula con la acusación abierta en contra de Humberto Moreira por lavado de dinero y delincuencia organizada, ofrece un nuevo episodio en la trama criminal que pone a nuestro estado y país en los titulares de la nota roja internacional.
De acuerdo a la información disponible, el personaje en cuestión de quien se dice es propietario de estaciones gasolineras en la ciudad de Torreón, habría vendido combustible robado de los oleoductos de Petróleos Mexicanos, por una banda delincuencial que según la acusación recibió protección del gobierno de Moreira.
Cuestionado sobre el particular por la prensa nacional, Moreira insiste en que es inocente de los cargos y amenaza con demandar a quienes lo señalan, sin embargo, el acusado en su día ejerció el Poder Ejecutivo en el Estado de Coahuila, por lo que de entrada le es imputable la responsabilidad política que lo obliga a dar una explicación respecto al desempeño de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia, durante los años de su gestión como gobernador.
La "ordeña" y tráfico ilícito de combustible robado existen a ojos vista; los muertos y desaparecidos en todo el Estado de Coahuila han sido contabilizados con números oficiales que el propio moreirato reconoce; en el poblado de Allende fueron arrasadas trescientas viviendas y sus ocupantes asesinados o desterrados; en el penal de Piedras Negras operó un horno crematorio en el que fueron incinerados doscientos cadáveres. Los gobernadores Moreira el anterior y el actual, están obligados a ofrecer una explicación y resultados satisfactorios respecto a las investigaciones realizadas en torno a tales crímenes, sin que sea válido que se deslinden como si nada hubiera pasado o como si no fueran los titulares del poder político que con singular despotismo han ejercido durante los últimos diez años.
Por lo que hace al lavado de dinero, sobre las espaldas de los coahuilenses pesa una deuda contraída durante el sexenio de Humberto Moreira por treinta y seis mil millones de aquellos pesos, que se desvanecieron sin que hasta la fecha el moreirato haya rendido cuentas, por lo que ninguna de las acusaciones que la justicia española imputa a Moreira y cómplices en la investigación de que se trata son extrañas a nuestra realidad, ni los españoles se chupan el dedo.
Por otra parte, el gobierno español no anda por el mundo buscando enemigos del tamaño de Moreira, ni Moreira y sus esbirros fueron invitados a sentar sus reales en la Madre Paria. Hace cuatro años que el exgobernador llegó a España provisto de dinero a manos llenas que le ha permitido tejer redes en ambientes judiciales y políticos, lo que ha sido visto por el gobierno español como una amenaza desde la perspectiva de la delincuencia internacional. Esto es una realidad que debe avergonzar al gobierno y al pueblo de México, en función de que Moreira campea a nivel global precisamente con dinero de los coahuilenses y en virtud de la impunidad de que goza en nuestro país.
Moreira pone al gobierno de Enrique Peña Nieto en un dilema escabroso, porque el Presidente tiene que decidir entre aplicar la ley a quien fue un importante aliado en su carrera como precandidato de su partido hacia Los Pinos, o seguir plantando la cara frente al gobierno español, ante quien ha llevado la defensa de lo indefendible hasta el umbral del conflicto diplomático.
Las autoridades de la península detectan implicaciones narcopolíticas en la presencia de Moreira y socios, y actúan a la defensiva en un escenario de inestabilidad en el que a los afanes separatistas de los catalanes, se suma la dificultad que vive hoy día el sistema político español para consolidar un gobierno de mayoría. La liberación de Moreira el mes de enero pasado fue un fiasco, que puso de manifiesto que el expresidente nacional del PRI ha conseguido cómplices en los círculos judiciales ibéricos y que la cancillería española desea evitar un conflicto mayor con el gobierno mexicano, sin embargo, la expectativa de justicia persiste porque la Fiscalía mantiene abierta la investigación, y muestra su voluntad de combatir a la red criminal tejida en territorio español por la Conexión Coahuila.
Entre tanto los coahuilenses seguimos siendo presa del moreirato. Es indispensable que generemos un amplio acuerdo social y político que nos permita sacudirnos a los Moreira y su banda en las elecciones del año próximo, porque de ello depende el futuro de nuestros hijos y nietos.
