Un agridulce sabor de boca deja la aprobación del paquete de reformas para la creación del sistema nacional anticorrupción, una iniciativa que movilizó a más de 600,000 ciudadanos convocados por el sector patronal. Aunque se trata de avances no vistos hasta ahora en materia de combate a la corrupción en México, la sensación que ha dejado en el sector de la sociedad más informado sobre el tema es que no sólo está incompleto, sino que puede resultar a la postre contraproducente en algunos aspectos.
Dentro de los aspectos positivos a considerar destaca una tipificación específica de delitos relacionados con la malversación, el soborno y el enriquecimiento ilícito, sólo por citar tres ejemplos, así como nuevas o mayores penalidades para quienes desde el sector público o privado incurran en actos de corrupción. También es de resaltar la ampliación de facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el encargado de sancionar las conductas desviadas de los funcionarios.
Sin embargo, las reformas quedan a deber en varios aspectos. Uno de ellos, tal vez el principal, es que si bien se avala la creación de la primera Fiscalía Anticorrupción, ésta carecerá de autonomía, ya que dependerá de la Procuraduría General de la República. A los ojos de los especialistas, esta situación significa que no habrá garantía de que ante una denuncia contra el presidente o funcionarios de primero o segundo nivel se proceda con independencia y que estos actos terminen convirtiéndose en una simulación.
Por otra parte, el corazón de la propuesta impulsada por Coparmex no sólo quedó incompleto, sino que se revirtió en detrimento del sector empresarial. La llamada iniciativa “3 de 3” contemplaba la obligatoriedad de que los funcionarios publicaran tres declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses. La idea era que la sociedad pudiera conocer el monto de los bienes que posee un servidor público, si paga sus impuestos correctamente y si cuenta con alguna relación con empresas que pudieran ser proveedoras o contratistas del gobierno.
Pero los legisladores del PRI y del Verde rechazaron el principio de máxima publicidad y dejaron a criterio de los funcionarios qué sí y qué no quieren que se dé a conocer. Pero no sólo eso. También aprobaron que, por el contrario, sean los empresarios que aspiran a ser proveedores y contratistas quienes estén obligados a presentar sus tres declaraciones, incluso todos aquellos ciudadanos que reciban recursos públicos. Esta actitud fue asumida por la Coparmex como una venganza por la exigencia de un sector de la sociedad que ahora solicita al presidente Enrique Peña Nieto vete lo aprobado.
Después de lo observado la semana pasada, queda para la reflexión que una propuesta surgida de un interesante ejercicio ciudadano con el objetivo de fortalecer las instituciones y la confianza pública, terminó por ahondar aún más las diferencias entre la llamada clase política y el sector más crítico de la sociedad.
