El debate sobre las iniciativas de ley que darán forma al sistema nacional anticorrupción ha entrado en un punto muerto en el Senado de la República. Las dos posturas hasta ahora expuestas parecen irreconciliables. Por una parte está el frente PAN-PRD, que retoma la llamada propuesta “3 de 3” de organizaciones de la sociedad civil y agrega puntos importantes. Por la otra está el bloque PRI-PVEM, que rechaza varios aspectos de la propuesta ciudadana y plantea modificaciones menos “agresivas”. A escasos días de que concluya el período ordinario de sesiones, el tema sigue siendo uno de los grandes pendientes de la agenda nacional.
Hablar sobre la importancia de acotar los espacios para la corrupción puede ser redundante en un país en el que los escándalos se dan prácticamente todas las semanas. Pero más allá de los casos sonados que se llevan los titulares y concentran los comentarios en las redes sociales, el impacto que tiene la corrupción en México es de suma consideración.
De acuerdo con datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), este flagelo le cuesta al país lo equivalente a entre 2 y 4 por ciento del Producto Interno Bruto, unos 342,000 millones de pesos. Pero otras mediciones, como la del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), apuntan a un costo de hasta 1.5 billones de pesos, es decir, 9 por ciento del PIB. De los 34 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra en el nada honroso primer lugar en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 realizado por la asociación Transparencia Internacional.
La gravedad del problema de la corrupción es que termina por impedir que otros problemas se resuelvan. La inseguridad pública y la impunidad en la procuración de justicia encuentran en ella su alimento para crecer. La pobreza se ha arraigado en parte por la mala utilización de los recursos públicos en los programas asistenciales. Las deficiencias en la infraestructura tienen su origen en parte en actos corruptos que derivan en la entrega de contratos y concesiones.
Ningún sector escapa de este lastre. Gobiernos, congresos, jueces, partidos políticos, sindicatos, empresas, ciudadanos. En cualquier nivel existen ejemplos, y muchos. Pero si bien es cierto que en todos los ámbitos es posible encontrar enquistada a la corrupción, es en la función pública en donde debe comenzar a combatirse para de ahí imponer un poderoso ejemplo que ayude a abrir nuevos frentes.
Y es precisamente ahí donde se encuentra la parte más controvertida de la discusión actual sobre el sistema anticorrupción. Ampliar el manto de la transparencia; fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas; estimular la denuncia, y crear una fiscalía autónoma con las suficientes facultades para investigar y proceder contra quienes incurran en actos deshonestos, son los grandes derroteros que no todos en el Congreso están dispuestos a asumir. El problema es que avanzar en esa dirección sería apenas el comienzo. Y si el arranque es débil, los resultados tardarán mucho más de lo esperado.
