Corrupción e impunidad en AL
En los próximos días, una jueza debe determinar si acepta la solicitud de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, acusado de ocultar su patrimonio y fraguar documentos oficiales con respecto a un tríplex en el balneario de Guarujá.
Además, el Ministerio Público federal lo investiga en un grave caso de corrupción relacionado con Petrobras, con el que Lula se habría beneficiado con algunos de los millones de dólares con los que las empresas constructoras pagaban sobornos a los jefes de la compañía petrolera estatal y a los políticos del gobierno para hacerse con los contratos. El caso le valió a Lula una declaración compulsiva ante la Justicia el viernes pasado, mientras que su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, enfrenta un proceso de destitución.
En Buenos Aires, el próximo 13 de abril Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, deberá sentarse frente al juez federal Claudio Bonadío para declarar en el marco de una investigación sobre una compleja estafa al Estado argentino mediante la compra de dólares a futuro.
En Bolivia, la policía detuvo el lunes 29 de febrero a la jefa de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, que está acusada de haber dejado que Gabriela Zapata, examante del presidente boliviano Evo Morales, con quien procreó un hijo de quien hoy no se sabe si está vivo, participara de supuestas reuniones con empresarios y obtuviera réditos económicos. Zapata, quien hasta hace una semana era gerente comercial en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering -que firmó contratos por 566 millones de dólares-, también está presa.
De este modo, los líderes latinoamericanos que luego del año 2000 inclinaron a la izquierda la política sudamericana ven hoy amenazados sus legados en medio de escándalos de corrupción y del cambio de una generación que parece estar llegando al viejo modo latinoamericano.
"Todos estos casos demuestran un exceso de concentración de poder en los sistemas presidencialistas", dice la abogada Natalia Volosin, especialista en control de la corrupción, con una maestría en la Universidad de Yale. "El sistema de Argentina se conoce académicamente como 'hiperpresidencialista'". El nombre no es menor: los estudios econométricos muestran la relación causal entre estos sistemas y los casos de corrupción.
En Sudamérica, el sector de compra pública de los Estados aporta entre 10% y 15% del PIB total. Y según estimaciones, 20% de los contratos suelen estar destinados a sobornos. "Es el sector que ofrece más oportunidades de corrupción", señala Volosin.
"El entramado de los fondos públicos se mezcla con la recaudación sucia de la política", expone Guillermo Jorge, desde el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés, en Argentina. "Pero hay diferencias: en Brasil hay una alta demanda por un cambio de estado de las cosas. Los fiscales son jóvenes, nacidos en democracia, y no toleran que Petrobras financie la política. En Bolivia debemos tener en cuenta la cultura aymara antes de juzgar. En Argentina no veo una demanda clara de parte de la ciudadanía en torno a temas de corrupción: se convive con vicepresidentes procesados y jefes de bancada de diputados con causas penales. Hay un adormecimiento".
BILLÓN
De dólares pierden los países pobres al año por la corrupción, según Transparencia Internacional.
El panorama en Centroamérica
La corrupción política en Centroamérica emerge con un amplio menú de maniobras de lavado de dinero, tráfico de influencias, defraudación tributaria, sobornos, asociación ilícita, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, malversación de fondos y abuso de poder y una larga lista de delitos de una trama que exhibe variadas modalidades de la delincuencia común, el crimen organizado y las mafias de "cuello blanco".
Ya sea infiltrados en instituciones estatales como influyentes y decisivos nexos con cúpulas gobernantes, en partidos políticos o compañías privadas y todas sus ramificaciones, los operadores de la corrupción mueven teclas esenciales de un negocio de dos vías: vender o comprar favores en los más altos estratos de poder.
Aunque la corrupción arrastra a mandos bajos, medios y altos, un factor crucial en Centroamérica es la presunta complicidad presidencial. De 42 hombres y mujeres que gobernaron en el istmo de 1990 a 2016, 17 están o fueron cuestionados por irregularidades con recursos públicos durante o después de sus gestiones. Son los costarricenses Rafael Ángel Calderón (1990-1994), José María Figueres (1994-1998) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002); los panameños Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), Mireya Moscoso (1999-2004) y Ricardo Martinelli (2009-2014); los salvadoreños Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014); los hondureños Rafael Callejas (1990-1994) y Manuel Zelaya (2006-2009); los nicaragüenses Arnoldo Alemán (1997-2002), Enrique Bolaños (2002-2007) y Daniel Ortega (1985-1990); y los guatemaltecos Jorge Serrano (1991-1993), Alfonso Portillo (2000-2004) y Otto Pérez Molina (2012-2015). De los 17, sólo Pérez está preso y espera juicio como supuesto jefe de la red criminal "La Línea"- que ejecutó una defraudación aduanera-. Pérez dimitió e interrumpió su gestión que debía concluir en 2016, en un caso que llevó a prisión a otros jerarcas de su gobierno, incluyendo a la hoy exvicepresidenta Roxana Baldetti, e involucra a centenares de empresarios.
En Costa Rica, Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez estuvieron encarcelados y fueron sentenciados a prisión, pero apelaron y ganaron en instancias superiores. En un caso de soborno, Figueres se autoexilió en el exterior desde 2004 y retornó a tierras ticas a finales de 2011, con las causas judiciales extinguidas. Por peculado, desobediencia y enriquecimiento ilícito con el manejo de unos 15 millones de dólares donados por Taiwán, Flores esperó juicio, tuvo casa por cárcel desde 2014, pasó varios días en prisión en 2015 y, de nuevo en arresto domiciliario, sufrió un derrame cerebral y murió el 30 de enero de este año. Los procesos contra Saca y Funes apenas empiezan. En Guatemala, Portillo estuvo preso en diversas etapas desde 2010, fue extraditado por lavado de dinero y otros delitos a Estados Unidos en 2013 y quedó libre en febrero de 2015. "Se llevaron a Alí Babá y nos dejaron a los 40 ladrones", dijo el abogado Miguel Bernal, catedrático de Derecho de la Universidad de Panamá.
