La versión de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, también conocida como la Ley 3 de 3, que la Cámara de Senadores mandó a la de Diputados esta semana fue notoriamente trunca.
La Ley 3 de 3 en que el sector privado ha insistido desde hace varios meses hasta el grado de recoger 630,000 firmas en toda la República respaldándolas con reiteradas marchas en toda la República disponía exigir publicidad por parte de elementos del Sector Público de tres declaraciones, a saber los ingresos, patrimonio registrado y mención de los intereses susceptibles de crear conflicto al atender las funciones del funcionario.
No se trata de invadir la privacidad del funcionario o legislador. En el clima de corrupción que todo lo anega, se tiene necesidad, y para ello se ejerce un derecho ciudadano, de haber públicos tales datos. Este elemento crucial fue eliminado del texto por los Diputados en una serie de votaciones en el Plenario del Senado.
En efecto, el texto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que ahora regresa a la Cámara de Diputados, dejó insatisfechos a los promotores ya que las tres declaraciones mencionadas no se presentarán bajo el principio de máxima publicidad.
Por otra parte, la Cámara de Senadores, con función revisora en este proceso, tomó la decisión de aceptar la versión recortada que recibía de los Diputados, pero adicionándola con la disposición de que toda persona física o moral que reciba recursos públicos o que celebre contratos con los tres niveles de gobierno presente sus declaraciones patrimonial, de interés y la fiscal.
La reacción de los senadores fue clara. Si la intención que animaba el proyecto de ley anticorrupción e impulsado por los empresarios era la de asentar la responsabilidad del Sector Público en cuanto a la corrupción que se extiende por todo este sector, había que considerar muy desequilibrado el proyecto de los diputados. Debía aprovecharse la ocasión para enviar un mensaje claro a los particulares, que son ellos los que comparten con los funcionarios las culpas y que éstas no debía quedarse sólo en el campo de los funcionarios que aceptan o provocan los desvíos e irregularidades.
A fin de compensar la tesis de los empresarios que en las entidades oficiales es donde hay que combatir la corrupción, le resultó fácil a la Cámara revisora aceptar la propuesta de Manuel Cárdenas Fonseca, Senador Independiente, para señalar que, al igual que con los funcionarios de las entidades públicas, una alta probabilidad de delito radicaba en los empresarios.
Es natural que el sector privado directamente afectado por esta nueva versión de la Ley reaccionó vehementemente. De inmediato se organizó este viernes una indignada manifestación una de las glorietas del Paseo de la Reforma de la ciudad capital.
La batalla pues, no tardó. Unos senadores insistirán en que la corrupción es necesariamente bilateral. La respuesta de la Confederación Patronal, iniciadora de la iniciativa 3 por 3, es que se busca terminar con la tolerable corrupción que anida en el Sector Público. La corrupción de que son víctimas los empresarios difícilmente se les puede atribuir culpa a éstos.
El argumento del Senado es el que hay, por ejemplo, un amplio surtido de contratistas y empresas constructoras privadas que han resultado notoriamente deshonestos y que ellos también deben ser disciplinados por la proyectada legislación.
La realidad es que esos casos, no pocos si se quiere, se dan gracias al ambiente a todo nivel de las instituciones públicas, sean federales, estatales y municipales, sean en las secretarías y organismos paraestatales. La obra pública está particularmente percudida. No sólo están a la vista de todo el país, las construcciones defectuosas, las no terminadas o abandonadas, y el desvío de presupuestos oficiales y la consecuente pobreza nacional. La acusación que se pretende enderezar a a los empresarios es falaz.
El Sistema Nacional de Anticorrupción tiene que ser eficaz y no una cancha de acusaciones cruzadas. El asunto fue ampliamente debatido entre Juan Pardinas y Pablo Escudero en el programa de Denisse Maerker.
En cuanto a la publicidad de las declaraciones estipuladas en la Ley 3 de 3, el PRI y el PVEM se coludieron para que se desechara. Este resultado fue particularmente rechazado por el PAN y el PRD.
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