Las diferencias y la tensión entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crecieron en la semana: primero, la Procuraduría General de la República inició una averiguación previa en contra del Director Ejecutivo del organismo internacional producto de una denuncia presentada por una organización de la sociedad civil mexicana; y al inicio del mes de abril, el viernes 1, violó el acuerdo que tenía con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y se adelantó para dar a conocer el informe preliminar del tercer dictamen sobre la posibilidad de un incendio en el basurero de Cocula.
El primer informe del GIEI sobre los resultados de su investigación sobre lo ocurrido con en Iguala con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre del 2014, detonó las diferencias entre las dos instancias, pues el documento descalificaba la llamada "verdad histórica" de la PGR respecto a lo ocurrido en Iguala.
Pero las diferencias y la tensión se incrementaron con el informe preliminar de la visita en pleno de la CIDH, en el que ratificaron la crisis de derechos humanos que vive el país. El gobierno mexicano argumentaba que los integrantes de la Comisión generalizaban situaciones particulares de algunas zonas del país, particularmente lo que sucede en Guerrero, sin embargo, el informe definitivo de dicha instancia reiteró lo ya afirmado en su primera exposición.
Lamentablemente, para el gobierno mexicano, dichos informes eran coincidentes con los que antes habían emitido dos instancias de la ONU: el relator sobre la tortura, Juan Méndez; y Alto Comisionado de Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, lo cual debilitó la posición del gobierno mexicano.
A partir de ese momento la estrategia del gobierno cambió y se dedicó a tratar de desprestigiar a los integrantes del GIEI y a la misma CIDH, lo que se recrudeció la semana pasada con los dos eventos ya señalados.
La acusación presentada por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A. C., José Antonio Ortega, por el delito de fraude por las cantidades de un millón 250 mil dólares y dos millones de dólares, en total 3 millones 250 mil dólares, en contra de Emilio Álvarez Icaza, es tan frívola, temeraria e infundada que ni siquiera se percató que el dinero que el gobierno mexicano entregó al organismo internacional para cubrir los gastos del GIEI durante su misión en suelo mexicano fue entregado directamente a la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo cual el secretario ejecutivo no administró dichos recursos.
En segunda instancia el denunciante finca sus afirmaciones en la integración mismo del GIEI, señalando que se designó a personas no probas, lo cual tampoco fue facultad de Álvarez Icaza, sino de un acuerdo con el gobierno mexicano, por lo cual es corresponsable de la integración. Precisamente por ello la CIDH emitió un comunicado tan enérgico en contra de la decisión de la PGR de admitir la denuncia e iniciar la integración de una averiguación previa.
A pesar de que había un acuerdo de que los resultados del peritaje del grupo de expertos de fuego, se darían a conocer hasta que hubiese un consenso entre el GIEI y la PGR, ésta última convocó el viernes 1 de abril a una conferencia de prensa, en la que el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, y el vocero del grupo colegiado, Ricardo Damián Torres, los dieron a conocer sin conocimiento previo del GIEI.
El informe de estos expertos afirma que sí hubo fuego a gran escala en dicho lugar; que encontraron restos de, al menos, 17 personas, aunque algunos evidentemente no corresponden a los normalistas como prótesis dentales; y, que también constataron la existencia de circunstancias que permiten establecer que las declaraciones de los testigos que afirman que allí los incineraron son verosímiles. Aunque también se dejó claro que todavía faltan pruebas para poder confirmar que efectivamente en dicho lugar fueron calcinados los 43 normalistas.
Sin embargo, la sola confirmación de que sí hubo fuego y de dimensiones suficientes para haberlos calcinado, era un golpe certero al primer informe del GIEI y eso era precisamente lo que requería la PGR y el gobierno mexicano, para continuar su labor de desprestigio, por lo mismo no esperaron a tener los resultados de informes concluyentes o a consensar la declaración con los integrantes del GIEI, como era el acuerdo.
Ciertamente la posibilidad de que haya existido o no fuego en el basurero de Cocula es un elemento central en las diferencias entre el GIEI y la PGR y, sin duda, el más mediático y contundente para desacreditar cualquiera de las dos investigaciones; pero no es la única y el gobierno mexicano pretende ignorar sistemáticamente las que tienen involucran al Ejército y la Policía Federal en los lamentables acontecimientos.
Hoy en la prioridad del gobierno mexicano es simplemente desacreditar el informe del Grupo de Expertos de la CIDH, pues de esa forma prevalecerá su verdad histórica y eso también les permitirá cuestionar el otro informe de la Comisión, que desnuda la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país. En estos momentos lo único que importa es la imagen, no la realidad y, en ese sentido, el gobierno aprovechó el informe del grupo de expertos en fuego para reposicionarse, sin importar lo grave de la crisis de derechos humanos que se vive en el país.
