Según Cristina Gómez, “Gabriela todo lo partidiza. A todo le busca sacar raja mediática mediante el escándalo, aunque quede en evidencia con sus verdades a medias cuando la desmienten públicamente”. (FERNANDO COMPEÁN)
La síndica de Mayoría, Cristina Gómez Rivas, declaró que trabaja para integrar una propuesta en la que se determine el mecanismo para fijar los topes de las fianzas que deben presentar tanto el tesorero como otros funcionarios municipales que manejen caudales públicos de manera que se cumpla el artículo 102 del Código Municipal que establece esta regla.
Al mismo tiempo, Gómez Rivas dijo “lamentar el 'agandalle' que hizo la síndica de Vigilancia, Gabriela Casale Guerra, al criticar públicamente la falta de las fianzas para dar cumplimiento a este requisito cuando ella también es parte del Ayuntamiento en quien recae la obligación de trabajar el respecto".
Según Cristina Gómez, “Gabriela todo lo partidiza. A todo le busca sacar raja mediática mediante el escándalo, aunque quede en evidencia con sus verdades a medias cuando la desmienten públicamente”.
Dijo que “ e sorprenden las declaraciones de Gabriela Casale, quien en vez de sumarse para trabajar sobre el tema de las fianzas, prefiere llevar el tema a los medios bajo una supuesta preocupación”.
Respecto a la manera de cómo proyecta integrar la propuesta, expresó que de los avances que se tienen hasta ahora es que ningún municipio de la entidad atiende este punto del Código Municipal.
“El principal problema para dar cumplimiento al artículo 102 numeral 5 capítulo 9 del Código Municipal, es decidir por qué cantidad en efectivo o en bienes muebles o inmuebles se debe establecer la fianza del tesorero; en qué porcentaje y en función del presupuesto municipal o el caso de una cajera o funcionarios de segundo nivel también qué monto se les fijaría”.
Casale Guerra criticó este jueves que el tesorero Enrique Mota Barragán está fuera de la Ley porque no ha proporcionado la fianza, según lo establece el Código Municipal en su artículo 102. Éste indica la obligación de que tanto el tesorero como todos los que manejan recursos públicos presenten una garantía como medida preventiva para asegurar el buen manejo de éstos.
