Este próximo 6 de octubre, estaremos celebrando el octogésimo aniversario del Decreto del 6 de octubre de 1936, cuando siendo Presidente de la República el general Lázaro Cárdenas del Río se dio inicio al proceso de expropiación de las haciendas y el reparto de tierras a los campesinos laguneros. Gómez Palacio, fue elegido para ser el municipio donde se entregarían las primeras posesiones, en cumplimiento del acuerdo presidencial para resolver los graves conflictos ocasionados por los abusos cometidos en la mayoría de las haciendas laguneras. El sábado 17 de octubre por la tarde, el licenciado Gabino Vázquez, Jefe del Departamento Agrario, representante y operador del presidente Lázaro Cárdenas, entregó las primeras dotaciones de tierras en la hacienda "Los Ángeles", propiedad del señor Enrique Marroquín, quien convino en otorgar a los campesinos 324 hectáreas de riego, 116 de terreno eriazo, más el casco de la hacienda, que tenía una extensión de tres hectáreas. En el mismo evento, se les entregaron las tierras a campesinos de la hacienda "Venecia", cuya propietaria era la señora Francisca Luján de Suinaga.
A pesar de que la Revolución Mexicana modificó radicalmente el escenario político del país, la lucha armada no lesionó gravemente la estructura económica de los terratenientes, ni sus procedimientos arbitrarios, ya que continuaron manteniendo a la clase campesina en el mismo papel de peones acasillados, sujetos a condiciones de vida miserable y con escasas expectativas de superación, como era la constante de las viejas haciendas porfirianas. Esa terrible marginación, propició en la región lagunera de Durango, el estallido de la histórica huelga de los trabajadores de la hacienda de Manila, misma que inició a las 5 de la mañana del día 11 de junio de 1935. Se reclamaba el respeto a la titularidad del contrato laboral, afectado por un fallo injusto de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado y el incremento del salario de 0.75 centavos diarios a $ 1.50 pesos, con una jornada de trabajo de ocho horas. El Juez Primero de Distrito de Torreón, Licenciado Arturo Martínez Adame, un funcionario probo y valiente, les otorgó un amparo declarando válida la huelga que duró 32 días, y se generalizó a otras 107 haciendas, con el apoyo de miles de obreros laguneros y de la gente del pueblo, lo que en esencia desencadenó el reparto agrario de 1936.
Era tanta la tensión social generada entre el campesinado, que sin contar con ninguna protección seguía explotado inicuamente por parte de los hacendados, lo que fue provocando una rebeldía que se manifestaba constantemente en sus demandas de dotaciones de tierra. Recordaban con desencanto, que el propio presidente de la República Francisco I. Madero recibió en audiencia el 15 de noviembre de 1911 a los generales maderistas Calixto Contreras Espinoza y Severino Ceniceros, acompañados de varios de sus correligionarios, quienes representaban a los pueblos de Ocuila, Pasaje, Santa Clara y Peñón Blanco, Durango, quienes le solicitaron formalmente el reparto de tierras para los campesinos de esa región. El presidente Madero se negó a la petición, argumentando con mucho enojo, que en ningún momento ofreció afectar a los hacendados, sino solo restituir las tierras que se les habían despojado a los campesinos, y la devolución se daría solo mediante un juicio legal. La reunión terminó violentamente, regresando los mencionados totalmente decepcionados, después de haber entregado todo al movimiento armado. La política social implementada por Madero, lo condujo a un conflicto de graves consecuencias con Emiliano Zapata y Pascual Orozco, quienes lo acusaron de haber traicionado los ideales que motivaron al pueblo a levantarse en armas.
Por su parte, los latifundistas continuaban con su ofensiva contra la reforma agraria, encontrando apoyo en el Presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez y también de Plutarco Elías Calles, jefe político y militar de facto, quienes dieron entrada a las propuestas de evitar afectar a las haciendas y negando la recepción a las solicitudes de tierra, promoviendo la creación de los Distritos Ejidales, que eran territorios alejados en los que se proponía reubicar a los campesinos en nuevos centros de población, pero fuera de cualquier propiedad de los terratenientes. El 12 de marzo de 1934, en un acuerdo tomado entre los agricultores de La Laguna con el presidente Abelardo L. Rodríguez durante una reunión que sostuvieron en la hacienda de las Vegas, en un banquete ofrecido por la Cámara Agrícola, se concretó la ejecución del Código Agrario en mención, para lo cual ofrecieron comprar las tierras alejadas de las haciendas para asentar a los solicitantes, con la condición de que fueran peones de las mismas. De esa forma se adquirieron en Coahuila los terrenos de los distritos de Gilita y Hornos, y en la parte de Gómez Palacio, los de "El Zorrillo", donde se inició el confinamiento de los solicitantes, el 30 de noviembre de 1934, que era precisamente el día que Lázaro Cárdenas tomaba posesión como presidente. Para la zona que le correspondía a Gómez Palacio fueron trasladados ejidatarios de los poblados: Marta, Palo Blanco, Santa Clara, San Francisco de Horizonte, Madrid y Las Huertas. Este mañoso paliativo fraguado por los hacendados en contubernio con distintos niveles de gobierno, obviamente no resolvió el problema nodal de justicia social y distribución de la tierra, con las injustas condiciones que los poderosos imponían a los trabajadores y peones acasillados, solamente provocaron mayores contradicciones sociales, detonando ásperas reacciones del campesinado.
Los agravios recurrentes de los hacendados y la desesperación de los campiranos, motivaron la respuesta contundente del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río con el decreto de expropiación de todas las haciendas laguneras. A pesar de que muchos de sus propietarios se defendieron esgrimiendo el recién creado Código Agrario que los protegía, de nada les valió. Al contrario, la amenaza era latente, o cooperaban pacíficamente con la entrega del excedente de las haciendas, o no se les reconocería su derecho a contar con una pequeña propiedad de 150 hectáreas de tierra, además de cancelarse cualquier posibilidad de luchar por alguna indemnización. El golpe fue demoledor y la resistencia casi nula y sin futuro. A partir del decreto del 6 de octubre de 1936, en el que se dotó de ejidos a los campesinos de la región, en nuestro municipio se crearon múltiples comunidades ejidales, siendo establecidos los nuevos asentamientos junto a los cascos o construcciones principales de las haciendas expropiadas, otorgando superficie para usufructo colectivo de los nuevos ejidatarios, en tanto que a los hacendados se les respetó su límite de tenencia de 150 hectáreas.
El proceso de expropiación de las haciendas fue radical. El general Cárdenas, quien permaneció 35 días en la región, envió un informe a la nación desde el Teatro Isauro Martínez de Torreón, Coah., diciendo que consideraba el reparto agrario concluido y que en 45 días se entregaron dotaciones a 221 núcleos de población (que llegarían a 290 en poco tiempo), beneficiando a 28,503 ejidatarios con 114,814 hectáreas de tierra de riego y 128,526 de pastos. En su diario dejaría plasmados pensamientos fundamentales del que se toman algunas anotaciones, a saber: Las dotaciones de todos los peones de las haciendas y ranchos fueron acordadas en virtud de que en ninguna propiedad se cumplía con la ley en los derechos que asisten al "peón acasillado"; Por hoy se da el impulso mayor que ha sido posible a favor del campesino y de la economía del país.
Es conveniente hacer una reflexión a 8 décadas de aquel trascendental movimiento cardenista, que requirió de un enorme esfuerzo político y de la visión de un gran estadista, para hacerle frente a un problema de tal envergadura, que nunca había sido enfrentado por ningún gobernante debido a las presiones extremas que debía enfrentar quien lo intentara. El gobierno norteamericano reclamaba un pago expedito por expropiaciones de tierra a los súbditos de su país; los terratenientes pedían la restitución de sus propiedades, además de la exigencia del pago de una inmensa deuda agraria que tendría que gravitar sobre el pueblo por muchas décadas. El presidente Cárdenas en su discurso dirigido a los terratenientes afectados por el reparto agrario, les pidió que hicieran con verdadero fervor de patriotismo y sentido humanitario, un examen de la situación y explotación a que sometieron a los campesinos en las tierras que ocupaban, diciéndoles que: "… de alta moral y verdadero cariño a los intereses de la Patria, sería que los mexicanos hicieran renuncia de la indemnización que pudiera corresponderles por la afectación de las tierras. De proceder así, la Nación podrá sentirse muy orgullosa de la comprensión y patriotismo de sus propios hijos".
La solicitud, realizada en momentos de apremio para el gobierno, apelando a la buena voluntad de los propietarios de tierras, abrió la puerta a una negociación con los interesados. Los terratenientes, ya daban por perdidas sus propiedades afectadas, y la petición del presidente les dio la posibilidad de asegurar las tierras que les quedaban, pues éstas continuaban siendo las más ricas, de mayor calidad de suelos y con la mejor infraestructura de irrigación, por lo que decidieron protegerlas de nuevos repartos. Los terratenientes cedieron sus derechos de indemnización, pero sólo a cambio del compromiso presidencial de detener todo movimiento de reparto agrario. Así se lo hicieron saber los terratenientes laguneros al gobernador de Durango, de origen gomezpalatino, Enrique Calderón. A cambio, el gobierno federal, y desde luego el estatal, se comprometieron a no acceder a nuevas ampliaciones y/o dotaciones y a entregar los certificados de inafectabilidad a las propiedades que les restaban. De esa forma se concluyó la reforma agraria en La Laguna, terminando por clausurar los propósitos de nuevos demandantes que pudieran surgir. En su mensaje de año nuevo de 1939, el gobernador Calderón citó: "Por mi conducto, el presidente Cárdenas expresa a los expropietarios de terrenos rústicos que cedieron en beneficio de la nación las indemnizaciones agrarias que les correspondían, su calurosa felicitación por su patriótica actitud, y su agradecimiento por su desinteresada colaboración con su gobierno y el ejecutivo a mi cargo".
Así de una manera somera, tratamos de explicar la formidable dimensión de éste asunto. Baste decir que las tierras laborables de la Comarca Lagunera, pertenecían a unos 275 terratenientes, mientras que ahora hay varios miles de pequeños propietarios, ejidos y comunidades agrarias, que tienen la posibilidad de contribuir al desarrollo de México y, sobre todo, disfrutan de justicia plena, gracias a la apasionada labor de un gran mexicano, el general Lázaro Cárdenas del Río.
(ramlom28@hotmail.com)
Bibliografía: Cuadernos de la Crónica Municipal de Gómez Palacio.- El Cardenismo en Durango, Historia y política regional 1934-1940 Pável Leonardo Navarro Valdez.
