Esta semana el gobierno de Enrique Peña Nieto llega a su cuarto año arrastrando pesados lastres y en medio de un contexto de incertidumbre. Lejanos se observan hoy los acuerdos políticos que permitieron en el primer tercio sacar adelante las reformas económicas, mismas que hasta ahora no han podido desplegar todos los beneficios prometidos, y el oficio mostrado para diversificar una agenda pública monopolizada por el tema de la inseguridad. Mucho dice de este sexenio que de cara al último tercio los temas que dominan nuevamente la agenda son la economía y la seguridad.
Varios factores se han conjugado para poner a México en una situación de alta vulnerabilidad económica. La caída de los precios del petróleo, la volatilidad del tipo de cambio, el inesperado triunfo de Donald Trump y los inminentes cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte son los espesos nubarrones que anuncian una tormenta de grandes magnitudes. El gobernador del Banco de México anunció hace unos días que es inminente que la economía nacional sufrirá un “choque profundo” en 2017, por lo que el país debe prepararse para amortiguarlo. Los recortes que desde 2015 se han venido aplicando al presupuesto parecen apenas “mejorales” para una enfermedad que se antoja más grave y que ha comenzado a mostrar peligrosos síntomas como la inflación y la desaceleración.
En materia de seguridad, desde la primera mitad del presente año ha quedado manifiesto que la captura -y recaptura- de los llamados peces gordos del narcotráfico no ha sido suficiente para disminuir la violencia en las calles y carreteras del país. Los últimos meses hemos visto como, uno tras otro, los records de homicidios se rompen en el sexenio con casos tan graves como el de Guerrero, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, y otros que antes no figuraban como Zacatecas y Guanajuato. Tan sólo entre el domingo y lunes de la semana pasada se registraron 67 asesinatos, una cifra no reportada para un período de 24 horas en todo lo que va del sexenio.
Aunado a los dos problemas citados está la corrupción, que sigue haciendo mella en el erario y en la confianza de los ciudadanos. Y no sólo se trata de los múltiples casos de gobernadores y exgobernadores acusados de desfalcar a sus entidades, sino también de municipios y el propio gobierno de la República, que ha sido señalado constantemente por conflictos de interés. En parte esta desconfianza ha llevado a la población a aumentar su desaprobación hacia el desempeño del presidente y, en general, de la llamada clase política, cuando se trabaja para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se encuentra atorado por la falta de acuerdos de los partidos en puntos como la designación del fiscal.
Este es el panorama que enfrenta Enrique Peña Nieto en la transición al último tercio de su sexenio. Lo más preocupante es que hasta ahora de su gabinete no han salido las señales que indiquen que quienes gobiernan están a la altura del desafío de plantar cara a lo que viene y de aplicar las medidas adecuadas para evitar que México agudice sus problemas. Los tiempos exigen actuar con prudencia, responsabilidad y audacia como mínimo.