Alentados. Organizaciones civiles esperan que la Ley 3 de 3 pueda ser corregida en el Congreso. (ARCHIVO)
Organizaciones de la sociedad civil consideraron que el veto parcial del presidente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas es un avance, coincidieron en que no es suficiente si no se incluye la declaración de los funcionarios públicos.
Julián Mejía, titular de Renacer Lagunero, consideró que esto es un avance, pero evidencia que hubo un descuido y malicia por parte de las fracciones priistas en la Cámara de Diputados y de Senadores a la hora de pervertir y distorsionar el sentido original de la iniciativa.
"No solamente noto malicia, sino también incompetencia, porque estuvo mal redactado el documento y eso le generó al presidente una posición difícil frente al empresariado, una iniciativa injustificable", dijo.
Patricia Vargas Bryan, presidenta de Participación Ciudadana 29 (PC29), señaló que a pesar de que Enrique Peña Nieto pidió al Congreso una serie de modificaciones al artículo 32, por tener medidas excesivas y que van contra los Derechos Humanos de los proveedores del Estado, dejo pasar "por la libre" el artículo 29, donde se harían públicas las declaraciones de los funcionarios.
"El país se está cayendo a pedazos y el origen de todos los problemas que tiene es la corrupción, seguimos sin ver intención en el Gobierno federal de enderezar el barco", manifestó, "no hay un plan a futuro y desde la raíz para revertir este problema, pero claro, ése tendría un gran costo político, pero lo que no han logrado entender desde Los Pinos es que esa factura ya se la está cobrando la ciudadanía, y muy cara".
Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, consideró que el Ejecutivo propone con este veto modificaciones que fortalecen al Sistema Nacional Anticorrupción y su operatividad.
"La propuesta resultaba excesiva, en donde, además de las personas físicas o morales que celebren contratos con alguno de los tres niveles de gobierno deban rendir sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, también lo tengan que hacer las personas que laboren en alguna compañía contratante", manifestó.
"Resultaría inoperante procesar millones de declaraciones y se estaría afectando de forma excesiva la vida privada y la protección de datos", indicó.
Zamarripa pidió no politizar un asunto clave como éste, como ha ocurrido en muchos casos al tratar los temas de transparencia y rendición de cuentas.
"Los cambios deben contribuir a atacar la corrupción", expresó.
Por su parte, Manuel González Salinas, presidente de la Coparmex Laguna, en unidad a lo externado por Coparmex Nacional, dio la bienvenida y celebró el anuncio de veto al artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a otros 15 artículos de la misma Ley.
"Recordamos que el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción y del espíritu de la denominada Ley 3 de 3 es que el país cuente con una estructura que permita evitar y, en su caso, castigar el mal uso de los recursos públicos. La Ley aprobada volvía inoperante al SNA ante la imposibilidad de procesar millones de declaraciones de empresarios, trabajadores y beneficiarios de programas gubernamentales", explicó.
Señaló que analizarán todo el documento, a fin de que el Sistema realmente cumpla con las expectativas ciudadanas originales.
"Toca al poder legislativo hacer su tarea, esperamos que la realice con la sensibilidad que amerita el tema", expuso.
