Remitida. El auto de formal prisión ya había sido emitido en contra de una mujer de la Policía Federal.
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), obtuvo del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Iguala, auto de formal prisión contra cuatro servidores públicos federales por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura.
Ello, derivado de un video que circuló en redes sociales en donde se observan golpes, maltrato y asfixia en contra de una mujer de nombre Elvira Santibáñez Margarito.
"El auto de formal prisión se obtuvo luego de que el juez de la causa consideró suficientes los elementos presentados por la SEIDF para acreditar la probable responsabilidad de los procesados, en la comisión de actos de torturas, en agravio de la mencionada víctima". detalla la PGR en un comunicado a medios de comunicación.
Previamente, el auto de formal prisión ya había sido emitido en contra de una mujer de la Policía Federal, cuya orden de aprehensión fue cumplida por elementos de la División de Investigación.
"En virtud de que solicitaron la ampliación del término constitucional, este día se dictó auto de sujeción a proceso en contra de dos elementos más del sexo masculino de la misma corporación", refiere, la PGR.
Además, el juez de la causa también dictó también formal prisión contra dos integrantes del Ejército Mexicano, por su presunta participación en la comisión del delito de Tortura.
URGE ADMITIRLA COMO PRÁCTICA COMÚN
Más que ofrecer disculpas, el Gobierno federal debe reconocer que la tortura es una práctica generalizada, señaló ayer la organización Human Rights Watch (HRW).
En un pronunciamiento, señaló como insuficiente la respuesta del secretario de la Defensa Nacional sobre los actos de tortura contra una mujer por parte de militares y policías federales que fueron difundidos en un video.
"El Gobierno debería reconocer que estos abusos tienen carácter generalizado y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia", indicó la organización.
