Dejará Apple decisión al Congreso

Apple Inc. alegará ante una jueza federal esta semana que la disputa con el FBI sobre la decodificación de un iPhone debe ser dirimida por el Congreso, y no decidida por un tribunal.

Apple también argumentará que la solicitud del gobierno federal para ayudar a intervenir un iPhone en un caso de terrorismo es inadecuada bajo una ley de 1789 que se ha utilizado para obligar a las empresas a brindar ayuda a la policía en investigaciones. Un abogado de Apple, Theodore J. Boutrous Jr., adelantó algunos de los argumentos que presentará la empresa en el caso. El director general de Apple, Tim Cook, también hizo alusión a la estrategia judicial de la compañía en comentarios escritos recientes.

Los esfuerzos de la empresa trasladarían el candente debate político entre los derechos digitales a la privacidad y los intereses de seguridad nacional al Congreso, en donde Apple -una de las empresas tecnológicas más respetadas del mundo- posee mucho mayor influencia. La compañía gastó casi 5 millones de dólares el año pasado para cabildear al Congreso, especialmente en asuntos fiscales y de derechos. Legisladores clave se han dividido abiertamente al respecto sobre si las demandas del gobierno en el caso son excesivas.

La juez Sheri Pym, de California, le ordenó la semana pasada a Apple crear un software especializado para ayudar a que el FBI interviniera un teléfono bloqueado que era propiedad del condado y fue entregado al perpetrador de un tiroteo masivo en diciembre pasado en San Bernardino, California. Syed Farook y su esposa, Tashfeen Malik, mataron a 14 personas durante un festejo navideño del trabajo en un ataque que, al menos parcialmente, estuvo inspirado en el grupo extremista Estado Islámico.

"El gobierno realmente busca presionar a que las cortes hagan lo que no han podido convencer al Congreso a que haga", dijo Boutrous.

"Eso significa darle una mayor autoridad con el fin de ayudar al Departamento de Justicia para intervenir dispositivos, de tener una puerta trasera para ingresar a los dispositivos, y la ley simplemente no otorga esa autoridad".