Los casos de violaciones a los Derechos Humanos por parte de fuerzas integrantes del gobierno se han convertido en una especie de fantasma para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Dentro y fuera del país, los señalamientos, las críticas y la preocupación respecto a lo que pasa en México, en este sentido se han ido acumulando al grado de convertirse en un estigma incómodo para el primer mandatario. A donde quiera que va surgen las dudas y comentarios sobre la capacidad de las instituciones mexicanas para no sólo respetar los Derechos Humanos de la población, sino también de ser garantes de los mismos. En los últimos días, desde distintos frentes, el gobierno de la República ha sido inquirido en torno a este tema.
Mientras el presidente se encontraba de gira oficial por Europa, en México se reveló un video en el que se muestra un caso de tortura cometido contra una mujer por parte de dos elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. Ante el hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció la participación de sus efectivos en el acto e informó que se encontraban presos y a disposición del Ministerio Público Federal, situación similar a la que enfrenta el agente federal. Más allá de las dudas razonables que quedan por resolver y las disculpas inéditas ofrecidas por el Ejército, el caso puso una vez más en relieve el problema de la tortura, práctica que, según organismos internacionales de Derechos Humanos, sigue siendo común de las fuerzas del orden en este país.
En la misma semana, el caso Iguala volvió a desatar polémica luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelara que existen indicios de que por lo menos dos policías federales participaron en la desaparición de hasta 20 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos” la noche del 26 de septiembre de 2014. El dato representa un viraje en la trama ya que hasta hace unos días sólo habían sido involucrados policías municipales en los hechos. Por otra parte, la falta de contundencia en las pruebas y las opiniones encontradas de quienes han participado en la investigación han impedido que la herida cicatrice y se llegue a saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió aquella noche.
La preocupación de las naciones desarrolladas sobre lo que sucede en México en materia de Derechos Humanos quedó de manifiesto en los sendos discursos de la canciller de Alemania, Ángela Merkel y el primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, anfitriones del presidente Peña durante su visita a ambos países. La primera ofreció ayuda al gobierno mexicano para resolver el caso Iguala. El segundo habló de los problemas de las desapariciones de personas y las agresiones contra periodistas. No obstante, la voz internacional más dura vino del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que presentó su informe global anual sobre los Derechos Humanos en el mundo, en el que se establece que durante 2015 México continuó con graves y numerosas violaciones, y puso el acento en los casos en los que han participado elementos de las fuerzas armadas y las policías de distintos niveles de gobierno.
Como es posible observar, son numerosas las voces que advierten que México no sólo no ha logrado frenar los atentados contra los Derechos Humanos, sino que éstos se han ido incrementando ante la pasividad del gobierno mexicano. Es por eso que resulta urgente que casos como Iguala, Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán se esclarezcan fehacientemente, que todos los responsables sean llevados ante la ley, y que sirvan de lección con el objetivo de que se tomen las medidas necesarias para evitar que los abusos y violaciones sigan formando parte de las prácticas comunes de las fuerzas del orden.
