Mientras nos enteramos que la violencia en el país sigue creciendo a niveles superiores incluso que el sexenio anterior; que poco menos de la mitad de los mexicanos gana entre 4 y 10 dólares al día (¡menos de 200 pesos!), y que esos mismos mexicanos podrán comprar aún menos debido a que la inflación ha comenzado a dispararse por primera vez en cuatro años, los escándalos por endeudamientos excesivos e injustificados y los malos manejos financieros en los estados continúan apareciendo.
Los casos más recientes son Durango y Puebla que se suman a una lista de 11 estados en donde existen señalamientos de diversa índole, pero que apuntan a un solo problema: corrupción. Cuando más de un tercio de los estados de la República, gobernados en su mayoría por el PRI y algunos por el PAN y el PRD, registran procesos de descomposición política y financiera, es bastante ingenuo hablar de casos aislados. Estamos nuevamente frente a un problema sistémico del que, dada la cantidad y gravedad de los casos, es posible comenzar a trazar ciertos patrones, marcar sus causas como vértices y repasar posibles soluciones.
¿De qué estados y montos estamos hablando? Recientemente el portal Político.mx publicó una relación muy sintética de los señalamientos contra gobernadores y exgobernadores en los últimos 12 años, relación que a continuación retomo con algunos agregados.
Baja California: enriquecimiento ilícito y peculado por 113 millones de pesos (mdp). Colima: mal manejo de recursos por 2,000 mdp. Michoacán: desvío de recursos por 4,000 mdp. Guerrero: desvío de recursos por 8,000 mdp. Durango: irregularidades en cuentas públicas, deuda estatal y otros pasivos por 19,000 mdp. Sonora: deuda estatal, fraude fiscal y lavado de dinero por 23,000 mdp. Quintana Roo: enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias por 24,000 mdp.
La lista sigue con Coahuila: deuda estatal y contratación de empresas 'fantasma' por 40,000 mdp. Nuevo León: deuda estatal y ejercicio indebido de funciones por 65,000 mdp. Tamaulipas: deuda estatal y lavado de dinero por 72,000 mdp. Chihuahua: deuda estatal y enriquecimiento ilícito por 80,000 mdp. Veracruz: deuda estatal, desvío de recursos y creación de empresas 'fantasma' por 115,000 mdp. Puebla: sobreejercicios, deuda estatal y otros pasivos por 150,000 mdp.
En total, estamos hablando de la friolera de más de 600,000 mdp, es decir, casi la misma cantidad del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social para 2017. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que estos estados llegaron a tal situación? Revisemos algunas causas presentes en mayor o menor medida en todos los casos.
Los sistemas de transparencia son, en general, aún incompletos y poco amigables con el ciudadano. La rendición de cuentas efectiva es prácticamente inexistente, sobre todo en aquellos estados en donde el partido que gobierna tiene mayoría en el congreso local. El poder de los gobernadores suele ser desmedido y sin contrapesos. Los órganos de fiscalización y procuración de justicia carecen de autonomía nominal y real. Aunque se tengan leyes precisas o adecuadas, éstas no se aplican o, en el mejor de los casos, se aplican de forma discrecional, por conveniencia o revancha política.
Por otra parte, los partidos de oposición juegan papeles marginales cuando no son comparsas del poder vigente. La denuncia por parte de la oposición, cuando la hay, suele estar cargada de motivaciones electorales que, lejos de contribuir a resolver los problemas expuestos, terminan sólo por manosearlos con fines distintos al esclarecimiento de los casos y al castigo de los responsables. La fiscalización federal es insuficiente y sin consecuencias de peso, salvo el escarnio público que sólo incrementa el cinismo político. La incipiente sociedad civil organizada en los estados suele ser débil y dispersa, con intereses muy distintos como para formar un frente común sólido.
Además, el control de recursos económicos, humanos y materiales les brinda a los gobernadores la posibilidad de tejer redes de complicidades en la iniciativa privada e, incluso, en una parte de los medios de comunicación. Y cuando no se consigue esa complicidad, los gobiernos de las entidades utilizan mecanismos de coerción como las amenazas, el espionaje, la descalificación, el desprestigio o, en casos extremos, el ataque directo. Bajo este ejercicio del poder, la vida pública y política de un estado termina acaparada por la oficina del titular del Ejecutivo.
Ahora bien, ¿cuáles son las propuestas que se han hecho para evitar estos desastres estatales derivados de la falta de controles y contrapesos? Crear más leyes o reformar las existentes, pero muchas veces a iniciativa de los propios gobernadores y con la finalidad de aparentar que algo se está haciendo sin que se creen los instrumentos necesarios para que dichas leyes en verdad se apliquen. Formar consejos ciudadanos que terminan siendo inoperantes o meras simulaciones para la legitimación del poder debido a su carácter exclusivamente consultivo, muy controlados desde las oficinas gubernamentales.
Más recientemente se ha creado el Sistema Nacional Anticorrupción con el cual se pretende establecer una mayor vigilancia desde el capital de la República. Es decir, nuevamente la visión centralista se impone ante la incapacidad de la sociedad de las entidades de crear sus propios mecanismos de control, o como si el gobierno federal estuviera exento de cuestionamientos. Curioso que en una República que se presume federal las soluciones que se plantean por lo regular siempre van en sentido contrario al espíritu de su conformación.
Esto nos lleva a intentar plantear una visión distinta. ¿Por qué no trabajar por fortalecer la autonomía de los municipios dándole un mayor peso a la ciudadanía en el gobierno? ¿Por qué no acotar de una vez por todas el poder del gobernador arrebatándole el control -de iure y de facto- de los órganos de fiscalización, contraloría y procuración de justicia? ¿Por qué no reformar la constitución para abrir más espacios de participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones de los gobiernos locales y estatales?
¿Por qué no fortalecer el sistema de rendición de cuentas con el aumento de sanciones a quienes se nieguen a responder preguntas tan básicas como, por ejemplo, adónde fue a parar el dinero de la deuda? ¿Por qué no dar cabida a instrumentos legales de control ciudadano como el referéndum, la revocación de mandato y el plebiscito? ¿Por qué tener que soportar hasta el final a un gobernador que para lo último que usa su poder es para servir a la ciudadanía?
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