Con diferencia de tres meses, los cuatro municipios de la zona metropolitana de La Laguna renovaron sus ayuntamientos hace casi tres años. Este hecho abrió una oportunidad sin precedentes para empatar las agendas de los gobiernos locales en ambos lados del río Nazas. Por primera vez la construcción de una agenda metropolitana parecía un anhelo alcanzable en una región en donde el calendario electoral mantiene ocupada y distante a toda la llamada clase política local. Los ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo fueron renovados en septiembre de 2013. Los de Torreón y Matamoros, en enero de 2014. Entonces, las expectativas eran altas en cuanto a coordinar esfuerzos para impulsar el desarrollo del área conurbada e igualar normativas en las cuales no tienen sentido las diferencias.
Bajo el liderazgo del alcalde de Torreón, la ciudad más grande de La Laguna, se llevaron a cabo reuniones para definir y dar forma a una agenda común. Producto de ello fueron el reglamento de movilidad, aprobado por los cabildos de las cuatro ciudades con el fin de establecer una política única en materia de tránsito; y el reglamento de alcoholes, con el cual se buscaba principalmente aplicar el mismo horario de venta de bebidas embriagantes y de funcionamiento de bares y cantinas en toda la zona metropolitana. Pero hasta aquí alcanzó el ímpetu inicial. Muy pronto los desacuerdos surgieron, las agendas particulares se impusieron y los planes conurbados quedaron relegados. Incluso los pasos dados en la normatividad fueron revertidos con cambios que posteriormente los cabildos del lado de Durango le hicieron a los reglamentos.
Uno de los temas principales en donde se requiere una coordinación metropolitana es el de la seguridad pública. Mientras los delincuentes pueden actuar con facilidad prácticamente en cualquier lugar del área conurbada, las policías municipales y estatales se ven limitadas por un asunto de jurisdicción. Cuando las corporaciones locales se vieron rebasadas o infiltradas por el crimen organizado, no quedó otra opción que solicitar la intervención directa del Ejército Mexicano. Para ello se creó el Mando Especial de La Laguna, una figura castrense con el mandato temporal de pacificar una región tomada por los cárteles de la droga, y con la facultad de operar en ambos lados del límite estatal de Coahuila y Durango. No obstante, la distancia evidente que existe entre los gobernadores de ambos estados ha impedido el mejoramiento de la coordinación de los mandos civiles estatales y municipales para poder enfrentar al hampa cuando desaparezca el Mando Especial. Y aunque en tres ocasiones se ha intentado formar una policía metropolitana, hasta ahora los resultados han sido infructuosos.
El fracaso en la creación de una agenda común también es evidente en el apartado de obra y servicios públicos. Ahí está el puente Cárdenas-Falcón sobre el lecho seco del Nazas, motivo de discordia y retraso entre los gobiernos de ambos lados. O el Segundo Periférico -tan necesario en estos momentos que el primero se encuentra cortado en su circulación debido a una falla en un paso superior-, vía que ha sido terminada en la parte de Coahuila, no así en la de Durango, y para la cual falta además la construcción de un puente que conecte a ambas entidades. Situación similar enfrenta el bulevar Laguna, rúa que se planeó como un periférico sur, pero que sólo quedó en algunos tramos. En cuanto a áreas verdes y esparcimiento, desde la pasada administración estatal de Coahuila se proyectó un Metroparque en el lecho seco del río, sin embargo hasta ahora sólo se ha construido una mínima parte del lado de Torreón.
El desencuentro más reciente es el que tiene que ver con el transporte público, un servicio que actualmente es, con sus matices, ineficiente y costoso para el usuario de cualquier ciudad de la región. Mientras que del lado de Coahuila se ha dado inicio ya con la obra del Metrobús, del lado de Durango se dijo que tal y como está planeada no es viable, por lo que habrá que esperar al próximo gobierno estatal para ver si se sube al proyecto, ya que hay que recordar que, contrario a lo que pasa en Torreón y Matamoros, el servicio en aquella entidad depende del Estado. Por si fuera poco, continúa la rivalidad entre las bases de taxis de ambos lados del río y, por absurdo que parezca, es posible que un usuario se tope todavía con que el chofer de una unidad de Torreón le informe que no puede entrar a Gómez Palacio, o viceversa.
Si en estos aspectos tan básicos no ha sido posible llegar a un acuerdo, mucho menos se puede esperar que las autoridades de los cuatro municipios se sienten a dialogar para conformar un instituto de planeación metropolitano, es decir, como deben ser los institutos de planeación en las conurbaciones de dos o más ciudades. Cada vez que se toca el tema, los funcionarios locales asumen una postura celosa que no deja cabida a ningún tipo de entendimiento. Bajo esta lógica de desarticulación es explicable que tampoco se haya podido crear un centro de monitoreo ambiental regional que permita la creación de un indicador de medición de la calidad del aire en tiempo real para toda la zona metropolitana.
Otra muestra clara de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades municipales para defender los intereses de la ciudadanía a la que dicen representar, es que no han exigido hasta ahora contar con voto, además de voz, en el comité técnico en donde se deciden y planean los proyectos a desarrollar con recursos federales del Fondo Metropolitano. Son los gobiernos estatales, a 250 kilómetros de distancia de aquí, los que dictan qué se hace o qué no se hace con ese dinero. Y muchas veces ese dinero se utiliza para tapar los huecos de los presupuestos estatales incluso en obras que no tienen impacto metropolitano alguno, que se supone es el objetivo del fondo.
Es lamentable que una oportunidad de oro se haya perdido por la cortedad de miras y los intereses particulares de quienes gobiernan las entidades y los municipios. En Durango ya están en marcha las campañas. En Coahuila habrá elecciones en 2017, luego en 2018 otra vez. Y en 2019 nuevamente en Durango. Y así la agenda electoral será, como siempre, lo principal para los gobernantes y sus aspiraciones. Dicho con mayor claridad, nada va a cambiar desde arriba. Sólo queda esperar que desde la ciudadanía surja el impulso necesario y suficiente para obligar a los gobiernos, del partido que sea, a atender de una vez por todas los problemas metropolitanos con una visión metropolitana. Si no es así, no será.
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