En los últimos meses se ha ido aterrizando poco a poco la Reforma Energética, llamada la “madre de todas las reformas” emprendidas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El paquete de cambios constitucionales y leyes secundarias aprobado por el Congreso de la Unión entre diciembre de 2013 y julio de 2014 representó a grandes rasgos la conclusión del control único del Estado ejercido durante 78 años en las tareas de explotación, producción, distribución y venta dentro de la industria energética. En términos prácticos, se puso punto final a los monopolios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero, ¿qué significa esta apertura del sector estratégico nacional a la iniciativa privada para el consumidor, el ciudadano de a pie?
La semana que acaba de terminar, la empresa Gulf, pionera en la venta de gasolina al menudeo, anunció que a partir del verano de 2016 comenzará a operar varias estaciones de servicio en las 18 ciudades principales de la país con una proyección a tres años de hacerse con el 25 por ciento del mercado. La compañía estadounidense es la primera en llegar a México tras el anuncio que hizo el presidente Peña Nieto de adelantar la autorización para la libre importación de gasolina y diesel con fines de venta directa; en vez de 2017, las medidas entrarán en vigor en abril de este año. No obstante, los costos de importación impiden de momento que el precio de los combustibles, como debería ocurrir en un esquema de libre oferta y demanda. Es decir, en el paisaje urbano ya no sólo se verán gasolineras de Pemex, pero el consumidor seguirá pagando lo mismo, al menos en una primera etapa.
En enero pasado, se puso en marcha el Mercado Eléctrico Mayorista, lo cual significa la apertura a la iniciativa privada de la distribución y venta de electricidad a los grandes consumidores. La CFE ya no será la única empresa que tenga la facultad para realizar estas labores. Si bien esto representa un beneficio para la gran industria, que es la mayor consumidora de electricidad y que ahora podrá escoger a la compañía que más le convenga, dicho beneficio no alcanza por el momento a la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que emplean a la mayoría de los trabajadores, y al consumidor doméstico, quienes continuarán siendo abastecidos por la Comisión, prácticamente con las mismas tarifas. Frente a ambos escenarios, es válido cuestionar: ¿cuándo observarán los ciudadanos en sus bolsillos las publicitadas bondades de la Reforma Energética?
Los datos financieros más recientes de Pemex y CFE permiten esbozar una respuesta. Las pérdidas de ambas empresas productivas del Estado se incrementaron en 2015 en comparación con 2014, alcanzando incluso niveles nunca antes vistos. Esta situación, aunada a la deuda, los bajos precios del crudo, la volatilidad en el tipo de cambio, el desgaste de la infraestructura instalada, los recortes presupuestales y la pesada carga de la burocracia sindical, no dejan mucho margen al optimismo. Ni Pemex estaría en condiciones de competir en un eventual régimen de bajos precios de gasolina y diesel, ni CFE de disminuir considerablemente sus tarifas al microconsumidor puesto que también entrará en competencia en el mercado mayorista y tendrá que compensar.
El único beneficio real hasta ahora es el de la inyección de capitales nuevos a la economía nacional, lo cual no es poco, pero para que tenga un impacto también real debe traducirse en un aumento en la captación de impuestos y de inversión de los mismos. Sin embargo, los altos niveles de ineficiencia y corrupción existentes en México impiden visualizar un escenario en el que esos recursos puedan ser distribuidos e invertidos en obras y servicios que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población. Así, pues, las ventajas de haber terminado con el monopolio energético aún son asignatura pendiente para el ciudadano de a pie.
