La detención del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por las autoridades españolas para enjuiciarlo por su presunta participación en delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho, exhibe la complicidad (pues resulta increíble que sea incapacidad o negligencia) de las autoridades mexicanas para proteger a los políticos corruptos.
En México no se castiga la corrupción, lo que no se perdona es el desafío al presidente, aunque en algunos casos haya sido en etapas previas; así el corrupto que apoya y es leal al monarca tricolor en turno, puede disfrutar de su riqueza sin ningún problema; pero aquel se enfrentó al elegido o disintió con él en algún momento de su carrera política y muestra en su historial político algún pequeño flanco por el cual se le pueda detener y enjuiciar, puede estar seguro que así sucederá.
Si, en algún sexenio ha sido evidente esta lógica es en el presente. Así, el gobierno federal se encargó de encerrar a Elba Esther Gordillo, ex lideresa del sindicato de maestros y líder del Partido Nueva Alianza, precisamente por haber desafiado al priismo y al mismo presidente; o tolerar la prisión y enjuiciamiento del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, por no haber sido parte de su equipo.
En contrapartida, Moreira gozaba de la protección presidencial y no se le molestaba por más que en Estados Unidos, se aportaban elementos ciertos, precisos e irrebatibles del involucramiento de Moreira en actos delictivos, en los juicios contra Héctor Javier Villarreal, tesorero de Coahuila en el gobierno de Moreira, y de Rolando González Treviño, cómplice del ex gobernador.
Moreira es de alguna manera, el precursor de los escándalos de corrupción del actual gobierno federal, pues fue precisamente Enrique Peña Nieto quien lo encumbró a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en marzo del 2011, para que le despejara el camino rumbo a su candidatura única a la Presidencia de la República; lo cual cumplió a cabalidad, antes de que estallara el escándalo de la gran deuda pública en la que dejó su estado, que obligó al entonces precandidato de unidad del tricolor a prescindir de sus servicios.
Sin embargo, ni el gobierno federal ni Moreira contaban con el hecho de que serían las autoridades de España, donde Moreira radicaba temporalmente por motivo de sus estudios de posgrado, los que se encargarían de encarcelarlo y enjuiciarlo. Así el coahuilense se convierte en el primer ex gobernador mexicano que es enjuiciado por las autoridades españolas por desviar recursos del erario mexicano; pero no es el primer ex gobernador perseguido en el extranjero, pues ya están los antecedentes de dos ex gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quiénes tienen denuncias pendientes de atender en el vecino país del norte.
A juzgar por estos antecedentes el lugar más seguro para los políticos mexicanos corruptos, siempre que gocen de la protección presidencial, es México. Aquí pueden estar seguros que la justicia mexicana se encargará de desestimar todas las evidencias incriminatorias que se difundan, por más contundentes que sean, y de desechar todas las denuncias que se presenten en su contra.
En cambio, hoy ya ubicaron dos países a los que deben evitar viajar, aunque sea únicamente para vacacionar, siempre que hayan realizado cualquier tipo de transacción comercial, inmobiliaria o financiera: Estados Unidos y España.
Los ex gobernadores de Tamaulipas son perseguidos en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con los cárteles del narcotráfico, pero también porque producto de ello, ellos o sus prestanombres adquirieron propiedades en su territorio: Villarreal, el ex tesorero de Coahuila, tenía depósitos y propiedades con valor, de al menos 8.8 millones de dólares, que tuvo que entregar al gobierno norteamericano para quedar libre; al ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, le incautaron 2.8 millones de dólares depositados en una cuenta en las Bahamas y se encuentra prófugo de la justicia; y Rolando González Treviño, enfrenta un juicio en libertad, tras depositar una fianza de 500 mil dólares y entregar en garantía un predio en San Antonio de 1 millón de dólares, tras admitir que transferencias de 1.8 millones de dólares a sus cuentas en Estados Unidos fueron producto de una asociación delictuosa que encabezaba Moreira.
A Moreira lo detuvo la justicia española por haber recibido transferencias por 218 mil dólares en sus cuentas en España, durante el periodo de un año para sufragar su estancia en dicho país. Y aunque él argumentó que dichos fondos provenían de empresas suyas, el magistrado desestimó sus explicaciones porque no justificaban "el monto recibido ni los ingresos en efectivo por elevados importes ni las relaciones personales que se desprenden de las observaciones telefónicas practicadas".
En todos los casos los montos involucrados son apenas una mínima porción de los recursos desviados del erario público, pero fueron elemento suficiente para que las autoridades norteamericanas y españolas les iniciaran los juicios en su contra. En el caso de Moreira, la cantidad puede bastar para que el ex gobernador, eventualmente purgue una sentencia de más de 11 años de cárcel.
Las evidencias son irrebatibles: el combate a la corrupción no es un asunto de leyes, sino de voluntad; y segundo, el lugar más seguro para los corruptos políticos mexicanos es su propio país, aquí sí pueden disfrutar de los placeres que pueden comprar con su dinero mal habido, en cambio en los países donde sí prevalece el Estado de Derecho pueden ser detenidos, juzgados, sentenciados y privados de su libertad.
