Ayotzinapa. La Policía Federal detuvo a tres hombres relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes.
La Policía Federal (PF) detuvo en Iguala, Guerrero, a tres personas más relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, informó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales.
En rueda de prensa, detalló que se trata de Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, de 28 y 19 años, respectivamente, y Mauro Taboada Salgado, de 40 años, todos ellos presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
"Según las investigaciones, estos sujetos estarían involucrados en la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa", indicó.
"En esa ocasión los dos primeros habrían recibido a los jóvenes por parte de elementos de la Policía Municipal de Iguala".
Bernabé Sotelo, agregó, presumiblemente estaba a cargo del armamento del grupo delictivo del que formaba parte.
A Taboada, en tanto, se le atribuye estar involucrado, o ser el principal responsable, en el homicidio del normalista Julio César Mondragón, quien fue desollado.
Al momento de la detención, explicó Sales, "Bernabé (Sotelo) llevaba consigo una maleta que contenía un arma larga, con cargador abastecido de 20 cartuchos útiles, mientras que Cruz portaba un arma corta en la cintura, al igual que Taboada".
Informó que los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, donde obran investigaciones en su contra.
Sales remarcó que se puso al tanto en primer término a los familiares de los normalistas desaparecidos sobre las detenciones.
Según la versión oficial de lo ocurrido esa noche, 43 jóvenes fueron retenidos por policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Esa versión fue cuestionada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso desde marzo pasado. Actualmente, una unidad especial de la fiscalía mexicana analiza otras líneas de investigación para hallar la verdad sobre lo ocurrido.
