Detención. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (i) saluda a simpatizantes. (EFE)
La policía brasileña condujo ayer viernes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de su casa a la estación policial para interrogarlo por cerca de cuatro horas en relación con el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, en el que se han visto involucrados algunos de los legisladores y empresarios más poderosos del país.
El popular expresidente, quien gobernó de 2003 a 2010, criticó airadamente la operación policial, la cual calificó como parte de una campaña para manchar su imagen, la de su partido y la de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.
Rousseff, por su parte, expresó su "total inconformidad" con la operación, la cual consideró innecesaria, aunque parecía distanciarse de su predecesor al mencionarlo sólo tangencialmente durante un discurso la tarde del viernes.
"Me sentí como un prisionero esta mañana", dijo Lula, quien ha expresado interés en competir de nuevo por la presidencia. "He pasado por muchas cosas, y no soy alguien que guarde resentimientos, pero no creo que nuestro país pueda seguir así".
La policía se presentó el viernes cerca de las 6 de la mañana en el domicilio de Lula en las afueras de Sao Paulo, y condujo al septuagenario a una estación de la policía federal en el aeropuerto de Congonhas. Lula fue dejado en libertad tras cuatro horas de interrogatorio. La policía también cateó la sede de su Instituto Lula, una organización sin ánimo de lucro, y otras propiedades conectadas a sus familiares. Uno de sus hijos también fue interrogado. Hubo enfrentamientos entre partidarios y detractores de Lula afuera de varios sitios en los que la policía realizó cateos. Tras su liberación, sus simpatizantes lo vitorearon afuera de su apartamento para darle la bienvenida.
El juez Sergio Moro, quien dirige la investigación sobre Petrobras, dijo que permitió que la policía trasladara a Lula por razones de seguridad, debido al temor de que manifestaciones pudieran complicar los planes para interrogarlo. También estipuló que la policía no debía esposar ni filmar al exmandatario.
Funcionarios dijeron que están investigando ingresos por 30 millones de reales (8,12 millones de dólares) en pagos por discursos y donaciones realizados al Instituto Lula por empresas de construcción que son actores clave en el caso de corrupción de Petrobras. También investigan si algunas renovaciones y otras obras efectuadas en una casa de campo y un apartamento frente a la playa utilizados por Silva y su familia fueron favores recibidos a cambio de beneficios políticos.
"Nadie está exento de ser investigado en este país", dijo el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima. "Cualquiera en Brasil está sujeto a investigación cuando existen indicios de un crimen".
Fiscales que investigan el caso dicen que empresarios pagaron más de 2.000 millones de dólares en sobornos para hacerse de contratos que otorgaba Petrobras. Parte del dinero, dicen los investigadores, terminó llegando a los partidos políticos, incluyendo el Partido de los Trabajadores, al cual pertenecen Lula y Rousseff.
Algunas de las personas más adineradas de Brasil, incluidos los directores de las principales compañías de construcción, han sido detenidas como parte de la pesquisa, así como decenas de políticos tanto de la coalición de gobierno como opositores.
El jueves, la Corte Suprema autorizó que se levantaran cargos contra Eduardo Cunha, presidente de la cámara baja del Congreso y líder en los esfuerzos para llevar a juicio político a Rousseff.
En su discurso del viernes, Rousseff habló en favor de Lula, aunque sólo hizo una breve referencia a los eventos del día. Más bien se enfocó en acusaciones separados que se dieron a conocer en la prensa el día anterior, lo que hizo que algunos observadores insinuaran que estaba tratando de distanciarse de Lula.
La reacción del partido gobernante fue mordaz. El presidente del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, emitió un comunicado en video en el que calificó los hechos del viernes como "un espectáculo político" que muestra el "verdadero carácter" de la pesquisa.
"No es para combatir la corrupción, sino simplemente para golpear al Partido de los Trabajadores, al presidente Lula y al gobierno de la presidenta Dilma", dijo Falcao.
Después del interrogatorio, Lula habló ante simpatizantes en las oficinas del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo y calificó las acciones de la policía como un "espectáculo mediático" cuyo fin es perjudicarlo.
Analistas jurídicos dijeron que el hecho de Silva fuera conducido a un interrogatorio indica que cualquier investigación en su contra apenas estaba en sus primeras fases.
"La policía todavía está recabando pruebas. No hay prueba irrefutable porque si lo hubiera, no serían necesarios los cateos", dijo Jair Jaloreto, un experto en lavado de dinero en Sao Paulo.
Obrero de una fábrica metalúrgica, Lula da Silva entró a la política como líder sindical, y fue reconocido como alguien que representaba los intereses del hombre común. Su llegada a la silla más poderosa del país fue aclamada en un país donde la política siempre ha estado en manos de una pequeña élite.
Durante dos períodos consecutivos en el cargo (2003-2010), Lula gobernó en épocas de bonanza económica que sacó a decenas de millones de brasileños de la pobreza y los instaló en la clase media.
Rousseff condena hechos
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó su "absoluta inconformidad" con la intervención de la policía para llevar a declarar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y negó toda acusación de corrupción contra su gobierno.
En una alocución en el presidencial Palacio de Planalto, acompañada por la plana mayor de su gabinete, Rousseff recordó que Lula "ya compareció varias veces" ante la policía cuando fue requerido y dio a entender que era suficiente con notificarle que debía presentarse.
Lula y el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) criticaron la medida del juez Sergio Moro de autorizar la "conducción coercitiva" (una especie de arresto para llevar a declarar) del exmandatario ayer viernes por la mañana. Moro encabeza la investigación sobre supuesta corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Sin embargo, el magistrado argumentó que la medida fue necesaria para evitar movilizaciones populares que podrían desembocar en violencia el día de la eventual citación de Lula para declarar, como ya ocurrió en ocasiones pasadas.
Por otra parte, Rousseff también se defendió de las acusaciones que le atribuyen querer entorpecer el trabajo de las autoridades en la investigación sobre presunta corrupción en la estatal Petrobras.
Asimismo, la mandataria negó cualquier responsabilidad en operaciones de dudosa legalidad por parte de la petrolera estatal, a pesar de que ella dirigió el consejo de administración de la empresa durante parte del período investigado.
