A dos meses de iniciar el procedimiento electoral que renovará los gobiernos estatal y municipales en el Estado de Coahuila, se vislumbra la megadeuda y la inseguridad como los temas centrales del debate político.
Como parte de su estrategia de continuidad, el moreirato pretende soslayar el tema del megarrobo y erigir en tema principal el de la seguridad pública, en base a un discurso que comparten tanto el gobernador Rubén Moreira como su delfín Miguel Riquelme, en el que hacen valer un argumento según el cual, los pocos logros obtenidos en el rubro de seguridad que el gobierno festina como si fueran gran cosa, se perderán en el caso de que el voto del pueblo les sea adverso.
De cara a la alianza de las corporaciones policiacas y la Fiscalía del Estado con el crimen organizado en tiempos de Humberto y las terribles matanzas en Allende y en el penal de Piedras Negras, la mención del retorno de la inseguridad adquiere tintes de amenaza y el discurso de la seguridad como tema de campaña, opera en contra del moreirato.
Por otra parte presencia de la deuda y la corrupción como tópicos primordiales parece inevitable, porque por una parte constituyen un tema cotidiano por virtud de que el pago de la deuda drena las finanzas públicas día con día y vinculada la deuda a la corrupción, ambas son fuente de la falta de inversión en infraestructura, del alto costo de los servicios públicos y del deterioro generalizado de los mismos que socaba la calidad de vida de los coahuilenses.
Por ello no es raro que hasta el diverso aspirante priista a la gubernatura de Coahuila Javier Guerrero, en su primer informe legislativo como diputado rederal rendido el pasado tres de septiembre en el Teatro Nazas de Torreón, haya realizado un ejercicio que quiso ser autocrítico, que exige la aclaración puntual del destino de los recursos obtenidos con motivo de la megadeuda y el castigo a los culpables, en un intento tardío y oportunista de deslindarse del moreirato, del que formó parte como secretario de Fomento Económico a inicios del actual sexenio de Moreira Rubén.
El que la actual deuda pública de Coahuila alcance los cuarenta mil millones de pesos, después de haber pagado en los últimos cinco años la friolera de diecinueve mil millones de intereses, revela y hace patente que la deuda se encuentra fuera de control del gobierno actual, y por ello la posibilidad de pagarla antes del año dos mil cuarenta, es una expectativa que se advierte exageradamente optimista.
Pero el monto de la adeuda y la inviabilidad técnica de su pago no es lo peor del caso. El problema fundamental es que la causa generadora de la deuda que se concreta en la corrupción sistemática y estructural del moreirato permanece hasta hoy día y seguirá en caso de que el mismo grupo faccioso continúe en el poder si los coahuilenses lo permitimos.
El tema de la deuda tiene solución en manos de un nuevo gobierno que rompa con el actual, porque en virtud del carácter fraudulento de la forma en que se contrajo, mediante la utilización de documentos públicos falsificados, estamos frente a un delito permanente, entendiéndose como tal en los términos del artículo 54 del Código Penal de Coahuila, el que se origina en un período de consumación, durante el que la conducta delictiva se prolonga por cierto tiempo.
Lo anterior quiere decir que los delitos cometidos por el moreirato en el entorno de la megadeuda no han prescrito y todo indica que su consumación de efecto sucesivo o continuado, permitirá imputar responsabilidades en el futuro, habiendo voluntad política de por medio.
Otro factor digno de ser considerado, es que en la responsabilidad inicial del endeudamiento y en sus ilícitas reestructuraciones sucesivas están implicados los banqueros y las instituciones bancarias involucradas, por lo que en el plano jurídico y económico siempre existirá la posibilidad de ajustar cuentas y demandar la reparación del daño, por los actos ilícitos a los que se refieren los artículos 1851 y demás relativos del Código Civil de Coahuila.
