Tarea. Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura, dijo que el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a los responsables de los hechos.
La disculpa pública que ofrecieron los responsables de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por la tortura a una mujer en febrero de 2015 por elementos de estas dependencias, es importante, pero no suficiente para hacer frente al flagelo, aseguró el relator especial de Naciones Unidas para la tortura, Juan Méndez.
El funcionario internacional se reunió con senadores de la República para dialogar sobre la iniciativa de ley que existe en la Cámara Alta sobre tortura.
En entrevista, dijo que sobre los casos de tortura, el Estado está obligado a investigar, procesar y castigar a los responsables y ofrecer reparaciones.
"Entre ellas, ofrecer disculpas es un aspecto muy importante, porque implica un reconocimiento de responsabilidades, por eso no se puede decir que sea suficiente, pero tampoco quiere decir que sea irrelevante, al contrario, es un paso importante", señaló Méndez.
La disculpa por parte de autoridades mexicanas, añadió, es un cambio de actitud y resulta positivo el que se tenga detenidos a los involucrados.
"Ojalá que sea un cambio de actitud, es difícil verlo en un solo episodio, pero sí refleja un cambio de actitud, es un gran avance, especialmente porque hasta ahora no se había visto el pedir disculpas y ha habido casos parecidos al video [en donde se ve a elementos militares torturar a una mujer], sí me parece que es un primer paso en un cambio de actitud y es bienvenido", comentó el relator.
Sobre su percepción de la tortura en México, Méndez dijo que sin haber hecho una investigación desde hace dos años, en el país se han producido casos graves, no solamente como el del video, también la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, entre otros.
"Me hace pensar que hay mucho que hacer todavía, pero no puedo dar una definición sin una investigación más seria", indicó Méndez, quien superó su diferendo con México al asegurar que la tortura era generalizada en el país.
PIDE CNDH CASTIGO A RESPONSABLES
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que no basta con la disculpa pública que ofreció el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, en el caso de la mujer que fue torturada en Guerrero por militares y policías federales, por lo que es necesario fincar responsabilidades penales a todos los implicados en este hecho ocurrido en 2015.
En entrevista luego de presentar su Primer Informe de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el titular de la CNDH, Luis Raúl González, explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe avanzar y concluir la integración de la averiguación previa en contra de los servidores públicos involucrados en este acto de tortura, puesto que es insuficiente la sanción que se les pueda imponer en el fuero militar a los elementos castrenses que aparecen en el video grabado el 4 de febrero de 2015.
Agregó que ese organismo solicitó los informes correspondientes a la PGR , a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y a la propia Sedena para conocer los avances de las indagatorias tanto en el fuero militar como en el proceso civil, destacando que la CNDH trabaja para que las autoridades brinden a los afectados una "garantía de no repetición", es decir, que los actos de tortura no se vayan a repetir.
"Es importante reconocer el hecho, que es inédito, de que la máxima autoridad de la Sedena, ante todo el personal, se haya dirigido en esa disculpa. Eso es importante y hay que reconocerlo, es parte de la voluntad manifiesta de querer cambiar las cosas, pero también esto tendrá que ir acompañado del fincamiento de responsabilidades, no solamente en el ámbito militar, sino en el fuero civil", aseveró el ombudsman.
González Pérez agregó que la CNDH logró entrevistarse con la mujer que fue víctima de tortura en febrero de 2015, por lo que está a la espera de los dictámenes médicos y psicológicos realizados a esta persona para continuar con la integración de la queja correspondiente, y destacó que el organismo a su cargo estará atento a la presentación de nuevas denuncias por actos de tortura.
"Cualquier tortura es demasiado, un solo caso es demasiado. Entonces, tenemos que investigarlo, porque una tortura afecta la integridad de las personas. La PGR tendrá que integrar la averiguación. Nosotros hemos solicitado la información tanto a la Sedena como a la PGR para ver cómo va la averiguación, de la cual tenían noticia como esas mismas autoridades han informado, y también a la Comisión Nacional de Seguridad", dijo.
Cuestionado sobre la vigilancia a las corporaciones de seguridad para que no incurran en actos ilícitos, el ombudsman nacional expresó su deseo de que los mensajes enviados por el general secretario Salvador Cienfuegos y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, tengan eco en el interior de ambas corporaciones, con el fin de evitar la tortura y se castigue de forma ejemplar a quienes incurran en este tipo de actos.
Ordenan la captura de torturadores
El juez quinto de Distrito con residencia en Iguala, Guerrero, ordenó la aprehensión de tres policías federales y dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) involucrados en los actos de tortura contra una civil, que ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso y que se difundieron la semana pasada en redes sociales.
Al acreditar el cuerpo del delito, la PGR, por medio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales obtuvo los mandatos judiciales. La dependencia informó que cuatro de las órdenes de aprehensión se cumplimentaron en contra de dos policías federales, un capitán y una soldado policía militar. Mientras que la mujer policía federal que se observa en el video está por concretarse.
Las órdenes de aprehensión libradas en contra de dos elementos de la Policía Federal fueron realizadas el martes, y los inculpados ingresaron al Centro de Reinserción Social de Iguala, Guerrero.
Sobre la orden de captura girada contra los dos miembros del Ejército, se detalló que ésta "será ejecutada en reclusión, ya que actualmente están privados de su libertad en una prisión militar", informó la PGR. Aunque los hechos ocurrieron hace más de un año, el pasado 14 de abril comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se observa a militares y una mujer policía federal interrogando a una civil, identificada con el nombre Elvira Santibáñez Margarito, a quien sometieron a un interrogatorio ilegal para obligar a dar información del crimen organizado en la zona.
La Defensa Nacional informó que el 10 de diciembre de 2015 se enteró del actuar de algunos de sus elementos y notificó de la posible comisión de delitos al agente del Ministerio Público Militar.
