El viernes 3 de junio, en una bien organizada conferencia de prensa, funcionarios de primer nivel del gobierno del estado de Nuevo León, encabezados por el subprocurador anti-corrupción, Ernesto Canales, anunciaron que un juez concedió el embargo precautorio de bienes inmuebles del ex gobernador Rodrigo Medina y 30 personas más, entre las que se encuentran ex secretarios, 2 alcaldes, 2 diputados federales, 2 funcionarios bancarios y varios constructores y desarrolladores.
El sábado al mediodía el asesor jurídico del gobernador, Aldo Fasci, anunció que ya habían concretado el embargo precautorio de 22 bienes inmuebles, todos dentro del estado de Nuevo León, y solicitado el apoyo de los gobiernos de otras entidades para concretar otros más. Igualmente anunció que será hasta la próxima semana cuando el Poder Judicial determinará las fechas para que la Subprocuraduría formule la imputación y solicite la vinculación de los ex funcionarios a los procesos penales.
De acuerdo a las cifras que se manejaron en la primera conferencia de prensa, el monto total involucrado en los desvíos es de 3 mil 600 millones de pesos, donde la mayor cantidad es en relación a los apoyos que el anterior gobierno proporcionó y comprometió a la empresa coreana Kia, sin embargo, precisaron que no es único caso involucrado.
El combate a la corrupción y la promesa castigar al entonces gobernador Rodrigo Medina fue uno de los factores determinantes del triunfo electoral del hoy gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, por ello no es ninguna sorpresa que la evaluación de la ciudadanía del gobierno estatal (que ya había levantado el periódico local El Norte, para difundir a un año de su triunfo), lo reprobara con apenas 5.7 puntos sobre 10.
Una parte importante de la ciudadanía empezaba a dudar de su voluntad de consignarlo ante el Poder Judicial, hoy ya no queda duda que el gobernador y su equipo están dispuestos a hacerlo; pero lo que todavía no es seguro es que logren su objetivo, pues el camino es todavía largo y para ello tienen que tener expedientes muy bien integrados, que permitan al o los jueces decidir continuar la investigación y, eventualmente, dictar medidas cautelares -adicionales a la ya concedida del embargo precautorio- durante el desarrollo de las mismas.
Pero aunque logren esos primeros pasos, el punto central es que la sentencia final sea condenatoria y le permita castigar los delitos con la pérdida de la libertad y al gobierno recuperar, al menos, parte de los recursos desviados vía los embargos definitivos de los bienes hasta hoy asegurados, así como, algunos otros que los ex funcionarios habían presuntamente vendido, cedido en donación a sus familiares o escriturado a nombre de terceras personas.
Al margen de cualquier explicación oficial es un hecho, casi imposible de controvertir, que la fecha del anuncio fue determinada por el momento político. Los tres elementos más obvios son que se está en el período de veda de los procesos electorales para elegir a 12 gobernadores; en víspera de cumplir 8 meses como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; y a 4 días de celebrar el primer aniversario de su triunfo electoral.
Además hay que recordar que tanto los índices delictivos como la percepción de inseguridad volvieron a alcanzar los niveles de 2013 (cuando apenas empezaba la recuperación del peor momento, que se hizo presente en agosto de 2011 con el ataque al Casino Royale) y que la semana pasada hubo otro enfrentamiento entre reos en el Penal del Topo Chico que dejó otros 3 muertos y 19 heridos, de los cuales 3 todavía permanecen internados en Hospital Universitario y reportados como graves.
Hasta aquí simplemente datos, hechos y fechas; pero al agregar un elemento especulativo el momento político del anuncio todavía cobra más sentido: la culminación de estos procesos, de acuerdo a las fechas que estiman especialistas en la materia, sea por la vía de procedimientos abreviados (la aceptación de responsabilidad por parte de los acusados, con una consiguiente reducción de la pena) o el inicio de los juicios orales, sería de aproximadamente un año, muy cerca del momento en el que El Bronco tendría que decidir sí participa en la contienda presidencial del 2018.
Si los juicios terminan favorablemente para el gobierno del estado, seguramente la popularidad del actual gobernador crecerá no únicamente entre la ciudadanía neoleonesa, sino a nivel nacional e internacional, pues la denuncia que se está presentando no tiene precedentes en México y, por lo tanto, sus posibilidades de victoria a nivel nacional crecerán exponencialmente y, por consiguiente, ya no habrá nada que pensar pues tendrá todo a su favor para lograr los apoyos para el registro y la mesa puesta para hacer una campaña triunfadora.
En contrapartida si el resultado es desfavorable y los ex funcionarios logran evadir la acción de la justicia, la posibilidad de contender por la Presidencia de la República se desvanecerá, pues el impacto sobre la opinión pública será devastador. Obviamente, hay muchas posibilidades intermedias, en las que la clave será que los que finalmente resulten castigados sean los "peces gordos", es decir, ex gobernador y algunos de sus secretarios y socios, si al final todo queda en funcionarios de un segundo nivel, el beneficio para el estado y el impacto en la opinión pública no será suficiente.
El momento fue cuidadosamente seleccionado y El Bronco prácticamente apuesta todo su capital político a esta carta.
