Acción. Nuevo León procederá penalmente contra el exgobernador Rodrigo Medina. (ARCHIVO)
Al cumplir ayer ocho meses de que Jaime Rodríguez asumió la gubernatura de Nuevo León y a casi un año de que ganó las elecciones, la Subprocuraduría Anticorrupción anunció que procederá penalmente contra el exgobernador priista Rodrigo Medina y al menos 30 de sus colaboradores, así como contra familiares y socios.
En rueda de prensa encabezada por el subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales, se informó que, como parte de una investigación por posibles actos de corrupción que suman 3 mil 600 millones de pesos, se embargaron precautoriamente bienes a Medina y a diez de sus colaboradores.
Pero el asunto que acaparó la mayor parte de la presentación fue la adquisición y acondicionamiento de terrenos en el municipio de Pesquería, donde se instaló una planta de Kia Motors.
De acuerdo con la autoridad, este caso implicó una compleja red de operaciones ilegales en la que no sólo participaron funcionarios públicos, sino también empresarios inmobiliarios, constructores, empleados bancarios y hasta amigos y familiares.
Las anomalías incluyen al Consejo Estatal de Promoción a la Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico, al Consejo de Administración del Sistema de Caminos y al Comité Técnico de Fidecitrus, pero también al gobernador, que firmó y autorizó operaciones que ahora se consideran ilegales dentro de la investigación "Operación Tornado".
Aldo Fasci, asesor del Ejecutivo, que estuvo con Canales, explicó que todos estos organismos autorizaron indebidamente erogaciones e inversiones por 3 mil 600 millones de pesos para un proyecto de beneficio privado, pese a que la ley lo prohíbe.
Los involucrados habrían cometido peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, equiparable a ejercicio abusivo de funciones y coalición.
Fasci no quiso detallar cuántos inmuebles serían embargados o si había algunos fuera del estado o del país. Tampoco precisó si la medida precautoria incluía cuentas bancarias, valores u otras inversiones, argumentando el sigilo de las investigaciones.
También investiga el desempeño de los actuales alcaldes de Pesquería, Miguel Ángel Lozano, y de Juárez, Heriberto Treviño.
