La ley, nacida para poner fin al capricho, es entre nosotros, otra expresión de la arbitrariedad. Se le invoca constantemente como imperativo universal, como la decisión que se ha vuelto innegociable, pero es aplicada sólo cuando el cálculo político lo justifica. La ley es, con frecuencia, una razón al servicio del poder. Hace mucho que no veíamos con tal claridad que la persecución de los delitos se subordinara tan groseramente a la agenda gubernamental. Todavía dependiente del Ejecutivo, la procuraduría entrega perdones a los amigos y a los aliados del presidente mientras caza a los enemigos que conviene enrejar.
Hoy se procede penalmente contra de los enemigos de la Reforma Educativa. Los dirigentes de la Coordinadora de maestros están tras las rejas. No es improbable que los cargos tengan un fundamento sólido. El sindicato magisterial disidente ha hecho alarde durante años de sus abusos. Un sindicato que se enorgullece de transgredir la ley en nombre de la lucha no ha buscado esconder sus tropelías. A su entender, el combate a la Reforma Educativa lo justifica todo: la intimidación a los maestros que están bajo su dominio, la extorsión a las autoridades, el atropello de los derechos de los demás. Sitiar una ciudad y privarla de alimento o de medicina es una acción válida. Bajo su lógica, la protesta social legitima cualquier delito. Los manejos de la representación sindical serán tan opacos como los de cualquier sindicato. No extraña, pues, que se detecten trampas en el manejo de sus recursos. Lo que llama la atención es que, en el vastísimo mundo sindical, sean en este momento los dirigentes de la Coordinadora los únicos que enfrentan acusaciones formales. No me parece raro que se proceda en contra de ellos, me parece inaceptable que se proceda solamente en contra de ellos.
Si juzgáramos por la intervención de las autoridades encargadas de perseguir el delito, el mundo sindical mexicano es un universo jurídicamente admirable. Un espacio limpísimo de la vida pública mexicana. Un ejemplo de legalidad y transparencia que implícitamente recibe la felicitación cotidiana de las fiscalías del país. Eso hacen las procuradurías (las locales y la nacional) a diario. Con su inacción aplauden a los líderes sindicales del país. La única excepción en este momento son los dirigentes de la CNTE. Contra ellos y sólo contra ellos ha procedido penalmente el Estado. ¿Es razonable pensar que la oposición de esa organización a la Reforma Educativa es irrelevante en las causas penales que enfrentan sus dirigentes? ¿En verdad, debemos creer que en el sindicato oficial de maestros no hay una sola estafa, un solo desfalco que merezca, por lo menos la investigación de la Procuraduría? Hemos de creer que en el sindicato de maestros que apoya a la Reforma Educativa las cosas se manejan con una pulcritud ejemplar.
El gobierno se inauguró, es cierto, encarcelando a la dirigente del sindicato oficial pero, con ella tras las rejas, se dejaron las cosas intactas. La intervención parece, a la distancia, más una purga propia de un régimen autocrático que la acción justiciera de una democracia. Una advertencia a los herederos del poder sindical. El mensaje jurídico del gobierno es insostenible. De acuerdo a esa estrategia que amenaza para forzar disciplina, Elba Esther Gordillo defraudaba al sindicato para enriquecerse, pero el resto de la estructura sindical cumplía puntualmente con sus deberes.
Resulta imposible esconder que el gobierno federal emplea la ley como un instrumento político. De la incompetencia de los gobiernos panistas para perseguir al delito puede decirse mucho, pero no se usó la ley, como vuelve a usarse hoy, para atacar a los enemigos y proteger a los cercanos. Ahí puede sentirse el impulso restaurador. La ley no es la norma que se aplica ciegamente a los aliados y a los adversarios, sino una amenaza que pretende forzar disciplina, un castigo que se aplica con severidad a los contrarios. A través de las acciones de una Procuraduría accesoria, el presidente envía mensajes: encubre, advierte y castiga.
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